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Adrián Z. Rivero
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Para el fiscal general, Carlo Díaz, el proyecto de ley para que los diputados sean quienes elijan al jerarca del Ministerio Público —en vez de los magistrados— debe ser rechazado “con responsabilidad y visión de Estado”.
La iniciativa fue presentada por la diputada Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), y se tramita en el expediente 25.634.
“Cualquier intento de trasladar la designación del fiscal general a un órgano de naturaleza política debe ser firmemente rechazado, pues su legitimidad descansa en la garantía de que quienes investigan lo hagan libres de subordinaciones políticas”, señaló el fiscal en relación con este tema, tras consultas de UNIVERSIDAD.
Las declaraciones remitidas por el Ministerio Público forman parte de un artículo previamente escrito por Díaz, publicado desde mayo, cuando ya se hablaba sobre la eventual presentación del proyecto de ley.
El jerarca considera que, de materializarse una iniciativa como la planteada, se “comprometería la objetividad e idoneidad que deben regir la elección de quien dirige la persecución penal”, ya que la Asamblea Legislativa es un órgano político, por lo que “sus decisiones responden a dinámicas de representación e intereses partidarios”.
“Un fiscal no puede estar al servicio de una casta política, no puede prestarse para eventuales persecuciones selectivas y mucho menos cerrar los ojos ante conductas delictivas de quienes lo eligieron o de ciertos grupos o personas afines a ellos”, agregó Díaz.
Según el jefe del Ministerio Público, quien ostente el cargo de fiscal general “debe ser valiente, independiente y objetivo para perseguir penalmente al delincuente, al corrupto y al narcotraficante, sin importar su posición o poder”, además de que su compromiso “es con la legalidad” y “no con intereses particulares”.
En este sentido, el jerarca explicó que el fiscal general “no puede ser amigo del presidente, de los diputados ni de los magistrados” y que con ellos solamente debe coordinar lo relativo a sus funciones, además de “investigarlos con firmeza” cuando corresponda.
Para Díaz, un modelo politizado para la designación del fiscal general no fortalece la transparencia, sino que la debilita al ser un nombramiento político.
“Cuando se politiza la persecución penal se corre el riesgo de iniciar causas penales con fines políticos o de garantizar impunidad a quienes detentan el poder. Ninguna de esas opciones es aceptable en una democracia que aspire a la justicia”, agregó.
El fiscal aseguró que la independencia de quien dirige el Ministerio Público “es una garantía” de que la ley se aplicará con igualdad, sin favoritismos ni persecuciones arbitrarias.
Finalmente, insistió en que este tipo de iniciativas deben ser rechazadas y recalcó que, “hoy más que nunca”, la independencia del Poder Judicial y la Fiscalía “debe ser defendida sin concesiones” para preservar el Estado de Derecho y la democracia.
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