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Ataques coordinados apuntan a estrategia de grupos que buscan desestabilización antes de relevos, afirman analistas
Expertos indican que las pandillas en Guatemala no actúan solas, sino como un instrumento de grupos que buscan desestabilizar al Estado con el interés de frenar la renovación de autoridades fundamentales en el sistema de justicia.
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Carlos Gómez
20 de enero de 2026
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00:02h
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Los ataques en contra de la Policía Nacional Civil que se dieron el domingo 18 de enero estarían encaminados a desestabilizar al Estado e incidir en los procesos de elección de segundo grado que se realizarán en este año afirman analistas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Los hechos violentos del fin de semana —que se iniciaron el sábado con motines en las cárceles de Renovación 1, Fraijanes 2 y el sector 11 del Preventivo para Hombres de la zona 18, y derivaron el domingo en ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), perpetrados por integrantes del Barrio 18 y que dejaron a nueve agentes fallecidos— llevaron al Organismo Ejecutivo a declarar estado de Sitio en todo el país. Estas acciones responden a un esquema planificado por grupos que, según analistas, buscan crear un clima de desestabilización en Guatemala.
A criterio de Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, las pandillas como el Barrio 18, son herramientas utilizadas por “actores políticos autónomos”, que en este momento buscan “desestabilizar al Estado” y afectar las elecciones de segundo nivel previstas este año, mediante las cuales se renovarán autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad (CC), Ministerio Público (MP) y Contraloría General de Cuentas, entidades cruciales para mantener la democracia, la justicia y la institucionalidad en Guatemala.
“Aquí hay una estrategia política detrás de la violencia, la articulación de grupos violentos actuando en contra del Estado de manera articulada y coordinada, lo que nos muestran es un plan de desestabilización, que pretenden afectar las elecciones, las decisiones que se tomen en este año justamente para renovar los mandatos de las instituciones principales de justicia”, afirmó Asturias.
A su juicio, estas acciones violentas orquestadas por lo que denomina un “pacto golpista”, en conjunto con las pandillas, buscan debilitar el actuar institucional del Estado, con el objetivo de controlar los resultados de estos procesos de elección, principalmente en el Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad, con intereses puestos en el proceso electoral del próximo año.
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“Hay que ver que lo que está ocurriendo, en la medida en que se acerque el cambio del Ministerio Público, en la medida que en el Colegio de Abogados siguen ganando los democráticos y siguen perdiendo el pacto golpista, porque esto es una estrategia del golpismo para derrocar al Gobierno, para evitar que el Ejecutivo y las instituciones elijan autoridades del Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad y así debilitar la estabilidad política y social, buscando el aprovechamiento político para las elecciones del 2027”, aseguró.
Asturias considera que esta situación tiene claros “objetivos políticos”, y no puede verse solo como una reacción de la criminalidad que también “reacciona porque está perdiendo el control y el poder de las cárceles ya que esto va mucho más allá”.
Repercusiones para el país
El analista político y abogado penalista Óscar Morales coincide en que las acciones violentas en las cárceles y los ataques contra agentes de la PNC durante el fin de semana buscan “entorpecer” estos procesos de elección, principalmente en el TSE, la CC y el MP, por parte de grupos que “buscan mantener el control de estas entidades para sus propios fines asegura”.
“Evidentemente están desesperados, están preocupados, quieren mantener sus posiciones y por eso, creo yo, que también hay que tener cuidado, porque esto puede estar relacionado indirectamente a esto”, aseguró Morales.
El experto considera que los ataques contra la Policía Nacional Civil no solo tienen consecuencias políticas y en la seguridad ciudadana, sino que también conllevan riesgos que pueden afectar al país en otros ámbitos, como la economía y la percepción internacional.
“Tiene que haber seguridad en las calles para que podamos seguir viviendo, porque mire, esto tiene efectos políticos, pero también puede tener efectos gravísimos para la economía. ¿Cómo vamos a invertir en un país donde ocurre esto?, es lo que se pregunta un inversionista. Entonces creo que las repercusiones son muy serias y deben tomarse medidas en todas las instancias gubernamentales”, indicó.
Ante ese panorama, Morales consideró fundamental que el Ejecutivo refuerce la inteligencia civil, el Sistema Penitenciario, así como la vigilancia y persecución de estos grupos delictivos para evitar nuevos ataques contra las fuerzas de seguridad.
“Lo primero que se tiene que hacer, empezando por el gobierno, es revisar la inteligencia civil, que evidentemente ha colapsado. El segundo tema es el Sistema Penitenciario, este llegó a su fin, no se puede recomponer como está actualmente, está totalmente destruido. Y otra cuestión es fortalecer la vigilancia y persecución de los grupos criminales. Mantener este estado de sitio es fundamental en estos momentos”, añadió.
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Trabajo y soluciones conjuntas
Para superar la crisis, los expertos señalan que debe existir un trabajo conjunto entre los poderes del Estado, principalmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, con la aprobación de normas complementarias a la Ley Antipandillas aprobada el año pasado, que permitan desarticular a estos grupos delictivos.
“El Congreso tiene inmediatamente que aprobar la ley contra el Lavado de Dinero, porque si desfinancian a estos grupos y a los que los apoyan van a tener mucho más éxito, así se les detiene todo el financiamiento disponible”, aseguró Morales.
“El país necesita paz, necesita reconciliación, necesita tener el Estado el control de las cárceles y de las calles y necesitamos una sociedad que pueda transitar con seguridad, en paz y armonía. Espero que el Congreso respalde el estado de Sitio y que nos veamos actuando como Estado, unidos para no permitir el chantaje de los violentos, la desestabilización política y que podamos superar esta crisis unidos derrotando la violencia como mecanismo de presión social”, afirmó Asturias.
Respecto a los modelos y estrategias emprendidos por países como Estados Unidos o El Salvador para combatir a las pandillas y la colaboración que Guatemala pueda tener con ellos, Asturias considera que es positiva y siempre se ha mantenido, pero se debe tener cuidado en las estrategias que se implementen.
“Creo que hay que tener mucho cuidado de que no vayamos a intentar replicar experiencias que no tienen que ver con nuestra realidad que es muy concreta. Nuestras soluciones y nuestras medidas deben ser nuestras, bajo nuestra experiencia y condiciones porque tenemos, nuestras fuerzas de seguridad tienen la capacidad para hacerlo”, puntualizó.
Por su parte, Óscar Morales considera que, si bien las fuerzas de seguridad pueden accionar de buena manera, también es importante reforzar el trabajo con países vecinos, especialmente con Estados Unidos.
“Creo que se tiene que fortalecer este tema con países como El Salvador, Honduras, México y principalmente Estados Unidos. Creo que se debería solicitar directamente la colaboración del Gobierno de Estados Unidos para investigar y combatir este tema”, concluyó.
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