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Ignacio Ortiz Salas
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El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, compareció el miércoles ante el Ministerio Público en condición de ofendido dentro de una investigación por presuntos daños agravados contra el patrimonio de la institución, relacionados con la toma del edificio administrativo B ocurrida el pasado 22 de abril y que se extendió hasta el 15 de mayo.
La comparecencia se realizó ante la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, en el marco del expediente 26-001132-0175-PE, abierto a partir de una denuncia presentada por un tercero sobre los hechos ocurridos durante la ocupación del inmueble.
“Hemos cumplido con el deber institucional de poner en conocimiento de las autoridades competentes hechos concretos que deben investigarse. No corresponde a la Universidad prejuzgar personas; pero sí corresponde defender la protesta pacífica, proteger los bienes públicos y garantizar el debido proceso”, afirmó Araya en el comunicado de prensa.
Según la administración universitaria tras recuperar el inmueble, la Oficina Jurídica de la Universidad levantó un acta notarial para documentar las condiciones en que fue entregado por las personas que participaron en la toma. Entre los supuestos daños reportados por las autoridades figuran pisos, paredes, cielorrasos y vidrios rayados con grafitis, algunos de los cuales, aseguran en el comunicado, contenían amenazas de muerte contra funcionarios universitarios. También aseguran que se registraron vidrios quebrados, daños en mobiliario institucional, cerraduras forzadas y afectaciones en sistemas de telecomunicaciones y protección contra incendios.
De acuerdo con la información suministrada por la institución, las labores de reparación han representado “hasta ahora un costo de ₡37 millones”. Sin embargo, en documentos citados por el medio CrHoy en este cálculo de ₡37 millones se incluyen rubros como “Horas Extra del personal de Seguridad y Tránsito” por un monto de ₡8 millones que se sumaría al monto total. A su vez, según indicó Araya al Consejo Universitario, es posible que el monto ascienda.
“Quiero ser muy claro: la Universidad de Costa Rica no criminaliza la protesta estudiantil. La protesta pacífica es parte de la vida democrática, de la historia de nuestra Universidad y de los valores más profundos de Costa Rica”, señaló Araya. No obstante, agregó que “la defensa de la educación pública no puede confundirse con daños al patrimonio público, afectación de oficinas, equipos o servicios que pertenecen a toda la comunidad universitaria y, en último término, al país”.
La Universidad indicó además que ha colaborado con las autoridades judiciales mediante la entrega de las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes al día de la toma y de los registros obtenidos por las cámaras corporales utilizadas por oficiales de seguridad durante los acontecimientos.
Paralelamente, la Vicerrectoría de Docencia presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tras detectar la desaparición de diversos bienes institucionales luego de la recuperación del edificio. Entre los artículos reportados como faltantes se encuentran computadoras portátiles, audífonos, dispositivos electrónicos y otros bienes asignados a oficinas administrativas.
Según Araya: “Lo que estamos haciendo no es una persecución contra estudiantes. Es el cumplimiento de una obligación institucional. Cuando existen reportes técnicos sobre daños o bienes faltantes, la Rectoría tiene el deber de poner esos hechos en conocimiento de las autoridades competentes, con respeto absoluto al debido proceso y sin prejuzgar a ninguna persona”.
Araya afirmó que la posición institucional busca resguardar simultáneamente el derecho a la protesta, las garantías democráticas y el patrimonio público universitario. Asimismo, indicó que la Universidad continuará colaborando con las autoridades judiciales para el esclarecimiento de los hechos y mantendrá una posición de respeto al debido proceso.
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