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María Teresa Blanco, ABC Color
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Mercedes Medina (ANR-HC), quien tras admitir que efectivizó millonarios cheques municipales logró la suspensión condicional del procedimiento en el marco del presunto daño patrimonial de G. 1.109 millones a la Municipalidad de Quyquyhó, ahora busca ser intendenta de dicho distrito de manos del Partido Colorado.
Lea más: Cartistas de Quyquyhó utilizan recursos públicos para hacer proselitismo
La intendentable Medina presentó varios incidentes para evitar el juicio por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio; y como todos fueron rechazados por el juez Humberto Otazú no tuvo más opción que aceptar su culpabilidad en el esquema de corrupción que presuntamente privó a los quyquyhenses de G. 1.109 millones.
Lea más: Esposa de diputado cartista Esteban Samaniego va a juicio oral por lesión de confianza
La cartista se comprometió a devolver G. 10.500.000 en 24 cuotas a la Municipalidad de Quyquyhó.
Mientras que su pareja sentimental, el actual presidente de la Junta Municipal Carlos Bareiro (ANR-HC) también admitió su culpabilidad en los hechos que el Ministerio Público le acusa y se comprometió a entregar G. 100 millones como reparación social.
Damián Galarza, quien también admitió su culpabilidad en el esquema de corrupción que presuntamente desvió dinero de la Municipalidad de Quyquyhó, ahora es candidato a concejal.
Galarza se comprometió a pagar G. 40 millones a la agrupación Médicos de la Promoción 83 y, además a entregar 24 cuotas de G. 500.000 al Hogar de Ancianos La Piedad como resarcimiento social.
A los tres cartistas, el juez Humberto Otazú le fijó varias medidas de conductas para otorgarles la suspensión condicional del procedimiento por dos años.
Lea más: Caso Esteban Samaniego: Intendenta argumenta persecución, mientras los coacusados admiten hechos
Entre ellos, deben fijar residencia y comunicarlo al juez, comparecer cada mes ante el Juzgado, cumplir con la prohibición de salir del país y estar al día con el pago de cuotas.
Por otro lado, la intendenta renunciante, Patricia Corvalán, esposa del cuestionado diputado Esteban Samaniego irá a juicio oral y público junto con otros tres acusados.
Corvalán como ya no puede buscar su reelección en la Intendencia, ahora es candidata a concejal y en sus redes sociales argumenta que es víctima de “persecución judicial mediática”.
El Ministerio Público sostiene que durante el 2017-2018 se montó un esquema de corrupción para desviar millonarios recursos de los contribuyentes quyquyhenses que fueron destinados para la construcción de la vivienda de Esteban Samaniego, y su esposa Patricia Corvalán en el barrio San Vicente de Asunción.
En la causa también está vinculado el diputado Samaniego pero debido a que sus pares no lo desafueran no puede ser sometido a la justicia.
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La intendentable Medina presentó varios incidentes para evitar el juicio por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio; y como todos fueron rechazados por el juez Humberto Otazú no tuvo más opción que aceptar su culpabilidad en el esquema de corrupción que presuntamente privó a los quyquyhenses de G. 1.109 millones.
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La cartista se comprometió a devolver G. 10.500.000 en 24 cuotas a la Municipalidad de Quyquyhó.
Mientras que su pareja sentimental, el actual presidente de la Junta Municipal Carlos Bareiro (ANR-HC) también admitió su culpabilidad en los hechos que el Ministerio Público le acusa y se comprometió a entregar G. 100 millones como reparación social.
Candidatos a concejales
Damián Galarza, quien también admitió su culpabilidad en el esquema de corrupción que presuntamente desvió dinero de la Municipalidad de Quyquyhó, ahora es candidato a concejal.
Galarza se comprometió a pagar G. 40 millones a la agrupación Médicos de la Promoción 83 y, además a entregar 24 cuotas de G. 500.000 al Hogar de Ancianos La Piedad como resarcimiento social.
A los tres cartistas, el juez Humberto Otazú le fijó varias medidas de conductas para otorgarles la suspensión condicional del procedimiento por dos años.
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Entre ellos, deben fijar residencia y comunicarlo al juez, comparecer cada mes ante el Juzgado, cumplir con la prohibición de salir del país y estar al día con el pago de cuotas.
Por otro lado, la intendenta renunciante, Patricia Corvalán, esposa del cuestionado diputado Esteban Samaniego irá a juicio oral y público junto con otros tres acusados.
Corvalán como ya no puede buscar su reelección en la Intendencia, ahora es candidata a concejal y en sus redes sociales argumenta que es víctima de “persecución judicial mediática”.
El Ministerio Público sostiene que durante el 2017-2018 se montó un esquema de corrupción para desviar millonarios recursos de los contribuyentes quyquyhenses que fueron destinados para la construcción de la vivienda de Esteban Samaniego, y su esposa Patricia Corvalán en el barrio San Vicente de Asunción.
En la causa también está vinculado el diputado Samaniego pero debido a que sus pares no lo desafueran no puede ser sometido a la justicia.
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