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Adrián Z. Rivero
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Pese a que la Auditoría Interna del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) advirtió a la Dirección de Proveeduría de varios elementos sobre el multimillonario contrato directo a Cisco para la red de transporte, de cualquier forma fue adjudicado por $37,09 millones (unos ₡17.300 millones) al consorcio Datasys-ITS.
Respecto a este tema, UNIVERSIDAD ha realizado una investigación periodística exclusiva en la que se reveló cómo, en el marco de un proyecto “confidencial”, la adquisición pasó de estar planteada como una compra abierta (con participación de cualquier fabricante) a una “contratación directa por excepción” para la compra de equipos específicamente del fabricante estadounidense Cisco.
Una red de transporte es una compleja infraestructura que distribuye (lleva y trae) información (voz, datos, video, etc.) entre los diferentes usuarios finales, según explicó el ingeniero Teodoro Willink, experto en Telecomunicaciones, en declaraciones previas brindadas a este medio. En términos simples, es parte del trayecto por donde viajan, por ejemplo, mensajes o llamadas desde un teléfono celular a otro.
La contratación actualmente es investigada en tres causas penales dirigidas por el Ministerio Público, en los expedientes 25-000149-0033-PE, 25-000153-0033-PE y 25-000041-1218-PE. Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR) también confirmó su propia investigación.
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Auditoría hizo señalamientos a Proveeduría
Aunque durante meses recibió múltiples cuestionamientos de diversos sectores, la contratación fue adjudicada el pasado 25 de marzo, nueve días hábiles después de la fecha máxima de adjudicación, que era el 12 de marzo. Así consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), bajo el expediente 2025XE-000703-0000400001.
“Se realiza la adjudicación fuera del plazo ya que fue necesaria la revisión por parte de la Dirección Proveeduría por consultas planteadas por la Auditoria”, dice un documento disponible en Sicop, en donde se justifica la situación.
Ante esto, UNIVERSIDAD consultó tanto a la Auditoría como a la Proveeduría cuáles fueron esas “consultas” y cuál fue la respuesta que se brindó.
Sin embargo, el ente auditor aclaró, contrario a lo que quedó señalado en Sicop, que “no formuló consultas técnicas o jurídicas dirigidas a obtener un criterio específico de la Dirección de Proveeduría respecto de la adjudicación del procedimiento de contratación N.º 2025XE-000703-0000400001”.
De acuerdo con la Auditoría, su actuación más bien consistió en “la remisión formal de antecedentes documentales y elementos de valoración relacionados con el procedimiento citado”, los cuales fueron enviados en el oficio N.º 0019-010-2026 del 5 de marzo de 2026 a la Dirección de Proveeduría, 20 días antes de la adjudicación.
Según la Auditoría, la gestión alertaba a la Proveeduría del ICE sobre elementos como la «trazabilidad documental, consistencia del expediente administrativo, tratamiento de actuaciones incorporadas al procedimiento y condiciones de participación dentro del concurso» para que fueran valoradas por la administración.
“Dicha gestión se efectuó dentro del marco competencial de la Auditoría Interna y tuvo como finalidad poner en conocimiento de la instancia competente elementos asociados con la trazabilidad documental, consistencia del expediente administrativo, tratamiento de actuaciones incorporadas al procedimiento y condiciones de participación dentro del concurso, para su valoración en el ámbito de las competencias propias de la Administración Activa”, dice la respuesta enviada a este medio.
De igual forma, la Auditoría señaló que su accionar no fue “una instrucción, autorización o condicionamiento respecto de la adjudicación, suspensión, modificación o resolución del procedimiento de contratación, ni implicó sustituir las competencias legales atribuidas a la Administración Activa en materia de contratación pública”.
Por su parte, la Proveeduría indicó a UNIVERSIDAD que “la información consultada es catalogada confidencial” de acuerdo con el artículo 6 de la Ley General de Control Interno (8292) y los artículos 2 y 8 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (8422).
Entre otras cosas, la normativa referenciada establece la confidencialidad de la información “cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo” y de la identidad de los denunciantes “bajo la creencia razonable de que la información proporcionada demuestra la posible comisión del acto de corrupción”.
En su breve respuesta, la instancia agregó que “de parte de la Dirección de Proveeduría no se ha recibido notificación de inicio de investigación fiscalizadora en torno a esta contratación”.
La semana pasada, este semanario también dio a conocer que la Auditoría Interna del ICE presentó al Ministerio Público una denuncia penal relacionada con este contrato, correspondiente al expediente 25-000041-1218-PE.
El ente auditor aseguró que realizó un “análisis inicial de presuntos hechos irregulares” vinculados al contrato, que habrían ocurrido entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, pero declinó dar más detalles “debido a la existencia de actuaciones en curso y al deber legal de confidencialidad que rige este tipo de investigaciones”.
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Se trata de la tercera causa penal que tramita el Ministerio Público alrededor de esta contratación. Las otras dos suman más de 20 investigados, entre ellos, el expresidente Rodrigo Chaves.
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