A
Ashley Quesada
Guest
La presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, afirmó este martes ante la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia que la institución recibió más de 96 mil denuncias durante 2025 y que, al corte de marzo de este año, más de 89 mil ya habían sido atendidas, mientras más de 7 mil seguían en proceso.
La comparecencia se dio en el marco del expediente 25010, una investigación legislativa sobre la capacidad del PANI para garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Garza sostuvo que el incremento de denuncias ha sido sostenido entre 2024 y 2025 y que la mayor presión se concentra en zonas específicas del país, especialmente en la Región Huetar Caribe y Cartago.
Según explicó, en esas regiones los procesos tardan más por razones logísticas y de traslado, y en algunos casos por la presencia de territorios indígenas. Mencionó que han habido casos donde se tarda hasta tres días en llegar a un hogar. Añadió que en la Región Huetar Caribe se inauguró la oficina de Matina y en Cartago la de El Guarco como parte de la respuesta institucional al crecimiento de la demanda.
Entre tanto, el cuestionamiento se movió hacia la capacidad del patronato para absorber ese volumen de casos. Garza indicó que el PANI cuenta con alrededor de 1.600 funcionarios, de los cuales un 6% corresponde a personal administrativo. Señaló además que la atención directa de denuncias recae en diez departamentos de atención y respuesta inmediata, 59 oficinas locales y equipos de investigación preliminar.
Un dato del asesor sindical de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Jeffry Hernández, se suma a todo lo anterior, pues declaró el pasado martes que aproximadamente en 80% de sedes del PANI presenta sobrecarga laboral.
El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, planteó si esa cantidad resulta suficiente para atender la carga de trabajo que enfrenta la institución y consideró que podría no alcanzar para la demanda real, en vista de que cada funcionario podría estar atendiendo más de cien casos.
Según Acuña, eso abre interrogantes sobre la capacidad de la institución para responder con la urgencia que requieren los expedientes de niñez y adolescencia.
Además, salió nuevamente a la conversación la priorización de las denuncias que recibe el PANI. Al consultarle acerca de la clasificación de prioridades 1, 2 o 3 y qué criterios se usan, Garza explicó que las denuncias ingresan por distintas vías, como el 911, la línea 1147, redes sociales y llamadas anónimas, para luego ser canalizadas a la oficina local correspondiente, donde el coordinador realiza la valoración inicial y asigna la prioridad.
De acuerdo con la jerarca, la prioridad 1 tiene un plazo de 24 horas; la 2, de cinco días y la prioridad 3, de 20 días.
No obstante, Acuña advirtió que el punto de fondo es qué significa que una denuncia esté atendida y señaló que no debería presentarse como un caso atendido uno que apenas inició gestiones preliminares. Además, pidió que el PANI remita por escrito el modelo de procesos atencionales para aclarar esos criterios y sostuvo que la institución necesita mayor precisión para transparentar cómo reporta sus casos como atendidos.
Garza manifestó que una denuncia no permanece “esperando en un buzón”, sino que desde que entra al sistema ya recibe un análisis de prioridad y puede dar paso a actuaciones como solicitudes de información, llamadas telefónicas, citas o referencias. También recordó que un proceso puede prolongarse durante meses, especialmente cuando requiere coordinación con otras instituciones.
La sesión también dejó espacio para el antecedente que la comisión ya venía siguiendo desde la semana pasada sobre la investigación que el PANI abrió contra la hija del excandidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, tras la difusión de un video en redes sociales.
La sesión también retomó el antecedente de la investigación que el PANI abrió contra la hija del excandidato presidencial Álvaro Ramos, cuya priorización había sido cuestionada en la comisión la semana anterior.
Más tarde, el diputado Pedro Rojas apuntó a la preocupación por un PANI que no da a basto. Consideró que parece más una institución reactiva, absorbida por la atención de denuncias, que una entidad con suficiente músculo preventivo para atacar las causas de la violencia contra la niñez.
Garza resaltó que la institución ha reforzado su trabajo en prevención y promoción de derechos mediante centros de intervención temprana, unidades móviles, academias de crianza, consejos participativos, el programa Espacio Seguro y la capacitación de más de 400 policías en derechos de niñez y adolescencia.
La presidenta ejecutiva explicó además que el PANI trabaja de forma articulada con el OIJ, la Fiscalía, la Fuerza Pública, el Hospital de Niños y Migración dentro del Sistema Nacional de Protección. Agregó que muchas de las intervenciones tienen origen familiar, al que describió como el epicentro de buena parte de las vulneraciones de derechos que atiende la institución.
Finalmente, el diputado Rojas puso el foco en que el patronato no había abordado con suficiente detalle el tema de infraestructura en su exposición inicial. Ante esto, Garza dijo que existe una ruta de expansión de oficinas locales que incluye Palmares, Atenas, San Rafael, Santa Bárbara, Tirrases, Curidabat, Coronado, Escazú, entre otros.
Garza aseguró que conoce el funcionamiento de las oficinas y que ha dado seguimiento a planes de contingencia, apoyos temporales y refuerzos desde oficinas centrales para atender la presión que enfrentan algunas sedes.
La gerente administrativa del PANI añadió que el patronato no ejecutó la mayor parte de los fondos previstos para ese rubro y que una parte importante de las limitaciones responde a trámites administrativos y permisos externos, aunque dijo que remitirán el detalle por fuente de financiamiento.
La comparecencia dejó así encendidas las dudas de los legisladores sobre la capacidad del PANI para responder al volumen de denuncias que recibe, la forma en que contabiliza sus casos como atendidos, la presión sobre oficinas específicas y trabajadores y el alcance de sus mecanismos de prevención, infraestructura y respaldo operativo.
La entrada Aumento de denuncias en el PANI: Diputados dudan que su estructura alcance para atenderlas aparece primero en Semanario Universidad.
Sigue leyendo...