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Jenny Martínez
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La universidad para Orellana: un derecho que no admite más espera
Durante años, la provincia de Orellana ha levantado una misma bandera: contar con una oferta de educación superior que permita a sus jóvenes construir su futuro sin abandonar la tierra que los vio nacer. No se trata de un reclamo improvisado ni de una aspiración pasajera, sino de una demanda legítima respaldada por una ciudadanía que ha decidido mantenerse vigilante para que esta vez los compromisos institucionales se traduzcan en hechos concretos.
En las últimas semanas se ha conocido un avance significativo dentro del procedimiento establecido por la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). La Secretaría de Administración Pública y Planificación emitió un informe favorable que permite continuar el trámite ante el Consejo de Educación Superior (CES). Aunque todavía queda camino por recorrer, esta decisión representa un paso alentador hacia un objetivo que durante mucho tiempo pareció inalcanzable.
Sin embargo, el optimismo debe ir acompañado de responsabilidad. La experiencia ha demostrado que numerosos proyectos importantes para la Amazonía han quedado atrapados entre la burocracia y las promesas incumplidas. Por ello, la participación activa de los veedores ciudadanos y de la sociedad civil seguirá siendo determinante para garantizar que el proceso avance con transparencia, eficiencia y respeto al interés colectivo.
La ausencia de una universidad con una oferta académica suficiente ha obligado, generación tras generación, a que miles de bachilleres migren hacia otras provincias para continuar sus estudios. Detrás de cada viaje existen familias que realizan enormes sacrificios económicos, jóvenes que dejan sus comunidades indígenas y colonas, y talentos que muchas veces terminan aportando al desarrollo de otras regiones en lugar de fortalecer el crecimiento de su propia provincia.
Resulta contradictorio que una de las provincias que más contribuye a la economía nacional mediante la explotación de recursos estratégicos aún tenga limitadas oportunidades para la formación profesional de su juventud. El principio de igualdad exige que el desarrollo no se mida únicamente por la riqueza que produce un territorio, sino también por las oportunidades que reciben sus habitantes.
Desde esta columna reafirmamos que el acceso a la educación superior constituye un derecho fundamental y un motor indispensable para el progreso de la Amazonía. Una universidad en Orellana significará más investigación, innovación, emprendimiento y profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible de su propia región.
Hoy la ciudadanía espera que las autoridades nacionales actúen con decisión y conviertan este proceso en una realidad tangible. Los jóvenes amazónicos no piden privilegios; reclaman oportunidades. La historia juzgará a quienes tengan en sus manos la posibilidad de hacer justicia con una provincia que durante décadas ha contribuido al crecimiento del Ecuador y que ahora exige, con plena legitimidad, una educación superior de calidad dentro de su propio territorio.
Elio Roberto Ortega Icaza
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