Cobro de frecuencias que Gobierno de Chaves impulsó no es común en el mundo: Estos países lo hicieron muy diferente

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Adrián Z. Rivero

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La subasta de frecuencias de radio y televisión con exorbitantes cobros que impulsó el Gobierno de Rodrigo Chaves no es una práctica común a nivel mundial, según concluyó la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) en un informe que explica el proceso que se siguió para fijar los precios.

“Es importante tener en consideración que los concursos del servicio de radiodifusión en los que media una contraprestación económica no son comunes en otros países, lo que dificulta la obtención de referencias directas”, dice el Informe sobre la valoración económica del espectro para servicios de radiodifusión sonora y televisiva, referenciado como 08138-SUTEL-DGM-2025.

Esa afirmación la hizo la superintendencia para explicar por qué solo utilizó como referencia subastas de cuatro países (Estados Unidos, México, Perú y Honduras) para establecer los precios que aplicarían en Costa Rica.

En el documento se explica la metodología seguida y cómo se intentó ajustar los montos a la realidad nacional, no obstante, una vez realizado el concurso, el efecto fue la exclusión de decenas de emisoras y televisoras que no pudieron pagar los costos establecidos.

Según se desprende del informe, la Sutel analizó varios procesos en diferentes países, pero encontró que en la mayoría de ellos la asignación de frecuencias se realizó de una forma distinta a la elegida por el Ejecutivo, tal como en los casos de España, Argentina, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Ecuador y Chile.

En el caso de España, en vez de cobrar por la frecuencia, se priorizaron criterios como cobertura y presentación de contenido nacional; en Argentina se permitió a los operadores proponer los precios a través de ofertas para que el mismo mercado determinara el costo; en Francia no hay costo inicial, sino un canon anual relacionado con la cobertura y potencia de las emisoras o la producción local para las televisoras.

Similar a ese último país ocurre en Reino Unido, Italia y Alemania, donde se cobra un canon anual en función de aspectos como potencia y cobertura de los medios, pero no hay unas subastas iniciales.

En el ámbito latinoamericano, la Sutel analizó el caso de Ecuador donde no se exigió el desembolso de montos iniciales, sino que se priorizaron criterios técnicos, financieros y de contenido; mientras que en Chile los adjudicatorios tampoco pagaron exorbitantes precios, sino que asumieron compromisos de servicio, programación y cobertura.

Menos apoyo público a los medios

Pese a que la superintendencia tenía sobre el escritorio todos esos casos, el resultado de su intervención (mandada por el Ejecutivo) fue una serie de altísimos precios para las frecuencias de radio y televisión que, como se mencionó, dejaron por fuera sobre todo medios pequeños, pero también medianos y grandes.

“En este caso, la lectura que uno podría hacer es que el objetivo del concurso, gestionado a través de una subasta, es meramente recaudatorio”, señaló al respecto Teodoro Willink, exviceministro de Telecomunicaciones e ingeniero en esta misma materia.

La Sutel ha anunciado que lo recaudado iría para el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), no obstante, Willink aclaró que los programas solidarios de este fondo ya están establecidos y ninguno tiene que ver con los medios de comunicación: “Es clara la intención del Gobierno en reducir el apoyo para los medios que se basan en difusión a través del espectro (radio y televisión), a los culturales, pero también a los comerciales”, anotó.

El exviceministro indicó que lo sucedido genera una “exclusión en dos vías”, primero, para los medios que por su dinámica financiera no pueden generar recursos para ofertar y, en segundo lugar, dentro de los medios que sí producen recursos, al dejar en desventaja a los que generan menos contra los que generan más.

“Esto es delicado porque, a fin de cuentas, existe un alto riesgo de que el resultado de esta subasta sea una mayor concentración de frecuencias y de espectro y, por lo tanto, de audiencia por parte de los medios con mayor poder adquisitivo y esto es claro que afecta la libertad de expresión”, comentó el especialista.

El ingeniero lamentó que con la subasta se haya perdido una “oportunidad valiosísima, histórica y trascendental de ampliar las posibilidades de libertad de expresión”, al redistribuir las frecuencias de modo que pudieran acceder a ellas pequeñas comunidades, espacios alternativos y también los convencionales, pero siempre manteniendo esta diversidad.

En este momento, la subasta está suspendida por orden de la Sala Constitucional, luego de haber recibido un recurso de amparo en contra de este proceso licitatorio por los posibles efectos que tendría sobre diferentes derechos fundamentales, como la libertad de expresión.

El pasado lunes, se conoció que la Sutel recibió apenas unas 25 ofertas para frecuencias, de las cuales solo cuatro fueron para pujar por televisión. Al mismo tiempo, diversas publicaciones, entre ellas las de UNIVERSIDAD, reportaron entre 60 y 100 medios que no pudieron participar en el concurso.


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