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Ana Lucía Freire
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El panorama político de Ecuador vivió una noche de tensión este viernes 20 de marzo de 2026. El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no alcanzó los votos necesarios para iniciar el proceso de extinción de dos de las organizaciones políticas más críticas del actual Gobierno: el partido Unidad Popular (Lista 2) y el movimiento Construye (Lista 25).
La resolución, que requería una mayoría que no se consolidó debido a la ausencia de tres consejeros y la abstención de la vocal Elena Nájera, deja a ambas agrupaciones dentro del registro electoral, de cara a los comicios de 2027.
Previo a la sesión, la Directiva Nacional de Unidad Popular emitió un comunicado en el que acusó directamente al presidente Daniel Noboa de intentar “ilegalizar” al partido para eliminar adversarios de la papeleta.
La organización denunció que el CNE pretendía desconocer 175 000 afiliaciones de su registro mediante un “informe fraudulento”. “Hacemos un llamado a los integrantes del CNE a no ceder a las presiones y chantajes del gobierno de Daniel Noboa”, sentenciaron, ratificando su compromiso en defensa de los derechos populares.
Durante la sesión virtual, el informe técnico jurídico recomendaba la cancelación de Unidad Popular (UP) y Construye por supuestamente haber disminuido su número de afiliados a menos del 50% del umbral legal. Sin embargo, el debate subió de tono con la intervención de la consejera Elena Nájera:
Mientras Unidad Popular y Construye salvaron su personería jurídica, el CNE fue implacable con otras 15 organizaciones (incluyendo Somos Agua y movimientos locales en El Oro y Esmeraldas), cuya inscripción fue negada por incumplir requisitos.
Además, el vocal José Merino informó que ocho agrupaciones, entre ellas Centro Democrático, Unidad Popular, Sociedad Patriótica y RETO, tienen un plazo de 15 días para justificar el monto y origen de sus recursos privados de los años 2021 a 2023, bajo la advertencia de incumplir el Código de la Democracia.
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La resolución, que requería una mayoría que no se consolidó debido a la ausencia de tres consejeros y la abstención de la vocal Elena Nájera, deja a ambas agrupaciones dentro del registro electoral, de cara a los comicios de 2027.
La postura de Unidad Popular: ‘Unidad frente al autoritarismo’
Previo a la sesión, la Directiva Nacional de Unidad Popular emitió un comunicado en el que acusó directamente al presidente Daniel Noboa de intentar “ilegalizar” al partido para eliminar adversarios de la papeleta.
La organización denunció que el CNE pretendía desconocer 175 000 afiliaciones de su registro mediante un “informe fraudulento”. “Hacemos un llamado a los integrantes del CNE a no ceder a las presiones y chantajes del gobierno de Daniel Noboa”, sentenciaron, ratificando su compromiso en defensa de los derechos populares.
Una sesión marcada por ‘sospechas’ y apuros
Durante la sesión virtual, el informe técnico jurídico recomendaba la cancelación de Unidad Popular (UP) y Construye por supuestamente haber disminuido su número de afiliados a menos del 50% del umbral legal. Sin embargo, el debate subió de tono con la intervención de la consejera Elena Nájera:
- Falta de documentación: Nájera denunció que los informes sobre Unidad Popular y Construye llegaron apenas horas antes de la sesión, limitando su capacidad de análisis.
- Duda razonable: “Hay un apuro que me da sospecha“, afirmó la consejera, señalando deficiencias en las notificaciones y una “urgencia injustificada” que menoscaba el respeto institucional.
- Resultado: Con los votos a favor de la presidenta Diana Atamaint y el consejero José Merino, pero con la abstención de Nájera, no se adoptó la resolución de cancelación.
Otras decisiones del CNE: 15 grupos fuera y plazos por fiscalización
Mientras Unidad Popular y Construye salvaron su personería jurídica, el CNE fue implacable con otras 15 organizaciones (incluyendo Somos Agua y movimientos locales en El Oro y Esmeraldas), cuya inscripción fue negada por incumplir requisitos.
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Además, el vocal José Merino informó que ocho agrupaciones, entre ellas Centro Democrático, Unidad Popular, Sociedad Patriótica y RETO, tienen un plazo de 15 días para justificar el monto y origen de sus recursos privados de los años 2021 a 2023, bajo la advertencia de incumplir el Código de la Democracia.
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