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Adrián Z. Rivero
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Una licitación que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) intentó otorgar al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), mediante un “procedimiento por excepción” para la compra de servicios 5G, terminó atropellada entre cuestionamientos externos e internos.
El contrato, que terminó declarándose infructuoso, era para la adquisición de “Servicios de Soluciones Tecnológicas para Conectividad Satelital, 5G y Enlaces Seguros”, por un monto aproximado de ₡9 mil millones, para un periodo de ocho años.
Sin embargo, desde antes de ver la luz en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), donde se tramitó bajo el expediente 2026PX-000001-0001101107, la licitación ya enfrentaba señalamientos de una asesora jurídica de la institución, que recomendó realizar la compra mediante un proceso ordinario, en vez de uno por excepción.
Después, una vez abierto el concurso en el que solo podía participar el ICE, un posible competidor presentó una objeción ante la Contraloría General de la República (CGR) que, si bien fue rechazada por inadmisibilidad, derivó en un informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) que exhortaba a promover procesos abiertos.
Problemas desde el inicio
En el oficio GIT-0284-2026, del 23 de febrero de 2026, la abogada Emma Salgado, de la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías (GIT), analizó dos estudios: el primero, de mercado, mientras que el segundo consistió en el “preliminar y de factibilidad”.
Ambos estudios, según la abogada, fueron realizados y avalados por un mismo funcionario: Wilmar Astorga, jefe del Área de Comunicación y Redes Informáticas (ACRI). Sin embargo, en los dos casos, Salgado advirtió que una misma persona no podía ser la encargada de realizar los estudios y luego avalarlos.
La asesora legal también cuestionó los estudios señalando aparentes problemas e imprecisiones, como, por ejemplo, que la compra era solo de servicios y no de equipos, lo cual, según el criterio legal, pudo haber sido con “un alto grado de probabilidad” parte de las razones por las que varias empresas no presentaran ofertas para el estudio de mercado.
“Si los equipos existentes no pertenecen a las empresas que no presentaron su oferta en el presente estudio de mercado, genera la duda hasta qué punto no estamos generando una ventaja indebida”, anotó la funcionaria.
Varios aspectos adicionales fueron puestos en duda, lo que finalmente dio lugar a la recomendación de no hacer la compra por el mecanismo excepcional, sino mediante una licitación ordinaria.
Más tarde, en el oficio GIT-DTIC-1556-2026, Astorga respondió ese criterio legal asegurando que el documento “incorpora valoraciones que trascienden el ámbito estrictamente jurídico y se adentran en consideraciones de carácter eminentemente técnico”.
El jefe del ACRI indicó entonces que se mantenía la decisión de optar por la contratación entre entes públicos (CCSS e ICE) y defendió que un camino diferente podría representar un mayor costo para la Caja.
En los estudios de mercado y factibilidad que se incluyeron en Sicop, datados ambos al 18 de marzo de 2026 —posterior a los oficios citados—, se indica que la licitación ordinaria tendría un costo estimado de ₡23.076 millones, frente a los ₡9.002 millones que costaría asegurar el contrato para el ICE. Ambos documentos aparecen nuevamente avalados por Astorga, pero ahora sí realizados por otros funcionarios.
Gerente se sacudió la responsabilidad
El 19 de marzo, un día después de que se firmaran los estudios que luego serían subidos en Sicop, el gerente de Infraestructura y Tecnologías, Jorge Granados, retomó la discusión entre Salgado y Astorga para deslindarse él de la decisión de publicar la licitación como una compra por excepción dirigida al ICE:
“De parte del suscrito no se está promoviendo ni autorizando la escogencia del tipo de excepción de uso de procedimientos ordinarios planteada, contrario sensu (sic) esto se atribuye al análisis técnicos, financieros, jurídicos que son de responsabilidad única y exclusiva de la Dirección Tecnologías de Información Comunicación (DTIC)”, dice el oficio GIT-0458-2026, enviado por Granados al director de la DTIC, Robert Picado.
Granados también le dejó claro a Picado que “la verificación legal y técnica, así como la viabilidad de la utilización de esta excepción (entes de derecho público) es responsabilidad exclusiva de su persona como director de la DTIC”.
En declaraciones a este medio, el gerente insistió en que la compra estaba “sustentada en resoluciones y criterios técnicos y legales emitidos por la DTIC”.
Sutel recomendó abrir la competencia
Tras la publicación de la licitación en Sicop, siempre para otorgarle al ICE, el señor Óscar Paniagua interpuso ante la Contraloría un recurso de objeción contra el pliego de condiciones, que también dirigió a la Sutel y a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom).
Paniagua interpuso la gestión a título personal, aunque en otras licitaciones ha actuado como representante de Millicom (Tigo). En el recurso, rechazado por inadmisibilidad por la CGR, exponía la existencia de otros oferentes que podían cumplir con el contrato y pedía declarar infructuosa la licitación, así como abrir una nueva para más de un oferente.
Aunque la objeción fracasó, la Sutel sí generó un informe en el que analiza la licitación y señala que “en materia de compras públicas de servicios de telecomunicaciones deben promoverse procesos abiertos a la libre concurrencia”.
En el oficio 03601-SUTEL-OTC-2026, la superintendencia concluye también que la licitación “impidió a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones el participar en las líneas que tenían la capacidad de ofrecer, limitando con ello los principios de igualdad y libre concurrencia”.
Además, aunque su criterio no es vinculante para la Caja, el ente regulador le recomendó valorar “la realización de procesos de licitación abiertos que favorezcan la libre concurrencia”.
Ante consultas de UNIVERSIDAD sobre el tema, el gerente Granados reiteró que el criterio de la Sutel no es vinculante y aseguró que su posición es “respetar y seguir lo indicado por la normativa correspondiente de acuerdo con el principio de legalidad”.
Además, explicó que la licitación se declaró infructuosa porque el ICE no presentó la oferta y que la DTIC se encuentra realizando gestiones para un nuevo proceso de compra. Un acuerdo de la Junta de Adquisiciones disponible en Sicop señala que el ICE argumentó que hubo fallos técnicos en la autenticación de la firma digital, lo que impidió ofertar en el plazo establecido.
El Semanario también preguntó por qué se continuó con la licitación por excepción si desde un inicio la asesoría legal recomendó un proceso ordinario, no obstante, al cierre de edición no se había obtenido la respuesta. En el citado acuerdo se insiste en que la decisión de la compra por excepción “se determinó como la vía más idónea, conforme a criterios técnicos, económicos y de conveniencia institucional debidamente sustentados”.
La entrada CCSS promovió contrato directo al ICE para comprarle 5G, pero licitación se cayó arrastrando cuestionamientos aparece primero en Semanario Universidad.
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