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Vinicio Chacón Soto
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A las puertas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) celebra que está en marcha la segunda etapa del proceso de implementación para el cambio de jornada de las personas asistentes de servicios infantiles, otrora llamadas tías, del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
A finales de febrero el PANI publicó en sus redes sociales que buscaba oferentes para 155 plazas para esa labor, en Cartago, Heredia, Puntarenas y la zona Sur. Tal contratación es parte del cumplimiento de las órdenes que un informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2022 sobre el caso de la cuidadora Helena Téllez Blanco, que fue llevado por el Cejil.
Lucas Mantelli, coordinador jurídico del Centro, recordó que Téllez “trabajó durante muchos años como tía sustituta, que era el nombre que que recibían en ese momento, en albergues del PANI” y que “estas funcionarias estaban encargadas del cuidado directo de niños y niñas y también adolescentes en situación de abandono y vulnerabilidad, la mayoría de ellos”.
Añadió que “estaban sometidas a jornadas muy extensas, o sea, en la práctica hacían jornadas donde trabajaban once días consecutivos con turnos de doce horas de trabajo efectivo y doce horas de de disponibilidad en el mismo lugar”. Es decir, pernoctaban en el mismo albergue durante once días con tres de descanso.
“Pero claramente, en la práctica esas doce horas de trabajo efectivo y doce horas de disponibilidad, no había una limitación porque cuidaban a niños y a niñas y convivían en el mismo espacio, en el mismo albergue. Entonces, prácticamente era una jornada de trabajo de 24 horas durante once días consecutivos”, detalló.
Así, cuando se llevó el caso a la CIDH “se pudo demostrar que la jornada era ilegal y iba en contra de la Convención Interamericana de Derechos Huamnos, pero que a su vez tuvo impactos serios en la salud física y mental de doña Helena y que claramente la jornada laboral afectaba a las auxiliares de cuidado”.
Por ello la Comisión en su informe ordenó al Estado costarricense ajustar ese régimen laboral y “adoptar medidas que aseguren que la jornada sea razonable, que se proteja la salud y también algunas reformas estructurales que prevengan que estas situaciones vuelvan a suceder”.
Mantelli destacó además “la dimensión de género” que tiene el caso, pues el trabajo de auxiliares de cuido, “estaba compuesto prácticamente por mujeres y fue diseñado bajo la idea de que ellas debían cumplir un rol similar al de una madre dentro de un albergue. Es decir, tenían que criar, educar, cocinar y atender los niños y esto era como una extensión natural del del rol femenino”.
Es decir, además de la reparación a la víctima, se estableció medidas de no repetición, “orientadas a que los hechos que dieron lugar a las violaciones no vuelvan a suceder.”
Tras destacar que el Estado “ha dado cumplimiento a la mayoría de las recomendaciones que estableció la Comisión Interamericana en su informe”, observó que “actualmente queda pendiente el cambio de la jornada de trabajo para el resto de las auxiliares de cuido que se encontraban en las mismas condiciones y que aún se encuentran bajo esa jornada laboral”.
Mientras tanto, existe un plan calendarizado para ir reformando por región y por albergues esos cambios de jornada. La primera fase inició el año pasado. Esta contratación anunciada en febrero es la segunda etapa y la tercera y cuarta se llevarán a cabo en 2027 y 2028.
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