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Ignacio Ortiz Salas
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La Contraloría General de la República (CGR) emitió dos órdenes contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Municipalidad de Osa, luego de detectar presuntas irregularidades en el desarrollo de obras de construcción dentro del Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD) y la Fila Costera, zonas de alta fragilidad ecológica en la Zona Sur del país.
La primera resolución, firmada el 21 de mayo pasado contenida en el oficio DFOE-SOS-ORD-00002-2026, abarca a seis municipalidades de la región: Osa, Pérez Zeledón, Quepos, Buenos Aires, Dota y Tarrazú así como al SINAC, ordenándoles revisar y fortalecer sus procedimientos para el otorgamiento de permisos de construcción en zonas ambientalmente sensibles.
La segunda orden, emitida este 14 de julio bajo el numeral DFOE-SOS-ORD-00003-2026, es más específica y urgente: se dirige al SINAC y a la Municipalidad de Osa tras el análisis de siete fincas en la Fila Costera, donde imágenes satelitales revelaron tala de cobertura boscosa, movimientos de tierra y lo que el órgano contralor describe como indicios de un proceso de urbanización, todo ello, asegura el oficio, sin los permisos ambientales ni constructivos correspondientes.
Siete fincas bajo la lupa
La investigación, iniciada a raíz de una denuncia ciudadana recibida el 9 de abril de este año, analizó siete propiedades dentro del CBPD. La Contraloría cruzó información de la Municipalidad de Osa, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y el SINAC con imágenes del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT).
Los resultados arrojaron que al menos tres fincas (matrículas 6-147654-000, 6-222042-000 y 6-253886-000) que según datos del Registro Nacional se encuentran ubicadas en el distrito de Bahía Ballena “cuentan con presunta corta de cobertura boscosa (bosque maduro y secundario), así como movimientos de tierra y señales de un proceso de urbanización en desarrollo dentro del inmueble”. Esto lo concluyó el ente contralor analizando la información suministrada por la Municipalidad y SETENA contra las imágenes satelitales del SNIT.
Concretamente, la finca 6-253886-000 además de la situación con los permisos de tala no registra permisos de construcción, sin embargo, se señala que la propiedad sí reporta valores por construcción en las declaraciones de bienes inmuebles ante la Municipalidad.
El ente contralor también analizó las fincas 6-227164-F y 6-227166-F, ubicadas en las cercanías de Punta Piñuela y catalogadas como aptas para construir con uso residencial-comercial, la SETENA confirmó que no existen expedientes de viabilidad ambiental tramitados, mientras que el SINAC también descartó la existencia de permisos forestales para ninguna de las siete propiedades investigadas.
Bajo ese análisis fue que la CGR ordenó a las autoridades locales a llevar a cabo una revisión integral de las fincas involucradas con análisis documental, técnico y verificaciones de campo, para determinar si existen infracciones a la Ley Forestal y a la normativa ambiental y constructiva. De confirmarse irregularidades, deben aplicar medidas correctivas, sanciones e interponer las acciones judiciales que correspondan.
Ambas instituciones tienen plazo hasta el 18 de setiembre de 2026 para presentar a la CGR una certificación que acredite el cumplimiento de lo ordenado. La Contraloría advirtió que el incumplimiento injustificado puede derivar en la suspensión o destitución de los funcionarios responsables, según lo establece el artículo 69 de la Ley Orgánica del órgano contralor.
Plan Regulador no contempla el Corredor Biológico
El Corredor Biológico Paso de la Danta conecta la Península de Osa, el Humedal Nacional Térraba-Sierpe, el Parque Nacional Marino Ballena y la Cordillera de Talamanca. Se trata de una de las zonas de mayor biodiversidad del país, con grandes parches de bosque tropical maduro y una extensa red hídrica.
Sin embargo, la Contraloría advirtió que la Municipalidad de Osa no cuenta con un plan regulador actualizado ni con procedimientos formales que incorporen la variable ambiental al tramitar permisos de construcción. El gobierno local opera de forma supletoria con el Reglamento de Construcciones del INVU, sin verificar si las obras se ubican en áreas ambientalmente frágiles.
La situación no es exclusiva de Osa, el propio oficio indica que “La situación de los planes reguladores en las municipalidades refleja un panorama de instrumentos inexistentes o de alcance parcial.” La investigación de la CGR concluyó que: Las Municipalidades de Dota y Tarrazú carecen por completo de un Plan Regulador, por su parte, la Municipalidad de Osa cuenta únicamente con un plan de 1997 que se limita al distrito de Cortés. Pérez Zeledón, cuenta con instrumento de planificación territorial que se limita a los centros urbanos y “algunas localidades de 2 de sus 10 distritos, alcance que no llega a cubrir al CBPD”. Finalmente, Buenos Aires y Quepos sí poseen planes reguladores vigentes para sectores urbanos o costeros específicos, sin embargo, estos instrumentos no incluyen ni abarcan la zonificación de los territorios correspondientes al CBPD.
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