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Ana Lucía Freire
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Ana Lucía Freire
La madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026, agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional ejecutaron una serie de allanamientos en el norte de Quito.
Esta intervención responde a una investigación previa abierta por el presunto delito de cohecho. Según el Ministerio Público, el objetivo de las incursiones fue recabar indicios vinculados con magistrados de la Corte Nacional de Justicia, quienes habrían recibido sumas de dinero a cambio de influir en la emisión de una sentencia de casación.
Esta nueva línea indagatoria se desprende directamente de las revelaciones surgidas en el conocido caso Plaga.
La Fiscalía informó que el punto de partida para este despliegue fue el testimonio anticipado de una persona sentenciada dentro de dicha causa. Entre los elementos de convicción incautados durante los registros domiciliarios y de oficinas se incluyen computadores, dispositivos móviles y documentación que ya se encuentra bajo cadena de custodia para su respectivo análisis técnico y forense.
La indagación apunta hacia una causa en la que estaría involucrada la compañía China Railway. De acuerdo con testimonios previos, como el del abogado Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, habrían existido maniobras para influir en procesos judiciales relacionados con dicha empresa.
La firma reclamaba pagos millonarios al Estado ecuatoriano tras la terminación unilateral, en 2018, de un contrato suscrito en 2015 para la edificación de unidades educativas provisionales.
Según lo expuesto en testimonios, se habrían entregado 30 000 dólares para favorecer a la compañía en un fallo que ordenó el pago de cerca de 59 millones de dólares.
El expediente judicial retoma señalamientos que datan de septiembre de 2024, cuando Hernández se presentó como intermediario entre letrados y magistrados.
En aquel entonces, el exfuncionario judicial vinculó directamente a Iván Saquicela y Wilman Terán con una estructura de favores ilegales.
Mientras Terán cumple condenas por otros delitos de corrupción, Saquicela ha rechazado enfáticamente las acusaciones, calificándolas como maniobras de índole política.
La Fiscalía, por su parte, mantiene la reserva del caso mientras procesa la información hallada en los allanamientos realizados esta mañana.
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La madrugada de este miércoles 29 de julio de 2026, agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional ejecutaron una serie de allanamientos en el norte de Quito.
Esta intervención responde a una investigación previa abierta por el presunto delito de cohecho. Según el Ministerio Público, el objetivo de las incursiones fue recabar indicios vinculados con magistrados de la Corte Nacional de Justicia, quienes habrían recibido sumas de dinero a cambio de influir en la emisión de una sentencia de casación.
El origen de la investigación
Esta nueva línea indagatoria se desprende directamente de las revelaciones surgidas en el conocido caso Plaga.
La Fiscalía informó que el punto de partida para este despliegue fue el testimonio anticipado de una persona sentenciada dentro de dicha causa. Entre los elementos de convicción incautados durante los registros domiciliarios y de oficinas se incluyen computadores, dispositivos móviles y documentación que ya se encuentra bajo cadena de custodia para su respectivo análisis técnico y forense.
Vínculos con la empresa China Railway
La indagación apunta hacia una causa en la que estaría involucrada la compañía China Railway. De acuerdo con testimonios previos, como el del abogado Michael Hernández, exdirector de la Escuela de la Función Judicial, habrían existido maniobras para influir en procesos judiciales relacionados con dicha empresa.
La firma reclamaba pagos millonarios al Estado ecuatoriano tras la terminación unilateral, en 2018, de un contrato suscrito en 2015 para la edificación de unidades educativas provisionales.
Según lo expuesto en testimonios, se habrían entregado 30 000 dólares para favorecer a la compañía en un fallo que ordenó el pago de cerca de 59 millones de dólares.
Antecedentes y actores mencionados
El expediente judicial retoma señalamientos que datan de septiembre de 2024, cuando Hernández se presentó como intermediario entre letrados y magistrados.
En aquel entonces, el exfuncionario judicial vinculó directamente a Iván Saquicela y Wilman Terán con una estructura de favores ilegales.
Mientras Terán cumple condenas por otros delitos de corrupción, Saquicela ha rechazado enfáticamente las acusaciones, calificándolas como maniobras de índole política.
La Fiscalía, por su parte, mantiene la reserva del caso mientras procesa la información hallada en los allanamientos realizados esta mañana.
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