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La detención del exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo Cabrera el 28 de julio de 2026, volvió a poner en discusión los mecanismos utilizados por las organizaciones criminales para relacionarse con candidatos, organizaciones políticas y gobiernos locales.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, el exfuncionario habría movido aproximadamente 3,2 millones de dólares entre 2023 y 2025 mediante empresas mineras y sería uno de los principales financistas de Los Lobos.
La operación dejó seis detenidos y cuatro compañías intervenidas. La Fiscalía investiga un supuesto lavado de activos vinculado con minería ilegaly distribución de explosivos. Bermeo atribuyó su detención a una persecución política, mientras Reimberg sostuvo que el procedimiento se basó en información recopilada por la Fiscalía, la Policía, la UAFE y organismos de inteligencia.
Hernán Moreano, experto en seguridad, explica que las organizaciones criminales pueden invertir recursos en candidaturas para distintas dignidades. También pueden cooptar a candidatos con el propósito de que respondan a los intereses del grupo que los financió.
Jean Paúl Pinto, experto en seguridad, señala que estos grupos buscan organizaciones políticas que necesitan recursos y ofrecen financiar sus campañas a cambio de incorporar candidatos o personas cercanas a las estructuras criminales.
Andrés Obando, especialista en comunicación política, sostiene que el objetivo no necesariamente es ganar una elección, sino asegurar acceso a los espacios donde se toman decisiones. Para conseguirlo, las organizaciones pueden financiar campañas, promover candidatos propios o respaldar perfiles que posteriormente respondan a determinados intereses.
La intervención no se limitaría al candidato. Pinto explica que las organizaciones criminales también pueden buscar la incorporación de personas recomendadas por ellas en cargos relacionados con las finanzas, la planificación, la tesorería, los proyectos y los pagos.
Desde esas funciones, las personas vinculadas a una estructura podrían intervenir en la contratación de proveedores y en la adjudicación de obras públicas. Según Pinto, el financiamiento puede estar condicionado a que determinados contratistas reciban proyectos para construir coliseos, canchas, sistemas de alcantarillado u otras obras.
Obando añade que la infiltración suele producirse mediante redes de contactos, operadores políticos, contratistas o terceros. Este mecanismo dificulta identificar el origen de los recursos y a las personas que se encuentran detrás del financiamiento.
Las organizaciones pueden apoyar a varios candidatos
Pinto indica que las estructuras criminales pueden financiar a más de un candidato dentro de la misma jurisdicción. El objetivo sería conservar influencia sobre la administración local, sin importar cuál de los postulantes resulte electo.
En ese mecanismo, la ideología del candidato no sería el elemento principal. El interés estaría en que la autoridad elegida mantenga los acuerdos establecidos con quienes aportaron recursos a la campaña.
Obando explica que las organizaciones también pueden influir en las alianzas territoriales. En determinadas zonas, el poder electoral depende de la movilización de votantes, las estructuras locales y el control del territorio, además de la publicidad electoral.
Los municipios y prefecturas administran presupuestos, contratan obra pública, otorgan permisos y mantienen relaciones con actores económicos de sus jurisdicciones. Para Obando, estas competencias explican por qué los gobiernos locales pueden convertirse en objetivos de las organizaciones criminales.
Actividades como el narcotráfico y la minería ilegal requieren control territorial. Las decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados pueden facilitar o dificultar las operaciones desarrolladas en esas zonas.
Moreano señala que la influencia puede reflejarse en autorizaciones para que grupos operen ilegalmente en minas de oro, contratos de construcción o falta de respuesta ante reclamos ciudadanos relacionados con la contaminación de ríos, bosques, lagunas y lagos.
Moreano identifica como una de las condiciones de riesgo la limitada presencia estatal en justicia, infraestructura, salud, educación y seguridad. En esos territorios pueden consolidarse grupos dedicados a la minería ilegal, el tráfico de drogas, las armas o los secuestros.
Pinto describe este escenario como gobernanza criminal o soberanía compartida. Según su análisis, las organizaciones aprovechan el control territorial para influir en candidaturas y en la conformación de los equipos que posteriormente integrarán los gobiernos locales.
