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Álvaro Murillo
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El Gobierno presentó este jueves en la Asamblea Legislativa los tres primeros proyectos de reforma de ley de una serie de medidas fiscales que estima necesarias para evitar un mayor deterioro de los ingresos tributarios del país y un aumento de la deuda, centrándose en reducir el contrabando. Para esto plantean cambios en el impuesto a cigarrillos, sancionar el uso de facturas falsas y ajustar el esquema de los cobros judiciales en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
El viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, Víctor Julio Carvajal, se presentó personalmente para materializar una parte de lo anunciado por su jefe, el ministro Rodrigo Chaves, en la conferencia de prensa de este miércoles, en la que señaló indispensable hacer cambios fiscales a pesar de que defiende que la economía está sólida.
Rodrigo Chaves dijo el miércoles que el Poder Ejecutivo presentará una batería de proyectos a lo largo de los próximos siete meses, en paralelo a medidas administrativas con un discurso de austeridad centrado en la frase “socarse la faja”, supuestamente para todos las instituciones y no sólo para las que escapan al control del Gobierno.
Estos tres primeros expedientes van en la línea de combate al contrabando que, además, recoge el apoyo de distintas organizaciones de empresarios, como se vio el miércoles.
Uno de los flancos es el de los cigarrillos. Aquí la propuesta trata de eliminar la base mínima impositiva para que el tributo del total de estos productos no se rija por el precio de la marca más vendida. El efecto sería abaratar el costo para los consumidores de cigarrillos legales y así reducir la ventaja de los contrabandistas, según las autoridades. Además, el Ejecutivo podría fijar el tope del impuesto mediante decreto.
Otro proyecto intenta facultar a funcionarios de Hacienda para hacer anotaciones registrales en casos de deudas tributarias y aduaneras que ya hayan superado las usuales apelaciones. Esto evitaría que los notificadores del Poder Judicial deban tardar meses hasta encontrar a la persona demandada por Hacienda.
Esto actualmente incide en que, según dijo Carvajal a la prensa, haya 400.000 millones de colones pendientes de recuperar, correspondientes a 1.450.000 casos que duran en promedio tres año y medio. “En nuestro país, lamentablemente, producto no solo de un incremento en la cantidad de procesos judiciales interpuestos por los ciudadanos cada año, sino, además, de una erosión en la capacidad instalada del Poder Judicial para atender tal demanda”, dice el texto sobre un factor que explica la carga de trabajo del Poder Judicial.
Este proyecto incluye también una modificación relevante, pues permitiría a la Administración ejecutar embargos sobre dinero o propiedades de contribuyentes morosos, sin que sea necesaria una orden judicial.
El expediente sobre facturas electrónicas, por aparte, intenta determinar si estos documentos se corresponden con una transacción económica, lo cual sería lógico en los negocios reales pero no ocurre cuando se trata de facturas falsas emitidas para pagar un menor impuesto al valor agregado (IVA).
La idea sería prohibir a la empresa facturar por hasta cinco años si se determina que han fingido algún negocio mediante el uso de una factura falsa. “Este tipo de esquema puede estructurarse mediante redes de contribuyentes que intercambian facturas falsas, permitiendo la deducción de gastos inexistentes o la generación de créditos fiscales improcedentes”, dice el proyecto de ley.
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