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Adrián Z. Rivero
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“Elegí —como lo he hecho siempre— que fueran los hechos, y no el ruido, los que hablaran”. Con esa frase, la auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Sofía Machuca, se refirió a la desestimación de una denuncia presentada en su contra por el Gobierno de Rodrigo Chaves a finales de 2024, anunciada en ese momento como un caso sin precedentes.
“Es posiblemente uno de los escándalos de corrupción más descarados y grandes que hemos visto en esta patria, y este Gobierno no deja pasar esas cosas”, dijo Chaves el 11 de diciembre de 2024, en el espacio semanal que el Ejecutivo denomina “conferencia de prensa”.
En aquella ocasión, el Gobierno había dicho que la denuncia penal incluía, además de Machuca, a la empresa Huawei y a su entonces gerente, Yang Peng; a los exgerentes de Telecomunicaciones, Luis Diego Abarca, Jaime Palermo y Carlos Mecutchen; y al exjefe de la División de Desarrollo y Construcción de la Red, Douglas Quesada. A todos ellos, el Gobierno de Estados Unidos les retiró su visa de viaje algunas semanas después.
Entre los delitos atribuidos por el Ejecutivo estaban supuestos incumplimientos de deberes, influencia en contra de la Hacienda Pública, fraude de ley, estafa, cohecho propio, tráfico de influencias, según reportó UNIVERSIDAD en ese entonces..
Sin embargo, todo ese alboroto cayó desplomado luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) informara que el caso, tramitado bajo el expediente 24-000461-1218-PE, fue desestimado por atipicidad: “Los hechos denunciados no son delito”, indicó esa instancia a este Semanario.
El Ministerio Público pidió la desestimación desde el 30 de setiembre de 2025 y el juzgado correspondiente confirmó que se acogió dicha solicitud mediante resolución del 10 de noviembre de 2025.
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“Los hechos denunciados no son delito” había informado la Fiscalía, instancia que elevó al Juzgado la solicitud de desestimación.
“El trabajo honesto y responsable prevalece”, dice auditora
Este lunes, algunos días después de que circulara la noticia sobre la desestimación del caso, Machuca envió un comunicado a los medios de comunicación en donde señala que “este resultado acredita la verdad”.
“Confirma que mi actuación se ha mantenido, en todo momento, dentro del marco de la legalidad, con rigor técnico, independencia, probidad y apego irrestricto a los principios de la función pública”, indicó la auditora general.
La funcionaria del ICE destacó que la investigación del Ministerio Público concluye que ella investigó y actuó de acuerdo con sus deberes “de manera oportuna”, además de que las actuaciones que se le pretendía imputar no correspondían a sus responsabilidades directas, sino que competían a otras instancias dentro de la administración.
“En diciembre de 2024 se realizaron, en un espacio público y desde la más alta investidura del Poder Ejecutivo, una serie de señalamientos en mi contra, atribuyéndome conductas que, además de falsas, resultaban profundamente deshonrosas, con efectos difamatorios”, agregó Machuca.
La auditora también manifestó que “los mecanismos de control y denuncia deben emplearse con ética, responsabilidad, rigor y seriedad”, ya que “cuando se desnaturalizan, no solo desinforman a la ciudadanía, sino que también desvían la atención de las verdaderas responsabilidades”.
“El 19 de marzo de 2025 manifesté que las denuncias presentadas en mi contra serían mi principal carta de defensa. Así ocurrió. Y, aunque resulte paradójico, este proceso permitió evidenciar —mediante una investigación formal— el cumplimiento de mi deber. El trabajo honesto y responsable prevalece cuando los hechos son sometidos al escrutinio de las instancias competentes”, añadió la funcionaria.
Finalmente, Machuca dijo que “la integridad no es negociable” y aseguró que continuará ejerciendo su rol con “valentía, convicción social y sentido de responsabilidad”.
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