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Normativa
Cómo la Ley Antipandillas puede aplicarse luego de los motines en cárceles y los ataques a la PNC
En octubre del 2025 se aprobó en el Congreso la Ley Antipandillas. La norma cuenta con mecanismos para ser utilizados en hechos como los ocurridos el último fin de semana.
la Redacción
18 de enero de 2026
|
19:31h
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La Ley Antipandillas otorga a estos grupos el tratamiento de organizaciones terroristas y establece que todos los procesos penales contra pandilleros deberán ser conocidos por juzgados de alto impacto. (Foto Prensa Libre: PNC)
Por consenso y mayoría, el Congreso de la República aprobó el decreto 11-2025, conocido como Ley Antipandillas, que tipifica como terroristas a los miembros de maras; también endurece las penas por delitos vinculados con estas estructuras criminales.
La normativa autoriza al Ministerio de Gobernación (Mingob) a utilizar hasta Q200 millones para la compra de equipo a países con los que Guatemala tiene convenios —no solo con Estados Unidos, como se planteó inicialmente—, con el fin de combatir a estos grupos.
El avance en la aprobación de esta ley ocurrió después de que el gobierno de Estados Unidos declarara terroristas a las pandillas, en una decisión que coincidió con la fuga de 20 pandilleros de la cárcel Fraijanes 2.
La Ley Antipandillas otorga a estos grupos el tratamiento de organizaciones terroristas y establece que todos los procesos penales contra pandilleros deberán ser conocidos por juzgados de alto impacto, debido a su peligrosidad y con el fin de garantizar la seguridad de jueces y fiscales.
Ley Antipandillas respalda acción inmediata
A continuación, el análisis del marco legal vigente con el Decreto 11-2025 tras los sucesos ocurridos entre el sábado 17 y domingo 18 de enero en Guatemala.
¿Qué herramientas legales contempla la nueva Ley Antipandillas que pueden ser utilizadas ante un amotinamiento y ataques coordinados por parte del Barrio 18?
La Ley Antipandillas, Decreto 11-2025, proporciona varias herramientas legales que el Estado puede aplicar en contextos como el descrito —es decir, amotinamientos prolongados en centros penitenciarios y ataques letales coordinados por estructuras criminales.
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Entre las más relevantes están:
Clasificación legal de maras y pandillas como estructuras terroristas:
- El artículo 4 de la ley permite designar formalmente a grupos como el Barrio 18 como organizaciones terroristas. Esta clasificación habilita al Estado a aplicar mecanismos más severos y a restringir ciertas garantías procesales, en concordancia con la Constitución y tratados internacionales.
Restricciones especiales en cárceles:
- El artículo 15 establece medidas de control penitenciario reforzado, incluyendo aislamiento estricto, suspensión de visitas, limitación de llamadas y uso de dispositivos electrónicos, así como el traslado inmediato a centros de alta seguridad si se detecta que los privados de libertad están dirigiendo ataques o coordinaciones externas.
Intervención forzosa con fines de recuperación del orden:
- La ley permite al Ministerio de Gobernación, en coordinación con la autoridad penitenciaria y con aval judicial, intervenir centros carcelarios donde existan indicios de control interno por parte de pandillas. Este poder se refuerza aún más con la declaración de un estado de Sitio, que se regula por la Ley de Orden Público y el Ejecutivo decretó la tarde del domingo 18 de enero.
Suspensión de derechos específicos bajo estados de excepción:
- Aunque esto está regulado por una ley distinta (Decreto 007-1965), la nueva Ley Antipandillas trabaja de forma complementaria, ya que los delitos cometidos por estructuras declaradas como terroristas no gozan de beneficios procesales ordinarios (como libertad condicional, redención de penas o medidas sustitutivas). Esto impide que los pandilleros capturados puedan salir fácilmente, incluso en fases previas del proceso penal.
Coordinación interinstitucional e internacional inmediata:
- La ley también refuerza la obligación del Estado de activar protocolos interinstitucionales de seguridad e inteligencia, incluyendo apoyo de las fuerzas militares, la cooperación internacional y el congelamiento de bienes asociados a las estructuras criminales.
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¿El Estado puede actuar de inmediato contra los pandilleros involucrados sin necesidad de esperar procesos judiciales largos?
Sí. La Ley Antipandillas elimina ciertos beneficios y establece una actuación penal más expedita. En concreto:
- Delitos como asesinato de agentes de seguridad, como los ocurridos en este domingo 18 de enero, amotinamientos armados, que también se registraron en el último fin de semana en tres cárceles y de manera simultánea, y terrorismo están tipificados como graves y de competencia de jueces de Mayor Riesgo, lo que permite la aplicación de medidas de coerción fuertes desde las primeras etapas del proceso.
- El artículo 18 también permite acciones urgentes de inteligencia y operativas si hay evidencia de coordinación entre internos y estructuras externas, lo cual aplica directamente al caso de ataques sincronizados desde la cárcel y en las calles.
¿Puede el Estado suspender garantías constitucionales o limitar libertades a nivel nacional para retomar el control?
Sí, pero bajo ciertas condiciones legales.
- El presidente puede y ya declaró un estado de Sitio conforme al artículo 139 de la Constitución y los artículos 19 a 24 de la Ley de Orden Público (Decreto 7-1965). Esta figura permite:
- Restringir derechos de reunión, locomoción, portación de armas y manifestación.
- Movilizar al Ejército para apoyar tareas de seguridad pública.
- Intervenir comunicaciones y domicilios con orden judicial.
- La Ley Antipandillas complementa esto al establecer que los delitos cometidos por estructuras terroristas no pueden beneficiarse de excusas absolutorias, y que toda acción estatal en este contexto tiene presunción de legitimidad si se enmarca dentro de lo regulado. Así lo explicó este domingo 18 de enero en conferencia de prensa el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
¿Qué impacto tiene esta ley en los procesos judiciales futuros contra los responsables de los moties y ataques a la PNC?
La ley dispone que todo miembro de maras o pandillas que cometa delitos en el contexto de su pertenencia a dicha estructura enfrenta agravantes de manera automática.
Además:
- La pertenencia a pandillas es un delito autónomo (artículo 12), con penas que pueden superar los 18 años de prisión, incluso sin necesidad de que se pruebe su participación directa en homicidios u otros crímenes.
- Se presume peligrosidad en los procesos de prisión preventiva, por lo cual los jueces tienen base legal para negar medidas sustitutivas.
- La reincidencia, liderazgo dentro de las pandillas o reclutamiento de menores agravan aún más las penas.
¿Qué limitaciones debe respetar el Estado para no incurrir en abusos durante la aplicación de esta ley?
Aunque la Ley Antipandillas permite un uso robusto del poder punitivo del Estado, debe respetarse el principio de legalidad, el debido proceso y los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales.
Toda detención, allanamiento o intervención debe estar avalada judicialmente, salvo en situaciones de flagrancia.
Las medidas en cárceles deben guardar proporcionalidad y condiciones mínimas de dignidad, conforme a la Ley del Régimen Penitenciario.
La clasificación de una estructura como terrorista no puede ser usada para perseguir a personas sin pruebas o con base en estigmatización, sino que debe seguirse un procedimiento administrativo y judicial riguroso.
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