Byron Sanmiguel, experto en seguridad, menciona entre las condiciones territoriales la presencia limitada del Estado, la existencia de economías ilícitas, las fronteras de difícil control, la pobreza, la exclusión y la violencia que afecta la participación política.
Pinto considera que el financiamiento constituye una de las primeras señales que deben ser revisadas. Una campaña con elevados gastos en publicidad, eventos, grupos musicales y material promocional puede requerir una verificación sobre el origen del dinero utilizado.
Sanmiguel advierte que ninguna señal permite concluir por sí sola que existe una relación entre una candidatura y una organización criminal. La coincidencia de varios indicadores puede justificar una investigación de las autoridades competentes.
Entre esos indicadores menciona financiamiento opaco, incrementos patrimoniales injustificados, relaciones con personas investigadas, apoyo territorial inusual, interferencia en instituciones, contratación pública irregular, obstáculos a la transparencia e intimidación.
Los controles deben continuar después de las elecciones, según los expertos. Pinto plantea revisar qué compañías reciben contratos, quiénes son sus propietarios, cuándo fueron creadas y si mantienen relaciones con funcionarios o personas vinculadas con la administración.
La adjudicación reiterada de obras a los mismos proveedores y la participación de empresas de reciente creación pueden ser elementos para una revisión. Esto no determina una responsabilidad, pero puede aportar información para una investigación.
Pinto también considera necesario revisar el patrimonio de los funcionarios que ocupan puestos relacionados con finanzas, compras y planificación. Los cambios patrimoniales, la adquisición de propiedades o los movimientos económicos sin justificación deberían ser analizados por la UAFE, el Servicio de Rentas Internas, bancos y cooperativas.
Obando señala que el sistema político ecuatoriano no fue diseñado para enfrentar organizaciones con recursos económicos, capacidad de intimidación y estrategias para acceder a espacios de poder.
Entre las debilidades identifica el limitado control sobre el origen del dinero que financia las campañas, una fiscalización principalmente posterior y la escasa coordinación entre organismos electorales, financieros, tributarios y de inteligencia.
Sanmiguel añade la falta de transparencia en la rendición de cuentas, la limitada capacidad de fiscalización electoral, la corrupción institucional, la demora en las investigaciones y los controles insuficientes sobre la contratación pública.
Obando propone fortalecer la trazabilidad bancaria, las auditorías y la capacidad técnica para detectar operaciones sospechosas antes, durante y después de una elección. También plantea mejorar los controles internos de los partidos durante la selección de candidatos.
Sanmiguel considera que el Consejo Nacional Electoral debería aplicar auditorías preventivas y posteriores, exigir cuentas bancarias únicas para las campañas, publicar información sobre los aportantes y verificar el origen de las contribuciones.
La UAFE podría monitorear operaciones inusuales y analizar posibles esquemas de lavado de activos. La Fiscalía tendría que investigar los casos en los que existan elementos sobre financiamiento ilícito y coordinar sus actuaciones con la Policía y los organismos financieros.
Sanmiguel plantea que las organizaciones políticas verifiquen los antecedentes de candidatos y directivos, realicen auditorías independientes, impidan aportes de origen no identificado y habiliten canales internos de denuncia.
Moreano considera necesario que la inteligencia estatal participe en la ubicación de capital relacionado con posibles operaciones de lavado y genere alertas tempranas frente a candidatos sospechosos de recibir dinero ilícito.
Los expertos coinciden en que el control requiere coordinación entre el CNE, la UAFE, la Fiscalía, las entidades tributarias, los organismos de inteligencia y las organizaciones políticas.
Sanmiguel puntualiza que los indicios financieros, patrimoniales o contractuales no determinan responsabilidades y deben ser comprobados dentro de una investigación con respeto al debido proceso.
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La detención del exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo Cabrera el 28 de julio de 2026, volvió a poner en discusión los mecanismos utilizados por las organizaciones criminales para relacionarse con candidatos, organizaciones políticas y gobiernos locales.
