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Vinicio Chacón Soto
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El Poder Judicial debió salir al paso de las aventuradas declaraciones que tanto el ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, como la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, han hecho sobre los montos que se mantienen un fideicomiso y además, sobre otros fondos que forman parte de los llamados depósitos judiciales.
En cadena de televisión, Fernández Delgado aseguró que el Poder Judicial tiene $700 millones disponibles en un fideicomiso para infraestructura, un dato que fue reiterado por Chaves durante la matiné del pasado miércoles. La realidad sin embargo es que ese fideicomiso llega a $82 millones.
Por otra parte, fuentes de gobierno también llegaron a aventurar la cifra de $900 millones, por lo que desde el Poder Judicial se aclaró que mantiene un Sistema de Depósitos Judiciales, fondos que custodia pero “no pertenecen a la institución ni forman parte de un fideicomiso”.
“Se trata de dineros de personas usuarias, vinculados a procesos judiciales en los que una autoridad judicial ha ordenado un embargo, una retención u otra medida, así como los dineros de pensiones alimentarias que deposita la parte obligada y se giran, mensualmente, en favor de la actora, generalmente mujeres en condiciones de vulnerabilidad y personas menores de edad”, se añadió.
De manera que son fondos custodiados y administrados por el Poder Judicial, “a la espera de que una autoridad judicial autorice su giro. En las cuentas del Banco de Costa Rica, se mantienen también los intereses generados por estos recursos, que, conforme lo dicho por la Sala Constitucional, son de las partes y se giran cuando la Autoridad Judicial lo disponga. El Poder Judicial no recibe ningún beneficio económico por la custodia o administración de estos recursos”.
Fuerte recorte arriesga eurobonos
En el contexto posterior al plantón que convocó a decenas de miles de personas el 8 de agosto, y del anuncio de que el Poder Ejecutivo echaba marcha atrás en un recorte de más de ₡3 mil millones para este mismo años, Chaves en la matiné del pasado miércoles comunicó su insistencia en rcortar ₡23.720 millones al Poder Judicial.
La argumentación para ello consta consta en un oficio que el propio Chaves envió a José Luis Araya, director general del Presupuesto Nacional, el 18 de agosto. La medida se enmarca en su “esfuerzo de contención del gasto” del 5% para 2026 y 2027, que exigió a los Poderes de la República.
El Poder Judicial obedeció y planteó el 2 de julio una rebaja de ₡11.608 millones. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) certificó una reestimación de los ingresos fiscales a partir de los cuales se calcula ese 5% de reducción presupuestaria exigida por Chaves.
Esa reestimación arrojó “la rebaja de los ingresos corrientes por ₡373.390,8 millones -de ₡5.590.390,8 millones a ₡5.217.000millones-”.
A partir del nuevo cálculo es que Chaves en conferencia d prensa aseguró que el Poder Judicial “le falta” un recorte de de ₡27.320 millones.
Las reacciones a ello no se han hecho esperar. La diputada liberacionsita Diana Murillo, por ejemplo, mediante un comunicado afirmó que “no se vale que, producto de una mala gestión en la recaudación y de las decisiones tomadas durante el Gobierno de Rodrigo Chaves y su entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, hoy la salida más fácil sea recortar los recursos de las instituciones que enfrentan al crimen organizado”.
Esa diputada cuestionó en particular que el ajuste adicional ordenado por Chaves contemple ₡9.536,3 millones menos para el OIJ, ₡558,1 millones para el Ministerio Público y ₡1.087 millones para la Defensa Pública.
“Mientras Costa Rica enfrenta una de las peores crisis de seguridad de nuestra historia, el Gobierno pretende quitarle más de ₡9.500 millones al OIJ. ¿Cómo pretenden que nuestras instituciones investiguen, persigan y lleven ante la justicia al crimen organizado si les están quitando los recursos?”, cuestionó.
Por ello afirmó que “no seré cómplice de esta decisión. Si la Presidenta quiere pedirle a esta Asamblea Legislativa que autorice nuevos Eurobonos, primero tendrá que explicar por qué pretende debilitar precisamente a las instituciones que hoy necesitamos para combatir la delincuencia. Mi voto no estará ahí mientras continúen estos recortes”.
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