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Fabiola Pomareda García
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La Sala Constitucional se encuentra jurídicamente imposibilitada para dictar una resolución definitiva en 123 expedientes, debido a la falta de magistraturas suplentes.
Los expedientes paralizados abarcan asuntos en temas como salud, derechos sociales, laborales, económicos, de acceso a la justicia, control de actuaciones de instituciones públicas, derecho a la igualdad y protección de poblaciones en condición de vulnerabilidad, el derecho de acceso a la información pública, así como asuntos vinculados con la función legislativa y municipal, informó hoy la Sala.
Por ejemplo, 18 son casos de solicitudes de entrega total del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP); 16 son impugnaciones a la Ley de Empleo Público, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y pensiones del Poder Judicial; 10 son retrasos en resoluciones de varias instancias judiciales; y 11 se refieren a conflictos de infraestructura, agua y laborales (10 casos de La Unión y uno de Turrialba).
De los 123 expedientes con inhibitorias pendientes 99 corresponden a recursos de amparo; 21 a acciones de inconstitucionalidad; tres a consultas constitucionales o judiciales; y uno a un recurso de hábeas corpus.
La Sala Constitucional funciona con nueve magistraturas titulares y 12 suplentes. Los magistrados suplentes son indispensables cuando los titulares deben abstenerse de ver asuntos en los que puede presentarse algún conflicto de interés o en los que ya se han pronunciado previamente.
En setiembre de 2025, luego de un largo y minucioso proceso de selección, la Sala Constitucional remitió la Corte Plena una lista de 18 candidaturas para llenar nueve plazas de magistrados suplentes. La Corte validó la nómina y remitió la propuesta la Asamblea Legislativa; pero desde entonces y hasta el final de legislatura pasada la fracción oficialista bloqueó la posibilidad de que se eligiera una sola persona magistrada.
Ya en mayo, con nuevos diputados y con mayoría oficialista, comenzó el debate sobre el nombramiento de los nuevos magistrados y magistradas, pero nuevamente la fracción oficialista se rehusó a elegir. El 11 de julio el oficialismo aprobó una moción para devolver a la Corte la nómina, sin otra justificación más que no se había logrado una mayoría. La Corte Suprema resolvió que no había razón para alterar la nómina y la devolvió al plenario, donde ahora nuevamente los oficialistas han acordado no elegir ni una sola magistratura suplente.
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