Según el ministro del Interior, John Reimberg, el exfuncionario habría movido aproximadamente 3,2 millones de dólares entre 2023 y 2025 mediante empresas mineras y sería uno de los principales financistas de Los Lobos.
La operación dejó seis detenidos y cuatro compañías intervenidas. La Fiscalía investiga un supuesto lavado de activos vinculado con minería ilegaly distribución de explosivos. Bermeo atribuyó su detención a una persecución política, mientras Reimberg sostuvo que el procedimiento se basó en información recopilada por la Fiscalía, la Policía, la UAFE y organismos de inteligencia.
El financiamiento del crimen organizado como mecanismo de ingreso en las campañas políticas
Hernán Moreano, experto en seguridad, explica que las organizaciones criminales pueden invertir recursos en candidaturas para distintas dignidades. También pueden cooptar a candidatos con el propósito de que respondan a los intereses del grupo que los financió.
Jean Paúl Pinto, experto en seguridad, señala que estos grupos buscan organizaciones políticas que necesitan recursos y ofrecen financiar sus campañas a cambio de incorporar candidatos o personas cercanas a las estructuras criminales.
Andrés Obando, especialista en comunicación política, sostiene que el objetivo no necesariamente es ganar una elección, sino asegurar acceso a los espacios donde se toman decisiones. Para conseguirlo, las organizaciones pueden financiar campañas, promover candidatos propios o respaldar perfiles que posteriormente respondan a determinados intereses.
El control también puede extenderse a los equipos
La intervención no se limitaría al candidato. Pinto explica que las organizaciones criminales también pueden buscar la incorporación de personas recomendadas por ellas en cargos relacionados con las finanzas, la planificación, la tesorería, los proyectos y los pagos.
Desde esas funciones, las personas vinculadas a una estructura podrían intervenir en la contratación de proveedores y en la adjudicación de obras públicas. Según Pinto, el financiamiento puede estar condicionado a que determinados contratistas reciban proyectos para construir coliseos, canchas, sistemas de alcantarillado u otras obras.
Obando añade que la infiltración suele producirse mediante redes de contactos, operadores políticos, contratistas o terceros. Este mecanismo dificulta identificar el origen de los recursos y a las personas que se encuentran detrás del financiamiento.
Las organizaciones pueden apoyar a varios candidatos
Pinto indica que las estructuras criminales pueden financiar a más de un candidato dentro de la misma jurisdicción. El objetivo sería conservar influencia sobre la administración local, sin importar cuál de los postulantes resulte electo.
En ese mecanismo, la ideología del candidato no sería el elemento principal. El interés estaría en que la autoridad elegida mantenga los acuerdos establecidos con quienes aportaron recursos a la campaña.
Obando explica que las organizaciones también pueden influir en las alianzas territoriales. En determinadas zonas, el poder electoral depende de la movilización de votantes, las estructuras locales y el control del territorio, además de la publicidad electoral.
Los gobiernos locales concentran decisiones territoriales
Los municipios y prefecturas administran presupuestos, contratan obra pública, otorgan permisos y mantienen relaciones con actores económicos de sus jurisdicciones. Para Obando, estas competencias explican por qué los gobiernos locales pueden convertirse en objetivos de las organizaciones criminales.
Actividades como el narcotráfico y la minería ilegal requieren control territorial. Las decisiones de los gobiernos autónomos descentralizados pueden facilitar o dificultar las operaciones desarrolladas en esas zonas.
Moreano señala que la influencia puede reflejarse en autorizaciones para que grupos operen ilegalmente en minas de oro, contratos de construcción o falta de respuesta ante reclamos ciudadanos relacionados con la contaminación de ríos, bosques, lagunas y lagos.
La ausencia del Estado facilita el control territorial
Moreano identifica como una de las condiciones de riesgo la limitada presencia estatal en justicia, infraestructura, salud, educación y seguridad. En esos territorios pueden consolidarse grupos dedicados a la minería ilegal, el tráfico de drogas, las armas o los secuestros.
Pinto describe este escenario como gobernanza criminal o soberanía compartida. Según su análisis, las organizaciones aprovechan el control territorial para influir en candidaturas y en la conformación de los equipos que posteriormente integrarán los gobiernos locales.
