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Mario Bermúdez Vives
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El final de la administración de Rodrigo Chaves y el inicio de la gestión de Laura Fernández dio paso a una nueva ofensiva del chavismo contra las instituciones y jerarcas que lo incomodan, al pasar de los ataques verbales a una nueva incursión, recurriendo a denuncias en tribunales.
Se trata de un recurso en principio contradictorio para el chavismo, que ha anclado parte de su discurso en un fuerte cuestionamiento de los resultados del Poder Judicial, pero que ahora cuenta con expedientes abiertos en cuatro de los principales focos de sus críticas: el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Incluso la presidenta Laura Fernández se convirtió en la madrina de una de estas demandas, la que fue presentada por Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, contra los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que firmaron la sentencia de mayoría para desmantelar el bloqueo de la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) contra la elección de magistrados suplentes de la propia Sala IV.
Es la culminación de acciones que se iniciaron apenas hacia el final de la anterior administración, cuando la bancada oficialista anunció acciones contra el vocero del TSE, Gustavo Román. Posteriormente, el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, anunció una denuncia contra el fiscal Carlo Díaz y la diputada del PPSO Marta Esquivel presentó otra contra la contralora Marta Acosta. Esto además de acciones del ministro de Seguridad, Gerald Campos, contra Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera que cuestionó el discurso del Gobierno contra los recortes al Poder Judicial (ver recuadros).
El entonces presidente Rodrigo Chaves solicitó una reunión para aclarar conceptos de la Contraloría, que se transmitió en vivo, en febrero del 2024. Posteriormente, solicitó una actividad similar en junio, para debatir la ley Jaguar, pero la contralora Marta Acosta se opuso por considerar que el proceso debía canalizarse por los cauces institucionales. (Foto: Casa Presidencial)
Ofensiva se intensifica
Las batallas en juzgados son un escenario que no se presentó durante la mayoría de la gestión de Chaves, quien recurrió al enfrentamiento verbal con funcionarios y entidades que objetaron o cuestionaron sus proyectos. Pasó de descalificar al Poder Judicial como “Poder Perjudicial”, o al TSE como “Tiburonal Supremo”, luego de que se le prohibiera al Gobierno utilizar la figura del jaguar, que había sido inscrita por un partido para el proceso electoral, calificar una carta de la contralora Marta Acosta como “guion de Cantinflas” y denominar como “princeso con corona” al fiscal Carlo Díaz.
Esos ataques se profundizaron cuando Chaves participó en la marcha del 18 de marzo del 2025 para exigir la renuncia del fiscal, y en abril de ese año, declaró que las causas penales en su contra no tenían “pies ni cabeza” y que era víctima de una persecución, “un intento de golpe de Estado judicial”. Posteriormente, volvería a utilizar la carta de “golpe de Estado” cuando el TSE lo investigaba por beligerancia política, y su sucesora, la presidenta Laura Fernández, la refrendó luego de la sentencia de la Sala Constitucional contra la reiterada devolución de la nómina de magistrados suplentes de la Sala IV a la Corte.
La fase de las renuncias se profundizó el 2 de febrero, cuando, apenas unas horas después de ganar la Presidencia, Fernández indicaba que Acosta debería renunciar a su cargo. Y en abril, la presidenta también solicitó la renuncia a Orlando Aguirre, presidente de la Corte.
A esto se debe agregar el frente legislativo, fruto de la mayoría del oficialista PPSO que hizo que la Asamblea pasara de ser nido de “ratas”, a un aliado de Zapote para presentar proyectos de ley en los que se pretende recortar los nombramientos de magistrados del Poder Judicial, el TSE y la Contraloría, además de reubicar a la Fiscalía fuera del Poder Judicial. Sin embargo, se trata de iniciativas que requerirán de 38 votos.
Y como para no dejar pasar facturas, la diputada Marta Esquivel anunció este martes 1 de setiembre que presentó una denuncia penal contra Rodrigo Arias, expresidente de la Asamblea Legislativa, por haber realizado 119 nombramientos irregulares en el período anterior. “Realmente sin mucha expectativa de una Fiscalía… pero esto queda para la historia”, declaró la diputada, lo que ilustra que parte del objetivo, antes que la misma sentencia, es precisamente reforzar el discurso del chavismo.
