J
Jenny Martínez
Guest
Si la tarifa aumenta, sigue pendiente despedir a malos conductores y retirar frencuencia a cooperativas que infrinjan normas de tránsito
Son 1 980 buses urbanos en Guayaquil y 3 000 en Quito, donde hay que declarar la emergencia en movilidad (W. Merino). Acá en la capital somos testigos de las barbaridades que hacen los conductores de buses. La tarifa aumentada no va a resolver el maltrato, sino existe despido a los conductores que atentan contra la seguridad de los peatones, usuarios y vehículos y motos particulares.
Si ya ‘no va a haber compensaciones para el transporte urbano’, el municipio, que debía haber siempre manejado la red de transportes urbanos, como lo hace con la Ecovía, con el Trole, con el Metro, debe subsidiar este aumento -como política pública- y ojalá ‘negociar’ con los buses de cooperativas privadas que con un solo pago pueda usarse, ya con la implementación de la ‘caja común’, cualquier unidad de transporte urbano para movilizarse a otros puntos -algo que ya ocurre con el sistema integrado que utiliza los terminales donde arriban las unidades del trolebús o Ecovía en la Río Coca, en la Marín o en Quitumbe. Y los buses, ahora sí, incluir rampas para personas con movilidad reducida, así como facilidades para personas invidentes y sordas.
No basta ‘las sanciones administrativas que alcanzan las ocho remuneraciones básicas unificadas’. Debe buscar retirarse la frecuencia a la cooperativa cuyas unidades reiteran las infracciones de tránsito. Es hora de poner un alto a los abusos, al tiempo de eliminar cualquier pretexto para mejorar, además, en Guayaquil y ciudades de la costa, el servicio urbano con aire acondicionado -como debía haber ocurrido en el Metro de Quito.
Finalmente, además de los controles de emisiones contaminantes, posteriores a la revisión vehicular, el gobierno, que debería emplear, junto con Fuerzas Armadas a unos 400 mil nuevos policías en el país para cumplir con la norma que dice 10 policías por cada malhechor: hoy la relación es de 100.000 policías y personal de fuerzas armadas, versus 50.000 vinculados a actividades criminales (W. Bravo), podría asignar un policía en cada unidad de transporte, para al fin contar, en todo el país, con transporte colectivo seguro, que disminuya el uso de los automóviles particulares.
El control a las desbocadas motos debe formar parte de un manejo integral de la problemática de la movilidad, incluyendo la implementación de la ‘tercera placa’ a las motos, que está próximo a implementar el Municipio de Quito. Así como el pintar, en la mitad de la vía y no en las esquinas, que representan un peligro, los pasos cebras. Hay que hacer la ciudad amigable. Rutas para ciclistas: en la carretera Quito-Nayón es un imperativo. Así como busetas para transportar a la gente que se envenena cruzando el túnel Guayasamín, mientras algún día se construye la solución definitiva. La gestión municipal en materia de movilidad debe ser mucho más rápida, eficiente, oportuna. Si se puede.
Diego Fabián Valdivieso Anda
Sigue leyendo...