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Vinicio Chacón Soto
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El director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas, aseguró en entrevista con UNIVERSIDAD que tanto en lo que resta de 2026 como el año entrante se concretarán “casos importantes”.
En el contexto posterior a la sonada captura de Alejandro Arias Monge alias “Diablo”, Soto concedió entrevista en la que destacó otras capturas importantes de los principales cabecillas de organizaciones criminales en el país, sin dejar de subrayar el impacto que pueden llegar a tener los constantes recortes que impone el gobierno.
Soto Rojas informó que de los ocho agentes que resultaron heridos durante el enfrentamiento para capturar a “Diablo”, cinco ya se encuentran en su casa, mientras que tres aún se mantienen internados. A uno de ellos “prácticamente” se le tiene que reconstruir la pierna. Añadió que la idea es que todos ellos se reintegren a su trabajo “bajo las condiciones que sean”.
Operativos como el que acabamos de ver para detener a alias “Diablo”, con altos riesgos para los agentes que intervienen ante el nivel de sofisticación de las bandas criminales en cuanto al armamento, por ejemplo, ofrecen un escenario bastante más complejo. ¿Es esta una nueva normalidad? ¿Qué implica para la policía en términos de la preparación y seguridad del personal?
—De 2022 para acá, hemos visto una presencia más significativa de armas de fuego, especialmente fusiles diseñados para la guerra, como la AK-47, o la plataforma AR-15, que la vemos con mucha normalidad en los decomisos.
Esto es una muestra inequívoca de la complejidad en la que está el país, porque somos irremediablemente un hub (punto de conexión) del narcotráfico internacional, y además el tema del mercado local también se ha visto bastante fuerte.
En el tema de la capacitación, el gobierno de los Estados Unidos, que de cuando en cuando nos ayuda, u otros gobiernos amigos, como Reino Unido y otros países que nos colaboran con capacitación y con algún tipo de equipo.
Hay una circunstancia muy compleja, que para mí es un parteaguas, que fue el 2023, el año más violento de la historia. Murieron 905 personas en este país, víctimas de la violencia, y allí es donde hicimos todo un replanteamiento de la estructura de cómo trabajamos. Eso implicó que empezáramos a desarticular muy cotidianamente estructuras criminales muy significativas. Es decir, nos metimos de frente al tren, y eso implicó un enfrentamiento directo con los grupos.
En la Guácima de Alajuela encontramos un arsenal de más de 50 armas, dentro de las cuales habían AR-15 y pistolas, y cuando en Limón estamos haciendo un trabajo en el sector de Atlántida, con el grupo de Tony Peña Russell, encontramos una gran cantidad de armas y todavía muchísima más munición.
En algún momento, habíamos hecho un análisis en torno a si la problemática de ese tipo de armamento va enfocada a la disputa entre ellos o con la policía. Y realmente van las dos líneas, un arsenal de ese tipo enfrentado a cualquier policía del país podría generar bajas del lado nuestro, e indudablemente del otro lado.
Un armamento diseñado para la guerra con una gran cantidad de municiones a disposición de ellos. Nosotros con equipo ciertamente de buena calidad, pero que necesitamos estarnos actualizando, porque la tecnología va cambiando constantemente y mucho del equipo respondió muy bien con esta situación que se dio en el sector de Sarapiquí, y las circunstancias, gracias a Dios, no fueron mortales; pero sí nos dice que el enfrentamiento con los cuerpos de policía podría volverse habitual, podría volverse cotidiano y que tenemos que plantearnos otro tipo de desafíos.
Por ejemplo, ya muchos de nuestros oficiales, no todos, tienen cascos balísticos; hemos venido comprando escudos balísticos, no tenemos todos los que necesitamos. Hemos venido comprando armas, fusiles de asalto, no tenemos todos los que necesitamos.
Entonces, el país tiene que tener claro que las actuales circunstancias demandan policías mejor equipadas y mejor preparadas, porque ellos tienen recursos ilimitados y nosotros tenemos recursos muy limitados.