Ahora, la ofensiva en tribunales lleva el choque a nuevos niveles, pero su situación actual es incierta: en el Poder Judicial no se tenía información sobre denuncias penales presentadas ante jerarcas. De una forma semejante se indicó en la Contraloría: “Las denuncias penales son personales y no proceden en contra de la institución, aparte que el denunciado no es notificado al momento de la presentación”, para indicar que, según los archivos de la División Jurídica, no identificaban causas ni expedientes interpuestos por jerarcas del Gobierno contra funcionarios o jerarcas de la entidad.
Caso contrario se presentó en el TSE, donde Andrei Cambronero, jefe del despacho de la Presidencia del TSE, confirmó que se tramita una gestión contra Román. “La Inspección Electoral realizará una investigación preliminar para determinar el mérito de iniciar un procedimiento sancionatorio formal”. Sin embargo, Cambronero especificó que la sanción solo procede si se determina que la persona denunciada es responsable de la falta.
Expediente contra Poder Judicial
Antecedentes: el presidente Chaves realizó una “visita de cortesía” a la Corte el 20 de junio del 2022 en la que deslizó las primeras críticas contra el uso de los recursos públicos en el Poder Judicial, y pidió promover reformas para castigar a los “canallas” que utilizan los procesos judiciales como “herramientas de politiquería” y evitar que los grupos malintencionados los utilicen para “disparar balas de odio”. Eso era antes de convertirse en el presidente en el ejercicio con más denuncias penales en su contra, con más de 120, de las cuales, todavía seguían activas 42 en un corte del pasado mes de junio.
Pulso inicial: el presidente Chaves convirtió la cruzada contra el Poder Judicial en prioridad durante su gestión, con recortes a su presupuesto en medio de la mayor crisis de violencia en la historia del país: mientras la tasa de homicidios creció de un 12% a un 17%, el presupuesto del Poder Judicial descendió de representar un 5% del presupuesto total (niveles de 2014 a 2018), para caer a niveles de 4% o menos (3,9% en 2024).
Demanda: la presidenta de la Asamblea Legislativa Yara Jiménez y la fracción oficialista de PPSO presentaron el 3 de agosto una denuncia por posible prevaricato contra los cuatro magistrados de la Sala Constitucional Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, por la resolución de devolver a la Asamblea Legislativa la nómina de magistrados suplentes para la Sala IV y prorrogar los nombramientos vencidos, ante el bloqueo de los nombramientos impulsado por la bancada oficialista. La presidenta Laura Fernández asistió, luego de calificar a los magistrados de “usurpadores” y haber calificado la sentencia como un “golpe de Estado”.
Anteriormente, la magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala Tercera, también enfrentó denuncias, acusada el 9 de julio de beligerancia por Esteban Aguilar, hermano del ministro de Justicia Gabriel Aguilar, y el 1 de junio por el ministro de Seguridad Gerald Campos, quien la acusó de haberse referido a una causa penal que afronta. La Corte archivó la denuncia de Campos el 1 de julio, tras concluir que Solano no incumplió su deber de confidencialidad.
Expediente contra Fiscalía
Antecedentes: el presidente Chaves presionó a la Corte en su visita de cortesía para elegir un nuevo fiscal en su visita de cortesía del 20 de junio del 2022, tras un mes sin que se designara al sucesor de Emilia Navas. Luego de que se designó a Carlo Díaz el 31 de octubre del 2022, se reunió con él y tres meses después lo elogiaba: “tiene el corazón en el lugar correcto”. Pero los allanamientos por los casos del financiamiento electoral, el Parque Viva y el caso Barrenador, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (que incluyó la detención de su presidenta ejecutiva de entonces, Marta Esquivel) cambiaron el ambiente.
Pulso inicial: la Fiscalía presentó la primera solicitud para el levantamiento de la inmunidad del presidente Chaves ante la Asamblea Legislativa, por un delito de concusión en el caso del BCIE-“cariñitos”, que la Corte acordó remitir a la Asamblea Legislativa el 28 de julio del 2025. Una mayoría de diputados avaló la solicitud para levantar la inmunidad el 22 de setiembre, 34 contra 21, pero no se alcanzó la mayoría requerida de 38 votos. Meses antes, el 18 de marzo del 2025, el presidente Chaves encabezó, con su gabinete, una marcha a la Plaza de la Justicia para exigir la renuncia de Díaz.
