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Álvaro Murillo
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El aporte que cada mes pagan los patronos sobre su planilla para el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) genera un fondo millonario que la entidad ya no necesita para su solvencia financiera, pero que el Poder Ejecutivo pretende mantener como monto obligatorio para financiar pensiones de personas adultas mayores que viven en pobreza y no lograron cotizar en ningún sistema de jubilación.
El anuncio lo hizo la presidenta Laura Fernández este miércoles al presentar su proyecto de ley para financiar pensiones del régimen No contributivo (RNC) con el dinero que el Banco Popular aún recibe del pago obligatorio de los patronos, correspondiente a un 0,25% de la planilla, a pesar de que ya no necesita incrementar su capital con ese tipo de carga parafiscal.
“El Banco Popular cuenta con una capacidad suficiente para sostener su operación y su crecimiento proyectado en el mediano plazo, sin requerir refuerzos patrimoniales adicionales de carácter permanente (…) En ningún apartado del análisis se identifica una situación de vulnerabilidad que justifique la necesidad de capitalización externa adicional”, dice la justificación del proyecto de ley 25.721 tendiente a reformar la Ley Orgánica de la entidad.
El pago obligatorio de los patronos hizo que en 2025 quedara al Banco un monto de ₡37.506 millones. En lugar de plantear una reforma para reducir el monto que deben pagar los patronos, el Poder Ejecutivo pretende redirigir ese dinero al RNC bajo manejo de la CCSS, pues calcula que con esa suma se puede cubrir el total de la demanda pendiente de pensiones de ese tipo, con más de 31.000 beneficios de ₡82.000 la mayoría.
““El banco nos dijo: ‘estoy sobrecapitalizado, no me hacen ni cosquillas que se lleven ese 50% de la cuota del aporte patronal’”, dijo la presidenta Fernández al anunciar uno de los ocho proyectos de ley presentados al celebrar los 100 días de su gobierno.
El texto incluso cita un informe de la calificadora Moody’s, que dio al BPDC una calificación favorable, con indicadores que «permiten concluir que el Banco Popular cuenta con una capacidad suficiente para sostener su operación y su crecimiento proyectado en el mediano plazo, sin requerir refuerzos patrimoniales adicionales de carácter permanente», en referencia a ese aporte patronal.
La Ley indicaba que el aporte patronal es del 0,5%, pero una mitad de este se había destinado años atrás al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Queda un 0,25% que ahora se pretende destinar al RNC. Esto no implica cambios en el rebajo de 1% que se hace al salario de las personas trabajadoras (por ejemplo, 5.000 cada mes a quien gana 500.000), lo cual se mantiene invariable a pesar de la “sobrecapitalización” que se acredita al BPDC.
UNIVERSIDAD publicó en septiembre que las pensiones del RNC están sometidas a una demanda creciente en la última década al pasar de 12.357 solicitudes en el 2015 a 31.363 en el 2024, un incremento de un 153%, mientras los beneficios aprobados aumentaron sólo un 45%. Se trata del régimen que atiende a quienes no tienen acceso a una pensión de los regímenes contributivos. Incluye casos de vejez, invalidez, indigencia, y viudas o huérfanos en condición vulnerable; ahora hay poco más de 150.000 personas beneficiarias.
La entrada Banco Popular no necesita aporte patronal y Gobierno planea dirigirlo a pensiones de personas necesitadas que no cotizaron aparece primero en Semanario Universidad.
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