Lo que estamos haciendo como país es más bien quitándole su presupuesto operativo. Respecto al último recorte que el Ministro de Hacienda decidió para el último trimestre del año, ¿a partir de qué momento lo tienen que aplicar? y operativamente, ¿qué significa?
—En algún momento, en algunos sectores de la población, se ha querido politizar esto. No, es un tema total y absoluto de operatividad, de la necesidad ante las circunstancias y que el OIJ ha sido muy consecuente a lo largo de estos años con su trabajo.
Puedo enumerar una gran cantidad de estructuras que hemos desarticulado y que hoy la mayoría de los cabecillas del crimen organizado costarricense están en el centro penitenciario de la Reforma (Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero), porque han sido en su mayoría trabajos del OIJ en coordinación con la Fiscalía y con los jueces, porque somos un equipo y no podemos trabajar por separado.
Se ha venido haciendo un trabajo articulado, muy bien pensado, muy bien planificado y ha dado estos resultados. Y se los puedo enumerar todos: Peña Russell, Macho Coca, el grupo del caso Traición de Noni y Shock, el caso Madre Patria, el caso de Gamboa Sánchez, Pecho e’Rata; inclusive le puedo hablar de la capital: el grupo de Chagui, el grupo de los Lara; me puedo ir hasta el Pacífico con los gordos, con La L, todos estos trabajos que se han hecho en la zona Sur con el caso Triángulo, con una gran cantidad de casos.
Estos recortes presupuestarios fueron inmediatos. La norma 10 de la Ley de Presupuesto de este año establecía que aquellos dineros que no utilizara el Estado costarricense en plazas vacantes en el primer semestre del año, se iban a distribuir un 50% para el Ministerio de Seguridad Pública, que lo ocupa mucho también, tienen un problema de movilidad muy serio, y el 50% para el OIJ.
Estos dineros habitualmente los utilizamos para compra directa de equipo y además para el tema del fideicomiso, del que también se han dicho cosas desacertadas. No es para guardar plata, es para construcción, porque este es un edificio viejo, estamos hacinados y las condiciones no son las mejores.
Además, un recorte que se le hizo al Poder Judicial en términos generales, que al OIJ se le rebajaron poco menos de ₡1.000 millones, donde estaba principalmente la compra de combustible y el pago de viáticos para nuestros muchachos en todas estas operaciones que hacemos. En el caso Riverside movilizamos 1.500 oficiales y en el caso Traición casi 1.000 oficiales.
¿Es el tráfico interno la principal causa de violencia?
—Sin duda alguna. Es una pregunta importante, porque a veces se cree lo contrario. Costa Rica es un hub del tráfico internacional de drogas por cuestiones geográficas, estamos entre los productores, Colombia, Bolivia, Perú, otros países del sector de la Amazonia, y estamos a la mitad del camino entre los consumidores, Estados Unidos, principalmente, Canadá, además que nos han utilizado como hub para llevar cocaína hacia Europa.
Toda esta circunstancia, nos genera poca violencia, porque sencillamente es recepción, almacenaje y redistribución en contenedores. ¿Qué es lo que nos genera violencia? El 78%, más o menos, de los homicidios que ocurren en el país es por ajuste de cuentas o venganza, que principalmente es el tema de sicariato o muertes como consecuencia de drogas. Todo esto se genera en las barriadas, donde hay disputa muy fuerte de territorios por los puntos de venta, porque son tremendamente lucrativos.
Un punto de venta muy discreto en un turno, porque trabajan por turnos de 12 horas, puede generar ₡2, ₡3 millones. Un punto muy lucrativo. Hay puntos que son también de distribución hacia otros lugares, hacia las provincias, de gente que viene a comprar, te puede generar ₡10 millones, ₡8 millones al día.
