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Fabiola Pomareda García
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La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), en conjunto con la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), presentaron esta semana el “Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2026–2030”.
Durante la presentación, realizada el pasado miércoles, Carlos Picado Rojas, de la Unidad de Desarrollo Estratégico de la CNE, señaló que las pérdidas económicas por desastres naturales y eventos climáticos muestran una tendencia creciente, al tiempo que advirtió sobre la dependencia del financiamiento externo que tiene el país.
Picado indicó que ha habido un avance significativo en cuanto a la inversión financiera sostenible, ya que se cuenta con una estrategia nacional y una serie de elementos de marco normativo que favorecen la inversión y la decisión en materia de inversiones en infraestructura resiliente.
Sin embargo, con respecto a las “brechas”, que se enfrentan, Picado declaró que “las pérdidas económicas siguen en aumento” y dijo que basta con ver los datos sobre eventos de desastre.
Picado resaltó también como una brecha “la dependencia estructural que tenemos hoy en día de financiamiento externo”. Explicó que es una observación que han hecho, ya que en el pasado se dependía del presupuesto nacional.
“Básicamente (el Estado) cogíamos la plata del presupuesto nacional y la pasábamos al Fondo de Emergencias para que la Comisión de Emergencias pudiera ejecutar. Hoy en día ya ni siquiera tenemos la capacidad de poder tomar recursos del presupuesto y entonces estamos recurriendo a deuda; hay que empezar a ver cómo hacer estos asuntos de forma diferente”, planteó Picado.
Asimismo, ratificó la existencia de “limitaciones en oportunidad y flexibilidad financiera, básicamente por principios de Regla Fiscal, que hacen complejo ser flexibles alrededor de la disposición de recursos”.
Actualmente, el país tiene tres créditos para estos fines. Uno del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $700 millones, que es el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri) para la ejecución de 502 obras de infraestructura de reconstrucción por emergencia y por condición de peligro inminente.
El segundo es del Banco Mundial por $160 millones, que es el de Políticas de Desarrollo destinado a la Gestión del Riesgo de Desastres, con Opción de Giro Diferido (Cat DDO), que “proporciona liquidez inmediata a los países por emergencias provocadas por desastres naturales o eventos de salud pública».
Y el tercero también es del Banco Mundial por $350 millones, más una donación de $20 millones, que es el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliencia al Clima, que aún está en trámite ante la Asamblea Legislativa. Consiste en 66 proyectos en todo el país -58 vinculados a declaratorias de emergencia y ocho para fortalecimiento de capacidades de respuesta a emergencias en el territorio-.
Impacto de reformas aprobadas
El principal mecanismo de financiamiento para la atención de emergencias en el país es el Fondo Nacional de Emergencias (FNE), que se alimenta de transferencias del Presupuesto Nacional y de donaciones. Adicionalmente, la Ley 8488 faculta a la CNE a recibir en el FNE el 3% del superávit libre y ganancias de instituciones del Estado, con lo cual la CNE financia su presupuesto ordinario, programas de prevención y preparativos de respuesta.
Sin embargo, de acuerdo con el “Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2026–2030”, varias cosas han cambiado.
Con la aprobación de la Ley para Fortalecimiento de las finanzas públicas (9635) se redujo significativamente el superávit reportado por las instituciones y con ello los ingresos al Fondo, apuntó la CNE.
Antes de la aprobación de la Ley de Manejo eficiente de la liquidez del sector público (10.495), la CNE podía realizar inversiones que generaban rendimientos y se constituían en reservas del FNE con los cuales atender las emergencias. Pero desde que entró en vigor dicha ley en 2024, los recursos del FNE pasaron a ser administrados por el Ministerio de Hacienda, por medio del Caja Única y los posibles rendimientos producto de las inversiones transitorias pasaron a formar parte de ingreso de Hacienda.
“Estas circunstancias han reducido la capacidad financiera de la CNE; hoy en día la asignación de recursos para la atención de emergencias, a diferencia del pasado, se rige principalmente por criterios de política fiscal, la CNE es dependiente casi en su totalidad de las transferencias del Ministerio de Hacienda y el uso de los recursos del Fondo tiende a regirse por normas de control presupuestario que a futuro pueden restar agilidad al accionar de la institución”, resaltó la CNE.
“Como parte de los resultados de la consulta para la elaboración de este plan se expresa la pertinencia de un examen exhaustivo de la disponibilidad financiera de la CNE, con la finalidad de lograr ajustes normativos, de estructura y operación que garanticen solvencia, agilidad y oportunidad en el acceso a los recursos para emergencias”, sostuvo la Comisión.
“Las limitaciones fiscales para la asignación de recursos soberanos para atender los desastres, es uno de los aspectos contemplados en la “Estrategia Nacional de Gestión Financiera del Riesgo de Desastre, con lo cual se ha venido posicionando la necesidad de diversificar los instrumentos de protección y disponibilidad de recursos. En la actualidad la fuente principal de financiamiento a la reconstrucción por desastres son los créditos con organismos financieros internacionales; pero conforme avance la implementación de esa Estrategia se espera diversificar la naturaleza de instrumentos, así como desarrollar los ajustes normativos que garanticen la sostenibilidad del FNE”, enfatizó la CNE.
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