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Adrián Z. Rivero
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La Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial pedirá medidas cautelares en contra de más de 50 detenidos en los operativos realizados, este lunes, en el marco del caso Riverside.
De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público, los imputados son sospechosos de pertenecer a un grupo criminal vinculado con los delitos de tráfico nacional e internacional de drogas, tráfico de armas, tenencia de explosivos, introducción de drogas a centros penitenciarios, legitimación de capitales y asociación ilícita.
La Fiscalía indicó que la petición de medidas cautelares se realizará ante el Juzgado Penal de Limón, no obstante, debido a la gran cantidad de personas involucradas, la gestión se desarrollará en las instalaciones de los Tribunales de San José.
Las detenciones de este lunes formaron parte del operativo más grande que el Ministerio Público ha realizado en su historia, con la ejecución simultánea de 97 allanamientos en cinco provincias del país, incluyendo inmuebles vinculados a la organización investigada, oficinas municipales y módulos de tres centros penitenciarios.
Además, en las diligencias participaron más de 100 fiscales, junto con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y cuerpos policiales de apoyo.
A las 50 personas capturadas se suman otros 18 imputados que ya se encontraban en prisión, por lo cual no enfrentarán esta audiencia de solicitud de medidas cautelares.
Entre los imputados por el “caso Riverside”, tramitado en el expediente 24-000911-0063-PE, se encuentran cuatro hijos del presunto líder de la organización, un costarricense de apellido López, quien fue extraditado en marzo a los Estados Unidos. Del total de allanamientos, al menos 27 inmuebles están relacionados con el supuesto líder.
Según la Fiscalía, esta investigación ha permitido acreditar decomisos superiores a los 500 kilogramos de cocaína y 200 kilogramos de marihuana, en apariencia vinculados con las actividades de la organización.
Los operativos se desarrollaron en colaboración con la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), como parte de los esfuerzos de cooperación internacional para combatir las estructuras de criminalidad organizada transnacional.
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El caso Riverside incluyó allanamientos en cinco provincias, centros penitenciarios, oficinas municipales y negocios presuntamente usados para legitimar capitales. Las autoridades reportan 41 personas detenidas y 18 imputados más que ya estaban en prisión.
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