Asamblea pasó del control del PPSO a la turbulencia en 100 días

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Mario Bermúdez Vives

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El Partido Pueblo Soberano (PPSO) se encontró con un escenario soñado tras su primera participación electoral: ganó la Presidencia y en la Asamblea Legislativa obtuvo un control que no se veía desde 1982: logró 31 curules, lo que le permitió controlar el Primer Poder, eligiendo todo el Directorio Legislativo sin requerir alianzas, e imponiéndose en todas las comisiones, con excepción de Agropecuarios.

Ese arranque a toda máquina estuvo aderezado con promesas de un cambio en la Asamblea, logrando la toma de decisiones, según los discursos del jefe de fracción Nogui Acosta y la presidenta legislativa Yara Jiménez. 100 días después, ese impulso se convirtió en un ambiente en el que prevalece la turbulencia y los conflictos con el Poder Judicial y la oposición, en el que los tropiezos del oficialismo dejan en suspenso la agenda de reformas del PPSO.

No es algo menor: en el programa de gobierno de Laura Fernández se incluyeron 575 promesas, de las cuales 116 incluían una reforma legal; es decir, 1 de cada 5 acciones debía pasar por la Asamblea. Y aunque el PPSO puede concretar los proyectos que requieren mayoría simple, debe considerar a una oposición que entendió que debía funcionar de manera cohesionada, si quería impedir que la aplanadora del PPSO la convirtiera en elemento decorativo, por lo que constituyó el Bloque Democrático. Sus 26 diputados no pueden imponerse al oficialismo, pero en el caso de Crucitas evidenciaron que pueden hacerse sentir (ver recuadro).

En ese contexto, la Asamblea Legislativa logró 18 leyes en los primeros 100 días, que no alcanzan los 31 aprobados en los 100 primeros días de la Asamblea del período anterior. La mayor eficiencia, entendida como aprobación de leyes, está en deuda: el promedio de aprobación de leyes ha sido de 1,2 por semana, ante el 2,2 por semana del período anterior, una Asamblea con oposición mayoritaria que el chavismo descalificó como “ineficiente”.

Y el oficialismo viene perdiendo fuelle, como se evidenció en las resoluciones de Jiménez, con las que intentaron apagar conflictos con la oposición, pero que fueron revertidas en estrados judiciales. Esto sirve al discurso oficial de que el Poder Judicial conspira contra el gobierno de Laura Fernández, pero políticamente desgasta al PPSO al exponerlo como fuerza incapaz de negociar y de seguir las reglas democráticas básicas.

Adicionalmente, pone en riesgo la agenda de reformas legales del gobierno de Fernández, que requiere 38 votos en casos como las reformas al Poder Judicial, eurobonos o reformas constitucionales. Y la desconfianza en la oposición ya pasa factura: el Frente Amplio (FA) anunció que en principio estaba en favor de no renovar magistrados de la Corte, pero ahora debía revisar esta posibilidad, mientras la comisión para reformas al Poder Judicial, que avanzaba con celeridad, ahora genera recelo en el Bloque Democrático.

A ello se debe agregar la posibilidad de una elevada judicialización de decisiones. En la comisión de Ambiente, el tema de Crucitas puede escalar de la votación de mociones a consultas de constitucionalidad por las resoluciones de la presidenta de la comisión, Zaira Murillo. Otros casos, como las jornadas laborales de 12 horas, recién desempolvadas, también llaman la atención sobre la necesidad de negociar y evitar que la oposición recurra a la que ha sido su carta ganadora, en medio de su desventaja numérica: alegar violaciones del oficialismo a la legalidad.

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En el orden del día

La agenda legislativa ha tenido que incorporar varias situaciones que la han marcado:

PPSO, control casi absoluto: a pesar de que obtuvo el 45% de los votos válidos para la Asamblea, el modelo electoral le permitió obtener 31 curules, el 54% de los puestos. Esto le permitió controlar todo el Directorio Legislativo y casi la totalidad de las comisiones. Puede imponerse con mayoría simple en la mayoría de las decisiones, pero requiere al menos 7 opositores para casos de mayoría calificada.

Oposición como bloque: las cuatro bancadas de oposición anunciaron desde el primero de mayo la conformación de un Bloque Democrático de 26 diputados, para impulsar una agenda de defensa de la democracia, que a pesar de sus diferencias se ha mantenido como contrapeso al chavismo.

Finanzas, prioridad en leyes: a pesar de que la presidenta Laura Fernández presentó dos agendas de proyectos de seguridad, la prioridad en las 18 leyes concretadas estuvo en la parte financiera, con la aprobación de tres créditos —incluyendo el tren rápido— y un presupuesto extraordinario, y abonar el terreno para la nueva discusión de eurobonos. Temas como seguridad solo representan 5% de las leyes aprobadas.

Crucitas, el pulso: el Gobierno impulsó el proyecto 24.717 para impulsar la minería a cielo abierto en Crucitas, pero cuando intentó sorprender a la oposición “quemando” el último día para presentarle mociones, los opositores respondieron con 601 propuestas. La negociación incluyó una mediática visita de la presidenta Fernández a Crucitas y el retiro del 27% de las mociones a cambio de convocatoria de proyectos.

Guerra de oficialismo con Poder Judicial: desde el 27 de mayo anunciaron una cruzada para que no se reeligiera a ningún magistrado de la Corte, pero subieron su apuesta cuando decidieron bloquear las elecciones de magistrados suplentes, votando en blanco para asegurarse que ningún candidato lograra los 38 votos necesarios, y así exigir una nueva nómina, lo que en la práctica era un chantaje al Poder Judicial. Cuando primero la Corte y luego la Sala IV rechazaron sus pretensiones, participaron con la presidenta Fernández en calificar la restitución del funcionamiento de la Sala IV como “golpe de Estado”.

Resoluciones devaluadas: Jiménez logró imponer su primera resolución, en la que archivó los informes legislativos por acoso sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado, aliado del chavismo, pero las siguientes tres fueron anuladas, la primera por la Corte —devolución de la nómina de magistrados suplentes— y las dos siguientes por la Sala IV (integración de comisiones, y segunda devolución de nómina de magistrados suplentes).





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