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Ignacio Ortiz Salas
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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) únicamente había ejecutado una cuarta parte de los recursos nacionales comprometidos para proyectos de agua potable y saneamiento financiados con créditos externos al cierre del tercer trimestre de 2025, según una investigación divulgada este 29 de junio por la Defensoría de los Habitantes.
De acuerdo con el informe, el monto vigente de las contrapartidas nacionales destinadas a complementar esos programas ascendía a $126,4 millones. Sin embargo, para el cierre del 2025 el AyA solo había ejecutado cerca de $32 millones, mientras que $94,4 millones permanecían sin utilizar, lo que equivale a aproximadamente tres cuartas partes de los recursos comprometidos.
La investigación analizó la gestión de proyectos desarrollados en la Gran Área Metropolitana (GAM) entre 2019 y 2024 mediante el cotejo de información proveniente de distintas fuentes institucionales del AyA, la Contraloría General de la República y el portafolio institucional de inversiones.
El objetivo era verificar la consistencia de la información utilizada para planificar y dar seguimiento a las inversiones en infraestructura de agua potable y saneamiento.
Como resultado, la Defensoría concluyó que la institución presentó deficiencias importantes para consolidar y dar trazabilidad a sus proyectos de inversión.
Entre los principales hallazgos figura que el AyA no contó con un portafolio institucional consolidado de proyectos sino hasta 2024. Antes de esa fecha, la información se encontraba distribuida en distintas bases de datos y registros institucionales, lo que dificultaba conocer con precisión el estado de las obras, las fuentes de financiamiento, los responsables de cada proyecto y su nivel de avance.
La investigación también documentó diferencias relevantes entre los registros institucionales. En algunos proyectos se encontraron discrepancias de varios años entre las fechas de inicio y finalización reportadas por distintas fuentes y, en ciertos casos, las diferencias alcanzaban cerca de una década. Asimismo, identificó variaciones en las estimaciones de costos de una misma obra según la fuente consultada, lo que dificulta establecer con precisión cuánto se presupuestó originalmente, cuánto terminó costando cada proyecto y cómo evolucionó financieramente durante su ejecución.
El informe también detectó diferencias entre el avance físico de algunos proyectos y el ritmo de ejecución de los recursos financieros. El programa financiado mediante el crédito BCIE 2129 presentó la mayor brecha observada, con un avance físico del 57,8% frente a un avance financiero del 36,9%, equivalente a una diferencia de 20,9 puntos porcentuales. Por su parte, el programa BCIE 2164 registró un avance físico del 48,4% y un avance financiero del 35,8%, para una diferencia de 12,6 puntos porcentuales.
En un comunicado de prensa la presidenta ejecutiva del AyA, Lourdes Sáurez, afirmó que los hallazgos de la Defensoría reflejan problemas heredados de administraciones anteriores y sostuvo que la institución ha impulsado cambios desde 2022 para corregir esas deficiencias.
«El informe que saca la Defensoría señala temas importantísimos, lo que viene a demostrar que desde años pasados hasta el año 2022 el AyA no había trabajado de forma correcta ni de forma transparente ni de forma acelerada. Tampoco tenían una línea clara de qué proyectos trabajar», manifestó.
Sáurez añadió que a partir de 2022 comenzó un proceso de reorganización institucional y destacó que en 2024 se consolidó un portafolio de proyectos, uno de los aspectos cuya ausencia fue señalada en la investigación de la Defensoría. Según indicó, ese proceso ha permitido acelerar la ejecución de recursos y materializar obras que permanecían rezagadas, aunque reconoció que aún existen oportunidades de mejora.
Por su parte, el Sindicato de Trabajadores del AyA aseguró que el informe respalda cuestionamientos que la organización había realizado sobre la gestión de la cartera de proyectos de inversión.
El sindicato sostuvo que, además de los problemas históricos identificados por la Defensoría, persisten obras que no han entrado plenamente en operación, entre ellas los tanques de Guadalupe, La Uruca, Valle Horizonte y Monasterio, en Escazú. También solicitó a la administración abrir una investigación para determinar las responsabilidades por los atrasos y la situación de esos proyectos.
La Defensoría recordó que los proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento suelen ejecutarse durante largos períodos y requieren procesos técnicos, administrativos y financieros complejos, por lo que el seguimiento oportuno de los recursos y la trazabilidad de los costos constituyen elementos fundamentales para garantizar que las inversiones se traduzcan en mejoras efectivas para la prestación de los servicios.
La entrada AyA solo ejecutó uno de cada cuatro dólares de los recursos comprometidos para proyectos de agua potable y saneamiento aparece primero en Semanario Universidad.
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