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Monserrat Cordero Parra
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La Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) advirtió recientemente sobre la existencia de riesgos recurrentes en la gestión, control y uso de medicamentos estupefacientes y psicotrópicos, tales como el fentanilo, la morfina, la ketamina y el clonazepam.
En el oficio AS-ASALUD-0047-2026, del 19 de mayo anterior, el ente auditor señaló la existencia de debilidades en la trazabilidad y en los registros de información asociados a la prescripción, despacho, administración, devolución y custodia de medicamentos controlados.
Específicamente, la Auditoría halló registros incompletos o ausentes en el EDUS, prescripciones sin respaldo clínico suficiente, omisiones en la anotación de dosis, frecuencia, duración del tratamiento, así como falta de evidencia de la administración efectiva del medicamento al paciente.
“Estas deficiencias limitan la posibilidad de reconstruir el recorrido del fármaco a lo largo de la cadena de uso y custodia, y debilitan la rendición de cuentas sobre su manejo”, se lee en el texto.
A esto se suma el riesgo de uso indebido, inapropiado o no autorizado de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, tales como fentanilo, morfina, ketamina y clonazepam.
En esa línea agregaron que las prescripciones incompletas, la ausencia de justificación clínica debidamente documentada y las incongruencias entre el médico prescriptor y quien consigna la indicación en los registros clínicos generan condiciones que facilitan el desvío del medicamento hacia fines distintos a los terapéuticos, así como prácticas que no necesariamente responden a una adecuada valoración médica ni a los principios de uso racional de medicamentos.
Uno de los riesgos más alarmantes destacados en el informe es la vulnerabilidad ante el hurto o sustracción de estos fármacos de alto riesgo. Esto se ha evidenciado tanto en debilidades en los controles internos como en hechos concretos documentados, incluyendo denuncias formales y actuaciones judiciales contra funcionarios.
En este sentido alertaron sobre la existencia de stocks no autorizados en servicios clínicos, el almacenamiento de medicamentos en áreas no reguladas, la custodia en maletines personales, la insuficiencia de controles efectivos de salida de bienes y las debilidades en los procesos de control de inventarios asociadas a la implementación del ERP.
Para la Auditoría, todos estos elementos “no solo reflejan un incumplimiento de la normativa institucional y nacional aplicable, sino que configuran un entorno de alta vulnerabilidad para la sustracción de medicamentos controlados, exponiendo a la Institución y a sus funcionarios a eventuales responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales”.
El otro riesgo evidenciado, aunque con menor frecuencia, son las debilidades en el control interno y en la supervisión ejercida por parte de las jefaturas y autoridades responsables.
Destaca en esta línea la ausencia de monitoreos periódicos, inventarios selectivos, controles cruzados y evaluaciones sobre el uso, devolución y custodia de medicamentos controlados, lo cual limita la detección temprana de desviaciones y reduce la capacidad institucional de respuesta ante eventos irregulares.
El último riesgo identificado para la seguridad del paciente, según se lee en el oficio, se encuentra asociado a la administración de medicamentos de alto riesgo sin registros clínicos adecuados, sin claridad sobre la vigilancia clínica requerida, sin control documentado de las dosis efectivamente administradas y sin evidencia del monitoreo posterior al uso de sedantes y analgésicos potentes.
“Estas condiciones incrementan la probabilidad de eventos adversos, errores de medicación y afectaciones directas a la salud de los usuarios, comprometiendo la calidad y seguridad de la atención brindada”, añadieron.
Acciones implementadas
Ante este escenario, la Auditoría externó que la CCSS ha impulsado acciones orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de supervisión en los servicios clínicos, la mejora en la gestión y control de existencias y devoluciones, la capacitación y socialización de la normativa aplicable, y la estructuración de un marco normativo estandarizado para el monitoreo de psicotrópicos y estupefacientes.
A esto se suma el desarrollo de iniciativas tecnológicas dirigidas a optimizar la trazabilidad y el registro de la información clínica en el EDUS y en los sistemas asociados.
“Si bien estas acciones evidencian avances importantes en la administración de los riesgos identificados, su efectividad dependerá de su adecuada consolidación, del seguimiento permanente y de su aplicación uniforme en todos los establecimientos de salud, así como del fortalecimiento continuo del sistema de control interno institucional”, indicaron.
La Auditoría, en ese contexto, hizo un llamado a la Gerencia Médica para que en coordinación con diferentes instancias asegure un control sostenido de las medidas para así proteger los recursos públicos y garantizar una atención de calidad que minimice el riesgo de abuso y uso ilícito de estas sustancias controladas.
“La consolidación de controles efectivos, el fortalecimiento continuo de la trazabilidad —que abarque desde el despacho en farmacia hasta la administración final o la devolución de sobrantes—, la supervisión sistemática y la promoción de una cultura institucional de responsabilidad y cumplimiento normativo, constituyen elementos clave para minimizar los riesgos asociados y garantizar un uso racional, seguro y debidamente documentado de estos medicamentos, así como para prevenir eventos adversos, hurtos o robos dentro de los centros de salud”, finalizaron.
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