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Monserrat Cordero Parra
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El director del Hospital México, Douglas Montero, indicó recientemente a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que un 39.83% del ausentismo diario de ese centro médico se debe a los permisos con goce salarial otorgados a funcionarios para acompañamiento a familiares a citas médicas.
“Solo en Enfermería permanentemente el 32% del personal hay que sustituirlo. Hay que ver cómo se sustituye, o lo que es peor, ver cómo se recarga en otras personas”, indicó Montero, en relación a ese tipo de permiso.
Montero agregó que en el Servicio de Nutrición también se presenta un gran ausentismo por este permiso, lo que merma la capacidad del hospital para alimentar a los pacientes.
“Tenemos que utilizar el contrato que tenemos de Nutrición. Por eso el año pasado pagamos casi ₡22 millones para poder compensar la falta de personal para la comida porque les da por ausentarse”, dijo el médico, quien agregó que las salas de operaciones no son la excepción y también registran mucho ausentismo.
Según datos de la CCSS, un funcionario de Servicios Generales de ese centro médico lidera la lista de funcionarios con mayor cantidad de permisos recibidos para este fin, con 226 días.
A este empleado le sigue uno de Enfermería y Servicios de Apoyo del Área de Salud La Fortuna con 195 permisos, un profesional en Ciencias Médicas del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuí y Torres con 125 y un administrativo del Hospital Victor Manuel Sanabria Martínez con 71 permisos.
Estos permisos se encuentran incluidos dentro del Artículo 46, inciso h) de la Normativa de Relaciones Laborales, el cual establecía permiso a los funcionarios de un 1 día para acompañamiento a citas médicas a hijos menores o discapacitados, cónyuges o padres; sin embargo, el jueves anterior, la Junta Directiva de la CCSS tomó la decisión de regularlo mediante una interpretación auténtica.
De esta forma, el permiso de acompañamiento corresponderá ahora al tiempo efectivo que dure la cita médica, incluyendo los traslados y las gestiones asociadas —como exámenes, retiro de medicamentos o programación de nuevas citas—, y no un permiso de un día completo.
«Esta interpretación permite un uso más justo y razonable de los permisos, asegurando que los servicios de salud se mantengan disponibles para toda la población, sin afectar derechos laborales”, externó la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor.
Según datos de la CCSS, en total, en el 2025 se otorgaron 191.582 días de permiso. Un 86.9% se dieron por el día completo
El costo total de estos permisos fue para la institución de ₡8.407 millones en un año.
De acuerdo con los antecedentes, la aplicación literal de un día completo de permiso había generado serias alteraciones y controversias en la gestión del recurso humano, debido a que no siempre guardaba relación con la duración real de las citas médicas y la efectiva prestación de los servicios, así como documentación de respaldo.
El ausentismo debido a estos permisos también se presenta en gran medida en el Hospital Calderón Guardia y en el Hospital Nacional de Niños, donde se ha tenido que incluso cerrar quirófanos porque no se completan los equipos, según comentaron los directores de esos centros médicos a los miembros de la Junta Directiva.
Rechazo de sindicatos
La medida ha generado el rechazo de varios sindicatos. La Unión Médica Nacional (UMN) indicó recientemente que la Normativa de Relaciones Laborales es el resultado de una negociación que se dio entre la CCSS y los sindicatos años atrás, por lo que los directivos no están legitimados para realizar “interpretaciones unilaterales”.
“La Normativa se redactó en conjunto y como tal debe prevalecer el diálogo y el respeto mutuo. Con esta actuación irregular la Junta Directiva violentó el artículo 4 y 5 de la misma Normativa al no otorgar audiencia a los sindicatos, por lo tanto, esta interpretación es nula e ilegal”, señalaron en un comunicado.
Por su parte, la secretaria general de la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), Martha Rodríguez, señaló en un video que los directivos evadieron el proceso legal correspondiente.
“La interpretación auténtica no habilita reformas encubiertas. Lo actuado constituye una desviación de poder normativo, una infracción directa al principio de juridicidad y una grave afectación de los principios de progresividad y no regresividad de los derechos laborales”, mencionó Rodríguez.
“Eliminar una norma que permitía a padres y madres trabajadoras atender a sus hijos menores o a sus progenitores en condición de vulnerabilidad, muchas veces por enfermedades graves, evidencia una preocupante ausencia de solidaridad institucional. Más aún, legitima prácticas autoritarias y arbitrarias que ciertas jerarquías persisten con manifestaciones de violencia laboral que no pueden seguir siendo toleradas”, criticó.
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