En el sector sur de la capital, toda esta franja de los barrios del sur, han habido disputas muy fuertes por diferentes grupos, como los Lara, como los Myrie, como los Churros, como los Gemelos, como los del Gordo. Esos grupos en algún momento han hecho alianzas entre ellos para pelear con otros de ellos mismos, o esas alianzas se rompen y los que eran aliados después se vuelven enemigos.
Esas disputas muchas veces se dan por cuestiones de colonización criminal. Es decir, quieren ir avanzando en territorios para ir captando y tener más puntos de venta.
Cuando un cabecilla cae, en el grupo pueden pasar dos cosas. Si el cabecilla logra tener comunicación a lo externo y además hay vínculos muy fuertes, principalmente familiares, el grupo puede subsistir sin problema. Pero cuando se corta la comunicación del cabecilla, hay algo que se llama la resiliencia criminal, que es la capacidad de las estructuras criminales de volverse a reacomodar.
Con el tema de Diablo y Tan y la muerte de Coco Guácimo, que eran cabecillas importantes en esa franja del Caribe, esa comunicación está cortada por disposiciones del Ministerio de Justicia. Así nos lo han informado.
Eso probablemente va a generar una crisis interna dentro de los grupos, algunas personas que tenían puntos de venta más locales, al no tener cabecilla, van a querer ser los cabecillas. No veo un liderazgo muy fuerte que logre aglutinar todos esos grupos, sino que veo una fragmentación importante que va a generar violencia por esos reacomodos.
Diablo tenía (presencia) en la zona norte en Sarapiquí, en Pococí, en Cañas, Guanacaste, Nicoya, Garabito, Parrita, Osa, todo eso se va a reacomodar y va a generar violencia. Y ahí no hay lealtades, hay traiciones. Eso es lo que ocurre en el mundo criminal.
Mucho se ha dicho y usted mismo ha sido insistente en que se requiere un mayor esfuerzo en toda la parte preventiva a nivel social. ¿Como país hemos metido el acelerador como se debía hace años? ¿Qué opinión le merece la propuesta de llevar colegiales a las cárceles?
—Los países que tienen mejor desarrollo humano tienen mejores índices de criminalidad. Eso significa que si Costa Rica tiene estos índices de hoy en día, el tema del desarrollo humano no se ha trabajado muy bien. ¿Qué es lo que se ha hecho muy bien? Una muy buena contención policial, es decir, sostener el crimen con operaciones, con detenciones y todo, pero esto tiene que ir en paralelo con el desarrollo humano: empleabilidad, cultura, educación, deporte, trabajar en las zonas urbano-marginales, hacer una acupuntura social, es decir, trabajar en las zonas y con las personas que están en mayor vulnerabilidad. Eso yo no lo veo, pero es mi opinión y los índices de criminalidad me dicen que no lo hay.
Nosotros hicimos el Plan de Control de la Violencia, en 2024 lo empezamos porque el 23 fue el más agudo. Hemos venido bajando paulatinamente los homicidios. Este año es probable que andemos alrededor de los 800 homicidios. Eso significa una disminución de 70. Vamos a ver cómo cerramos el año, porque ahora está esa complejidad que le digo (reclusión de Diablo).
Este tema de las cárceles… ni quiero opinar, sinceramente. Esa podría ser una dentro de cientos de actividades que se podrían hacer, pero esa solo es una. No creo que ayude a solucionar, pero si fuera esa con 100 o 1.000 más estrategias, probablemente podrían correlacionarse entre sí y generar algún efecto.
¿Ve usted un riesgo de injerencia política en la iniciativa de que el fiscal general sea electo por la Asamblea Legislativa?
—Mi opinión es que el fiscal general de la República debe seguir siendo elegido por el Poder Judicial. Así ha sido por muchos años, ha sido sano, ha sido objetivo. Creo que la elección de un cargo tan delicado debe estar fuera del tema político, debería estar siempre dentro del Poder Judicial.
