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Mario Bermúdez Vives
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El balance del primer período de sesiones extraordinarias bajo el control del Partido Pueblo Soberano (PPSO) evidencia que la bancada viene perdiendo fuelle, a pesar de su dominio de los puestos de dirección y su mayoría en el Plenario.
Luego de este primer período en el que el Poder Ejecutivo controla la agenda legislativa, los resultados van de más a menos, luego de que controlara la elección de todos los puestos del Directorio, consolidando las expectativas, al convertirse en la primera fracción oficialista con mayoría simple (31 diputados) en más de 40 años. Eso le permitió nombrar a Yara Jiménez, una diputada de confianza absoluta del expresidente Rodrigo Chaves, como presidenta legislativa.
A su vez, eso le permitió disponer de mayoría en prácticamente todas las comisiones legislativas -con excepción de Agropecuarios- y ganar sus respectivas presidencias.
Sin embargo, la cosecha de leyes incluso fue inferior del primer período de sesiones extraordinarias del 2022, cuando el oficialista Progreso Social Democrático -entonces vehículo oficial del chavismo- logró 31 leyes en esos primeros tres meses. En el actual período, el balance es de 16 leyes logradas, casi la mitad, a pesar de que la bancada oficialista del anterior Congreso tenía solo diez curules.
A su vez, hay una tendencia a reducir el ritmo: en el primer mes se lograron 8 votaciones de primer debate y 9 de segundo; en junio las votaciones fueron 7 en primer debate y 4 en segundo debate, y en julio se votaron 8 leyes en primer debate y únicamente 3 en segundo debate.
Parte de esta situación se puede apreciar en la fuerte polarización oficialismo-oposición, que motivó que las cuatro bancadas de oposición anunciaran un “Bloque Patriótico” para coordinar acciones en defensa de la institucionalidad. No les da votos para revertir decisiones que requieren mayoría simple, pero han obligado a negociaciones en temas como el trámite del proyecto para legalizar la minería a cielo abierto en Crucitas.
Pero la pérdida del empuje oficialista también se reflejó en las resoluciones de la presidenta Yara Jiménez, que logró imponer la primera, para archivar los informes de la comisión legislativa que investigó las denuncias de acoso sexual del ex diputado y aliado del chavismo Fabricio Alvarado. Esto provocó el reclamo de la oposición, pero la mayoría del PPSO blindó la decisión de Jiménez.
Sin embargo, luego de esta polémica, Jiménez ha dictado tres resoluciones que fueron revertidas, a pesar del respaldo del PPSO, con fallos de la Sala Constitucional: el rechazo a la apelación de las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko a realizar permutas en comisiones, y las dos decisiones de devolver a la Corte la nómina de candidatos suplentes para la Sala IV. Precisamente, sentencias de la Sala Constitucional anularon esas resoluciones, evidenciando que la mayoría oficialista no implica patente de corso para imponer su voluntad a discreción. Tres de cuatro resoluciones de Jiménez anuladas, un balance de un 75% revertidas no es para presumir.
Y el oficialismo también ha visto como dos expedientes de su interés quedan en vilo: la ley de Armonización Eléctrica, en la que daba por descontado un apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN) que no se ha concretado para la segunda votación, y la reforma para permitir el patrocinio de alcohol en actividades deportivas, que luego de su primer debate fue archivada, por un descuido para no ampliar su plazo cuatrienal.
Sin embargo, en las leyes aprobadas, logró el avance de los tres créditos que la presidenta Fernández había solicitado a la anterior Asamblea Legislativa, entre ellos, el financiamiento para el Tren Rápido de Pasajeros (TRP), y la aprobación de la autorización a Japdeva para potenciar el desarrollo de alianzas estratégicas (este era uno de los puntos polémicos que se incluyeron en la fallida ley Jaguar).
Precisamente estos temas fueron resaltados por Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, en un balance que hizo del primer período de extraordinarias, que calificó de «exitoso», alegando que se logró «concluir» la agenda heredada de la administración anterior, y resaltando «acuerdos importantes» para resolver temas como la Marina de Limón (proyecto de Japdeva)
Pero los grandes esfuerzos del Ejecutivo se concentraron en cruzadas pendientes: primero, el proyecto 24.717 para autorizar la minería a cielo abierto en Crucitas, al que se presentaron más de 600 mociones, pero las conversaciones del Gobierno con oposición han permitido el retiro de varias de ellas, a la búsqueda de un posible texto de consenso. El segundo gran esfuerzo desplegado por el oficialismo ha sido su guerra particular con el Poder Judicial, con su clamor para no apoyar la reelección de ningún magistrado -lanzada por el diputado José Miguel Villalobos desde el 27 de mayo- y su bloqueo tenaz a la elección de magistrados suplentes para la Sala Constitucional, votando en blanco en todas las elecciones durante el actual Congreso, y devolviendo en dos ocasiones la nómina, a pesar del rechazo de la oposición.
La reciente sentencia de la Sala Constitucional reiterando que los diputados deben elegir de la nómina pone en jaque esa postura, pero también debilita, de entrada, los planteamientos de la bancada oficialista de cara a la comisión para reformas al Poder Judicial, que sería votada en un par de semanas, y en las que dependerán, una vez más, de lograr acuerdos, dado que deberán contar con el aval de los magistrados para los cambios, y en caso de que no fuera así, requerirían del respaldo de 38 diputados, lo que obligaría a acuerdos con legisladores de oposición.
El balance apunta a una bancada oficialista que empezó con el acelerador a fondo, ignorando a la oposición cuando no se allana a sus prioridades, pero que está teniendo tropiezos crecientes en su ruta, por lo que está teniendo que buscar formas de negociar con estas bancadas. En la acera de enfrente, la oposición pareciera tener maniobrabilidad limitada, más allá de recurrir a grandes cantidades de mociones, y buscar el respaldo de la Sala Constitucional ante lo que consideran como constantes excesos del oficialismo. Una alternativa que podría ser creciente: en la reforma a la ley de Radio para actualizar el pago del espectro radioeléctrico, varios diputados alegaron dudas sobre la posibilidad que el Gobierno pueda quitar concesiones con relativa facilidad según la reforma propuesta, pero que se habrían canalizado principalmente por una consulta de constitucionalidad.
En todo caso, con la llegada de las sesiones ordinarias, habrá que empezar a tomar nuevamente el pulso a la dinámica polarización-negociación que tanto cuesta al Gobierno, y temas que quedaron postergados, como la discusión de las jornadas laborales de doce horas, que el chavismo etiquetó como prioridad en la anterior administración, y en esta quedó relegada. Precisamente, Acosta anunció en su balance que esperan priorizar temas como el rescate de Armonización Eléctrica, lograr un acuerdo para aprobar la reforma para Crucitas y desempolvar las Jornadas Laborales, que será la prioridad en los siguientes meses.
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