Byron Sanmiguel, experto en seguridad, menciona entre las condiciones territoriales la presencia limitada del Estado, la existencia de economías ilícitas, las fronteras de difícil control, la pobreza, la exclusión y la violencia que afecta la participación política.
Las señales pueden aparecer durante las campañas
Pinto considera que el financiamiento constituye una de las primeras señales que deben ser revisadas. Una campaña con elevados gastos en publicidad, eventos, grupos musicales y material promocional puede requerir una verificación sobre el origen del dinero utilizado.
Sanmiguel advierte que ninguna señal permite concluir por sí sola que existe una relación entre una candidatura y una organización criminal. La coincidencia de varios indicadores puede justificar una investigación de las autoridades competentes.
Entre esos indicadores menciona financiamiento opaco, incrementos patrimoniales injustificados, relaciones con personas investigadas, apoyo territorial inusual, interferencia en instituciones, contratación pública irregular, obstáculos a la transparencia e intimidación.
Las adjudicaciones también deben ser revisadas
Los controles deben continuar después de las elecciones, según los expertos. Pinto plantea revisar qué compañías reciben contratos, quiénes son sus propietarios, cuándo fueron creadas y si mantienen relaciones con funcionarios o personas vinculadas con la administración.
La adjudicación reiterada de obras a los mismos proveedores y la participación de empresas de reciente creación pueden ser elementos para una revisión. Esto no determina una responsabilidad, pero puede aportar información para una investigación.
Pinto también considera necesario revisar el patrimonio de los funcionarios que ocupan puestos relacionados con finanzas, compras y planificación. Los cambios patrimoniales, la adquisición de propiedades o los movimientos económicos sin justificación deberían ser analizados por la UAFE, el Servicio de Rentas Internas, bancos y cooperativas.
El sistema mantiene controles posteriores
Obando señala que el sistema político ecuatoriano no fue diseñado para enfrentar organizaciones con recursos económicos, capacidad de intimidación y estrategias para acceder a espacios de poder.
Entre las debilidades identifica el limitado control sobre el origen del dinero que financia las campañas, una fiscalización principalmente posterior y la escasa coordinación entre organismos electorales, financieros, tributarios y de inteligencia.
Sanmiguel añade la falta de transparencia en la rendición de cuentas, la limitada capacidad de fiscalización electoral, la corrupción institucional, la demora en las investigaciones y los controles insuficientes sobre la contratación pública.
Las medidas planteadas por los expertos
Obando propone fortalecer la trazabilidad bancaria, las auditorías y la capacidad técnica para detectar operaciones sospechosas antes, durante y después de una elección. También plantea mejorar los controles internos de los partidos durante la selección de candidatos.
Sanmiguel considera que el Consejo Nacional Electoral debería aplicar auditorías preventivas y posteriores, exigir cuentas bancarias únicas para las campañas, publicar información sobre los aportantes y verificar el origen de las contribuciones.
La UAFE podría monitorear operaciones inusuales y analizar posibles esquemas de lavado de activos. La Fiscalía tendría que investigar los casos en los que existan elementos sobre financiamiento ilícito y coordinar sus actuaciones con la Policía y los organismos financieros.
Los partidos también deben aplicar controles
Sanmiguel plantea que las organizaciones políticas verifiquen los antecedentes de candidatos y directivos, realicen auditorías independientes, impidan aportes de origen no identificado y habiliten canales internos de denuncia.
Moreano considera necesario que la inteligencia estatal participe en la ubicación de capital relacionado con posibles operaciones de lavado y genere alertas tempranas frente a candidatos sospechosos de recibir dinero ilícito.
Los expertos coinciden en que el control requiere coordinación entre el CNE, la UAFE, la Fiscalía, las entidades tributarias, los organismos de inteligencia y las organizaciones políticas.
Sanmiguel puntualiza que los indicios financieros, patrimoniales o contractuales no determinan responsabilidades y deben ser comprobados dentro de una investigación con respeto al debido proceso.
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