Durante el período anterior se hicieron muy tensas las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Durante la gestión de Mario Zamora (exministro de Seguridad), no se veía mucha disposición de coordinación. ¿Cómo están las relaciones con las policías del Poder Ejecutivo?
—A mi nivel —que es con los directores, no con el ministro—, las relaciones nunca, ni por un minuto, han dejado de ser buenas. Hablo con los directores constantemente, coordinamos operativos, les pedimos ayuda, ellos nos piden ayuda. Son personas con las que yo trabajé muchos años, fueron mis colaboradores cuando estuve en el Ministerio, los conozco desde hace 30 años.
Lo político es lo que se ve en los medios, pero ahí debemos dar tranquilidad, en el sentido que desde lo policial y lo operativo, ni por un minuto, ha habido alguna dificultad.
Michael Soto aseguró que en el mundo criminal “no hay lealtades, hay traiciones”. (Foto: Kattia Alvarado)
Una de las decisiones que se tomaron en el gobierno pasado que trascendió en comisión legislativa fue el mover al grupo de guardacostas que estaba en Sixaola. ¿Desde el OIJ han percibido un aumento o una disminución del movimiento por ese sector?
—No le puedo hablar de aumento o disminución, lo que podría decir es que sí fue sorpresivo, no solo el (movimiento) de Sixaola, sino el de Drake, porque son zonas calientes, importantes. Nos llamó mucho la atención sobre todo el tema de protección, en esta operación que ellos definieron como “Soberanía”. Fue sorpresivo. Para los fines nuestros y como nosotros hacemos el trabajo y las coordinaciones, realmente seguimos trabajando en la misma línea.
¿Hay algún punto geográfico del país que le genere más preocupación?
—El Pacífico Sur sigue siendo un problema importante, desde Punta Burica hasta Quepos, es una zona muy vulnerable donde se requiere más presencia policial de Guardacostas. Yo tengo que ser consciente por ello, estuve sentado en esa silla (como ministro) y no puedo ser mezquino: la cantidad de recursos que tiene el país en protección costera es muy limitada. No solo se ocupan embarcaciones, se ocupan MPA (Avión de Patrulla Marítima), los aviones radar. Se han hecho incautaciones muy importantes estos años, lo reconozco, pero eso significa que a ellos se les cae una carga y entrarán tres o cuatro.
Con operaciones como la detención de alias “Guato” (identificado como la “mano derecha”) se percibía que se cercaba a “Diablo” y finalmente se le capturó. Entonces aparece Rodrigo Chaves llamándola “operación chiripa” y demás tonteras que han estado diciendo. ¿Al personal del OIJ le afecta ese tipo de actitudes?
No. Hay cosas que no puedo decir por cuestiones técnico-científicas, porque si nosotros contamos cómo fue que se hizo esa operación, cuáles son los detalles profundos, esas estrategias no nos van a servir para el futuro, y además ponemos en riesgo operaciones y personas.
El hecho de que se haya usado una palabra tan despectiva… realmente en el fondo tenemos muy claro cuál es nuestra misión, cuál es nuestro trabajo y ¿sabe qué es lo más importante?, ahí están detenidos. Todo lo demás que digan minimizando la operación, cuestionando cosas, manipulando videos, todo eso son cosas que no son ciertas y las personas están allí detenidas. La persona que falleció, se le hizo la autopsia, se entregó el cuerpo, entonces, evidentemente es una estrategia para minimizar el impacto de la operación.
Esto es lo que nos tiene que quedar: que lo hizo el OIJ aquí desde el Poder Judicial, con la Fiscalía, con un juez que nos ayudó, (la operación) fue exitosa. Todo lo demás no es de relevancia porque van a venir más golpes. Antes de que termine este año vamos a hacer algunos casos importantes, el otro año vamos a hacer más y probablemente todos los años que sigan. El OIJ se ha caracterizado, y se va a caracterizar, por hacer operaciones de alto impacto.
La entrada Captura del Diablo fue un operativo exitoso y vendrán más golpes aparece primero en Semanario Universidad.
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