Demanda: el ministro de Justicia Gabriel Aguilar anunció el 17 de junio del 2026 que había presentado una denuncia penal por incumplimiento de deberes contra Carlo Díaz y otros 33 fiscales, por presuntas omisiones en la persecución de actividades criminales que, según la denuncia, continúan siendo dirigidas desde las cárceles. A ella se sumaría una denuncia que el hermano del ministro, Esteban Aguilar, presentó el 9 de julio contra Díaz y la magistrada Patricia Solano por presunta beligerancia, por emitir declaraciones contra el Gobierno.
Expediente contra Contraloría
Antecedentes: la Contraloría advirtió al Gobierno en setiembre de 2023 que sus proyectos para Ciudad Gobierno y la Marina de Limón no cumplían los requisitos de legalidad. El presidente Chaves solicitó una reunión para pedir explicaciones, que se transmitió en vivo y se realizó en la Contraloría el 1 de febrero del 2024.
Pulso inicial: el presidente Chaves impulsó el proyecto Jaguar (primero el expediente 24.364 y luego el 24.467) para reducir las potestades de fiscalización de la Contraloría, que fueron archivados por inconstitucionales, en consultas ante la Sala IV. Previamente, el presidente Chaves había insistido en un debate televisado entre la contralora Acosta y su ministra de la Presidencia, Laura Fernández, sobre esta reforma.
Demanda: la diputada Marta Esquivel, del PPSO, anunció el 21 de junio del 2026 que presentó una denuncia penal por peculado contra Marta Acosta. Sostiene que la contralora autorizó el uso de personal y servicios jurídicos de la Contraloría para representar a seis funcionarios de la institución demandados a título personal en un proceso contencioso administrativo.
Se relaciona con el caso Barrenador, las denuncias de irregularidades en la contratación realizada por la CCSS para adjudicar diez áreas de salud a cooperativas. La diputada argumentó que la División Jurídica de la Contraloría puede defender los intereses institucionales del ente fiscalizador, pero no puede representar a funcionarios frente a reclamos por su responsabilidad personal.
Expediente contra TSE
Antecedentes: ante el TSE se presentaron más de 30 denuncias de beligerancia política durante su mandato, la mayor cantidad contra un presidente en el ejercicio de sus funciones en el país. La polémica la atizó Chaves, con llamados constantes en sus intervenciones públicas a una revolución jaguar, y a una mayoría de 40 diputados para continuarla.
Pulso inicial: la Dirección de Inspección Electoral remitió a la Asamblea Legislativa una solicitud para levantar la inmunidad del presidente Chaves y poder continuar la indagación de un expediente en el que se acumularon 15 de las denuncias de beligerancia, el 7 de octubre del 2025. Una mayoría de los diputados avaló esta petición el 16 de diciembre, por 35 contra 18, pero no alcanzó la mayoría de 38 requerida. El presidente Chaves descalificó esta solicitud como un intento de “golpe de Estado”, alegando que el TSE no tenía competencia para destituir a un mandatario. Adicionalmente, el presidente Chaves intentó resistirse a las disposiciones en materia de veda electoral, que calificó de “mordaza” que el TSE intentaba ponerle
Demanda: la diputada Pilar Cisneros informó el 3 de noviembre del 2025 sobre la denuncia por beligerancia política que presentó contra Gustavo Román, director de la Dirección General de Estrategia y Gestión Política del TSE, en la que indicó que el funcionario utilizó su puesto para desacreditar al mandatario Rodrigo Sánchez y reducir el apoyo de los que buscaban la continuidad del chavismo. Se refería a declaraciones y artículos firmados por el vocero del TSE.
Adicionalmente, el PPSO presentó el 10 de diciembre del 2025 una denuncia en sede administrativa contra la Dirección General del Registro Electoral y el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), acusándolos de dañar la imagen del partido, por un comunicado divulgado el 8 de diciembre, en el que TSE calificó de “Incorrectas” afirmaciones de PPSO sobre inconsistencias y problemas con la Plataforma de Servicios a los Partidos Políticos.
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