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Gladys Rivadeneira
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El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para iniciar con la fiscalización de la presunta emisión de matrículas vehiculares ilegales que estarían vinculadas al crimen organizado, este martes 2 de diciembre de 2025.
Con 83 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que dispone a la Comisión de Fiscalización y Control Político iniciar un proceso sobre la presunta emisión ilegal de matrículas vehiculares.
La Comisión deberá hacer el seguimiento y la fiscalización integral de las entidades municipales encargadas de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.
Esto, a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias.
El objetivo es esclarecer las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada, determinar responsabilidades políticas y recomendar acciones correctivas y reformas normativas.
La Asamblea también exhortó a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a reforzar el control sobre el cumplimiento de las Resoluciones Nro. 069-DE-ANT-2022 y 070-DE-ANT-2022.
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Además, informar al Ministerio del Interior y a la Comisión de Fiscalización. La Secretaría General del Legislativo notificará oficialmente la resolución.
El asambleísta José Luis Nango, ponente de la resolución, afirmó que el tema no es un simple ajuste administrativo, sino una decisión que definirá si la Asamblea “se ubica del lado de la ciudadanía honesta o permite que las mafias sigan infiltrando las instituciones de tránsito”.
Dijo que hay indicios concretos de matriculación ilegal, emisión irregular de placas y manipulación de sistemas, prácticas que estarían legitimando vehículos robados y facilitando asaltos, secuestros y asesinatos.
Señaló además que la Constitución obliga a fiscalizar el uso de las competencias públicas sin importar el nivel de gobierno.
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Advirtió que la delincuencia organizada busca controlar el sistema porque “el que controla las matrículas, controla la identidad de los vehículos usados para mover droga, lavar dinero o ejecutar sicariatos”.
Durante el debate, varios asambleístas respaldaron la resolución y destacaron la necesidad de fortalecer la fiscalización pese a las limitaciones sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Adrián Castro recordó que investigaciones previas evidenciaron prácticas graves en más de 150 municipios, donde se matricularon 115.000 vehículos sin pago.
Esto habría generado un perjuicio superior a 50 millones de dólares, además de la creación de 400 usuarios ilegales con claves vendidas clandestinamente.
Alejandro Vanegas advirtió que la fiscalización no puede exceder los límites constitucionales y que las investigaciones penales corresponden a la Fiscalía.
Isaac Solano alertó que la descentralización del tránsito ha sido “distorsionada por prácticas irregulares y presiones delictivas”.
Aseguró que la Asamblea debe actuar con firmeza: “Si hay corrupción, debemos fiscalizar; si hay extorsión, también debemos fiscalizar”.
El legislador Juan Gonzaga recordó que fiscalizar no significa obstaculizar al Gobierno, sino cumplir con el mandato constitucional.
Alejandro Lara señaló que la ciudadanía observa con preocupación cómo las debilidades institucionales del sistema de tránsito han sido aprovechadas por redes criminales.
Finalmente, Diego Franco alertó que las mafias han penetrado estructuras estatales y que la captura del sistema de tránsito es un facilitador directo del sicariato y el narcotráfico.
Aseguró que la ANT ha confirmado las irregularidades, lo que evidencia la gravedad y urgencia del problema.
Información externa: Asamblea Nacional
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La resolución de la Asamblea para investigar la presunta emisión de matrículas vehiculares ilegales
Con 83 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que dispone a la Comisión de Fiscalización y Control Político iniciar un proceso sobre la presunta emisión ilegal de matrículas vehiculares.
La Comisión deberá hacer el seguimiento y la fiscalización integral de las entidades municipales encargadas de las competencias de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.
Esto, a través de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Consejo Nacional de Competencias.
El objetivo es esclarecer las presuntas emisiones ilegales de matrículas vehiculares atribuibles a grupos de delincuencia organizada, determinar responsabilidades políticas y recomendar acciones correctivas y reformas normativas.
La Asamblea también exhortó a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial a reforzar el control sobre el cumplimiento de las Resoluciones Nro. 069-DE-ANT-2022 y 070-DE-ANT-2022.
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Además, informar al Ministerio del Interior y a la Comisión de Fiscalización. La Secretaría General del Legislativo notificará oficialmente la resolución.
Presunta infiltración de mafias en el sistema de matrículas
El asambleísta José Luis Nango, ponente de la resolución, afirmó que el tema no es un simple ajuste administrativo, sino una decisión que definirá si la Asamblea “se ubica del lado de la ciudadanía honesta o permite que las mafias sigan infiltrando las instituciones de tránsito”.
Dijo que hay indicios concretos de matriculación ilegal, emisión irregular de placas y manipulación de sistemas, prácticas que estarían legitimando vehículos robados y facilitando asaltos, secuestros y asesinatos.
Señaló además que la Constitución obliga a fiscalizar el uso de las competencias públicas sin importar el nivel de gobierno.
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Advirtió que la delincuencia organizada busca controlar el sistema porque “el que controla las matrículas, controla la identidad de los vehículos usados para mover droga, lavar dinero o ejecutar sicariatos”.
Legisladores revelan cifras y defienden facultad fiscalizadora
Durante el debate, varios asambleístas respaldaron la resolución y destacaron la necesidad de fortalecer la fiscalización pese a las limitaciones sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Adrián Castro recordó que investigaciones previas evidenciaron prácticas graves en más de 150 municipios, donde se matricularon 115.000 vehículos sin pago.
Esto habría generado un perjuicio superior a 50 millones de dólares, además de la creación de 400 usuarios ilegales con claves vendidas clandestinamente.
Alejandro Vanegas advirtió que la fiscalización no puede exceder los límites constitucionales y que las investigaciones penales corresponden a la Fiscalía.
Isaac Solano alertó que la descentralización del tránsito ha sido “distorsionada por prácticas irregulares y presiones delictivas”.
Aseguró que la Asamblea debe actuar con firmeza: “Si hay corrupción, debemos fiscalizar; si hay extorsión, también debemos fiscalizar”.
Penetración crimen organizado
El legislador Juan Gonzaga recordó que fiscalizar no significa obstaculizar al Gobierno, sino cumplir con el mandato constitucional.
Alejandro Lara señaló que la ciudadanía observa con preocupación cómo las debilidades institucionales del sistema de tránsito han sido aprovechadas por redes criminales.
Finalmente, Diego Franco alertó que las mafias han penetrado estructuras estatales y que la captura del sistema de tránsito es un facilitador directo del sicariato y el narcotráfico.
Aseguró que la ANT ha confirmado las irregularidades, lo que evidencia la gravedad y urgencia del problema.
Información externa: Asamblea Nacional
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