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Daniela Muñoz Solano
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Distintos ciudadanos, activistas y organizaciones han interpuesto al menos una docena de recursos de amparo en contra de la negativa de la Asamblea Legislativa a nombrar magistrados suplentes en la Sala Constitucional.
El departamento de prensa del mencionado tribunal informó el jueves 18 de junio que habían 11 recursos en trámite y este viernes se presentó al menos uno más, con más de 1800 personas firmantes.
El primer recurso se presentó desde el 6 de enero de este año y recurre al poder legislativo por no haber completado el nombramiento correspondiente.
Las personas que han interpuesto los recursos alegan que el atraso en el nombramiento de magistrado suplentes es un obstáculo al acceso a la justicia al tiempo que plantean múltiples solicitudes. Las peticiones van desde que se presente una nueva lista o se le ponga plazo a la elección hasta que se ordene a la Asamblea Legislativa sesionar de forma exclusiva sobre el tema hasta que logre nombrar magistrados.
De hecho casi todos los recursos son contra el accionar de la Asamblea Legislativa y solo uno recurre al Poder Judicial por retardar la administración de justicia, y exige proceder, según la doctrina de la necesidad, a integrar y resolver los asuntos en que no hay magistrados suplentes.
Es pertinente recordar que en setiembre de 2025, luego de un largo proceso de selección, la Sala Constitucional remitió a la Corte Plena una lista de 18 candidaturas para llenar nueve plazas de magistratura suplente en el tribunal más importante del país.
El órgano validó la nómina y remitió la propuesta la Asamblea Legislativa, pero desde entonces y hasta el final de legislatura pasada (en abril de este año) la fracción oficialista bloqueó la posibilidad de que se eligiera una sola magistratura, pues previeron que tendrían mayoría en este periodo y que podrían hacerse con la decisión.
Ya en mayo comenzó a darse el debate sobre el nombramiento de los nuevos magistrados y magistradas, pero nuevamente el oficialismo se rehusó a elegir, emitiendo en cada ocasión tres decenas de votos en blanco, y por eso, tras 11 votaciones, no se había electo a una sola persona como magistrada suplente.
El 11 de julio se aprobó por parte del oficialismo una moción para devolver a la corte la nómina, a pesar de que ya había sido advertido por los magistrados que reiniciar el proceso causaría un atraso de al menos nueve meses. Además, se había dado a conocer que existen más de 35 expedientes en espera de resolución que no pueden ser atendidos pues uno o más magistrados tienen inhibitoria sobre las materias que abordan.
El pasado 15 de junio, en vista de que no había justificación alguna para reiniciar el proceso de selección, la Corte Plena decidió no hacer ningún cambio en la nómina y devolverla a la Asamblea Legislativa para que retome el procedimiento de designación de magistraturas.
Sorprendentemente, el jefe de la bancada oficialista Nogui Acosta anunció que “ahora sí” los diputados chavistas considerarían la lista.
Yolanda Bertozzi, una de cuatro profesionales en derecho que firmaron uno de los recursos, comentó a este medio de la interposición del escrito y especificó que el mismo recurre específicamente a la fracción del partido oficialista Pueblo Soberano.
Este amparo solicita que la Sala IV le ordene a la Asamblea Legislativa mantener en agenda legislativa, con prioridad, el nombramiento de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional; abstenerse de adoptar conductas dilatorias que impidan la discusión y votación efectiva de dichos nombramientos; y realizar sesiones o votaciones sucesivas, dentro del marco constitucional y reglamentario, hasta cumplir el deber de nombramiento y que si no lo hace, deba registrar y hacer públicas las razones institucionales que expliquen “cualquier rechazo, postergación o imposibilidad de nombramiento, de forma compatible con la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano”.
El último recurso de amparo que se presentó a la Sala fue uno colectivo, que recogió las firmas de 1845 costarricenses y pretende “que se cumpla un deber establecido por la Constitución Política y que se garantice que la Sala Constitucional continúe siendo un instrumento efectivo para proteger los derechos de todas las personas”, según escribió una de las firmantes, Vera Sancho, en un artículo de opinión remitido a Universidad.
El recurso lo entregaron en las oficinas de la sala representantes del movimiento Mujeres por Costa Rica, la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres y una más del grupo La Caja es Nuestra.
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