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Javier Córdoba
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Hace unos días logramos una pequeña victoria contra la burocracia estatal. El cobro por la inscripción del correo electrónico de las sociedades en el Registro Nacional era arbitrario, desproporcionado y profundamente cuestionable desde sus propios fundamentos legales. En Primera Línea documentamos el problema, desarrollamos los argumentos y llevamos la discusión hasta donde era necesario. El resultado fue claro: logramos que eliminaran el cobro.
Lo interesante vino después.
Junto con muchos mensajes de agradecimiento, apoyo y satisfacción por haber frenado un abuso, aparecieron también las críticas previsibles de quienes tenían intereses económicos vinculados al trámite. Pero hubo un grupo de comentarios particularmente llamativo: personas que, con evidente orgullo, reclamaban haber pagado “a tiempo” y argumentaban que eliminar el cobro terminaba castigando precisamente a quienes habían sido responsables, mientras premiaba a quienes dejaron todo para última hora.
Ese tipo de reacción revela un problema mucho más profundo que el simple debate sobre un trámite específico. Hay que decirlo con absoluta claridad: pagar una obligación injusta no es una virtud cívica. Cumplir automáticamente con una imposición arbitraria no convierte a nadie en un ciudadano ejemplar. Muchas veces, lo único que demuestra es que hemos normalizado un nivel de resignación preocupante frente al poder del Estado.
En Costa Rica hemos desarrollado una costumbre peligrosa. Nos imponen nuevas cargas, aceptamos sin cuestionar, cumplimos disciplinadamente, nos quejamos en privado y después asumimos que eso nos convierte en buenos ciudadanos. Pero esa actitud no corrige nada. Más bien produce exactamente el efecto contrario: fortalece los incentivos para que las instituciones sigan actuando de la misma manera.
Cada vez que una persona acepta pagar un cobro indebido, realizar un trámite absurdo o asumir una obligación arbitraria sin cuestionarla, lo que está haciendo, en la práctica, es enviar un mensaje muy claro: el Estado puede seguir inventándose nuevas cargas porque la resistencia será mínima. Y el Estado, como cualquier estructura de poder, aprende rápido.
Así es como se consolidaron, y se consolidan aún, muchos abusos institucionales. No mediante grandes escándalos o actos dramáticos, sino a través de pequeñas imposiciones administrativas que la ciudadanía absorbe en silencio bajo frases como: “así son las cosas”, “mejor no complicarse” o “ya qué se va a hacer”.
Cuando cuestionar sí cambia las cosas
La historia reciente demuestra que cuando alguien decide cuestionar a tiempo, las cosas pueden cambiar.
El proyecto de hidrógeno verde, por ejemplo, pretendía comprometer recursos públicos en una apuesta tecnológica sin suficiente respaldo técnico ni fiscal. Hubo oposición, se levantaron cuestionamientos y el proyecto terminó frenándose.
Algo similar ocurrió con la versión original del proyecto de extinción de dominio, que contenía vacíos importantes capaces de abrir la puerta a arbitrariedades incompatibles con principios básicos del debido proceso. Cuando hubo resistencia, la discusión cambió.
El problema real más bien aparece cuando esa resistencia no llega.
Lo que pasa cuando nadie dice nada
A lo largo de los años hemos visto decisiones arbitrarias que terminaron consolidándose precisamente porque nadie levantó suficiente oposición en el momento oportuno.
Un ejemplo claro fue el marchamo, cuyo cobro se incorporó de forma cuestionable dentro de un tratado relacionado con el sector textil. El gobierno necesitaba recursos, no se cuestionó el mecanismo utilizado y terminamos aceptando un impuesto desproporcionado que hoy muchos asumen simplemente como parte inevitable de la realidad nacional.
Algo parecido sucedió con la Ley 7786. La ley establecía claramente que debían inscribirse ante la SUGEF quienes se dedicaran a comprar y vender propiedades. Sin embargo, en una interpretación completamente arbitraria, decidieron incluir también a corredores de bienes raíces, pese a que la propia norma es clara en que una cosa es participar directamente en la transacción, o manejar fondos, y otra limitarse simplemente a promocionar inmuebles. La medida avanzó, hubo poca resistencia y quedó consolidada.
El llamado impuesto al sol representa otro ejemplo particularmente absurdo. Cuando se aprobó la Ley 10086 se eliminó un decreto que permitía el neteo para quienes utilizaban paneles solares. En su lugar se introdujo una tarifa por acceso que, en términos prácticos, permite cobrarle a una persona por utilizar energía que ella misma produce a partir de una inversión que salió enteramente de su propio bolsillo. Y aquí seguimos años después sin corregir el problema, permitiendo que operadores eléctricos continúen castigando a quienes intentan producir energía limpia, simplemente porque abrir la competencia implicaría obligarlos a volverse eficientes.
Ese es precisamente el verdadero peligro. Cada vez que una imposición arbitraria supera el filtro de la resignación ciudadana, se convierte en precedente. Y cuando los precedentes comienzan a acumularse, las instituciones entienden que siempre existe espacio para avanzar un poco más.
Lo que viene
Ya empiezan a resurgir propuestas para imponer nuevas cargas fiscales destinadas a sostener exactamente el mismo aparato estatal de siempre: sin reformas, sin reducción de privilegios, sin eliminar duplicidades y sin exigir eficiencia. Por otra parte nos dicen que nos van a cobrar más para terminar recibiendo menos pensión, porque lo importante es fortalecer la institución. La receta vuelve a ser trasladar el costo a quienes producen, invierten y generan valor. Mientras tanto, en paralelo, reaparecen viejas amenazas como levantar el secreto bancario o insistir, una vez más, con figuras como la extinción de dominio.
La pregunta entonces es inevitable. ¿Vamos a seguir esperando a que aparezca la próxima carga, el próximo trámite absurdo o el próximo abuso regulatorio para simplemente obedecer y después presentarnos orgullosamente como ciudadanos “responsables” por haber cumplido? ¿O vamos a entender que si queremos un mejor país tenemos que involucrarnos y cuestionar?
Protestar también es ejercer ciudadanía
Durante años nos hicieron creer que protestar es ser conflictivo. No lo es. Es una forma de recordarle al Estado que sus poderes tienen límites. Es exigir que las cargas que impone tengan justificación técnica, legal y moral. Es entender que no toda ley merece obediencia automática y que ningún burócrata debería tener la capacidad de inventar nuevos trámites simplemente porque sabe que nadie va a cuestionarlo.
En Primera Línea existimos precisamente para eso: documentar, argumentar y hacer ruido cuando sea necesario. Pero ninguna organización puede hacerlo sola. Se necesitan ciudadanos que entiendan algo fundamental: callar también tiene consecuencias. Y esas consecuencias terminamos pagándolas todos.
Cumplir a tiempo es una obligación cuando la obligación es legítima. Pero cuestionar no es opcional cuando lo que tenemos enfrente es una arbitrariedad.
La próxima vez que el Estado invente un nuevo cobro, un trámite innecesario, una restricción absurda o una carga adicional, no la aceptemos primero para protestar después. Aprendamos a cuestionar primero, siempre.
La entrada Ciudadano obediente: aliado de la burocracia aparece primero en Semanario Universidad.
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