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Mario Bermúdez Vives
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El proyecto 25.589, el primer presupuesto extraordinario para el 2026, con una rebaja de recursos de ₡92 mil millones y polémicas por trasladar recursos de programas sociales para cubrir huecos que la oposición atribuyó a problemas de planificación, fue aprobado en su primer debate.
Precisamente todas las fracciones de la oposición votaron en contra de este expediente, para 24 votos, pero la bancada oficialista se mantuvo compacta y logró su aprobación con 30 votos.
Los diputados de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) insistieron en que se trató de racionalizar recursos, redireccionando recursos para proyectos como el Tren Rápido de Pasajeros (TRP) y el corredor vial San José-San Ramón.
Además, el proyecto incluyó la reorientación de recursos de programas sociales por ₡70 mil millones para financiar el Régimen de Pensiones No Contributivas (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social, pero fue criticado por la oposición por el recorte de ₡30 mil millones al Fondo de Subsidios para la Vivienda, manejado por el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), y de ₡40 mil millones para los Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI).
Además, realizó la eliminación de cerca de 32 normas de ejecución presupuestaria, lo que redujo los controles legislativos sobre el manejo de los recursos públicos.
Y una tercera polémica se relacionó con el trámite, en el que se estiraron las normas de aprobación presupuestaria, al aceptar y aprobar mociones para variar partidas que originalmente no habían sido convocadas por el Poder Ejecutivo, algo que los asesores legislativos cuestionaron.
El argumento de la ilegalidad fue rechazado por el diputado José Miguel Villalobos. “La clave de la respuesta se encuentra en las actas de la Asamblea Constituyente, debate brillante donde se estableció que Asamblea Legislativa, en materia de tramitología de presupuestos extraordinarios, tiene plena competencia para modificarlo libremente, siempre que sea para rebajarlos, a menos que señale nuevos ingresos”, afirmó.
Pero Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) arremetió contra la improvisación presupuestaria y la deficiente planificación del Gobierno. “Presupuestos tiene característica, revelan la verdad sobre prioridades de una administración. No puedo votar un presupuesto que recorta recursos a primera infancia, a vivienda social, que enfrenta unas poblaciones vulnerables con otras poblaciones vulnerables, para corregir problemas de mala planificación”
“No discutimos partidas presupuestarias, estamos discutiendo la visión país”, discutió Antonio Trejos del Frente Amplio (FA), que fustigó el aumento de personal en Planificación, que consideró grandes contradicciones, mientras se mantienen faltantes en otras áreas, como el Sistema de Áreas de Conservación (SINAC).
Por su parte, el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, recordó que en todo presupuesto se deben presentar modificaciones y defendió los recortes al BANHVI. “Cuál es el problema, si no hacemos esta modificación, ¿saben cuanto les llegará a pensionados de RNC? en lugar de ₡82 mil, van a ser ₡73 mil y no llegará el aguinaldo, si no aprueban este presupuesto van a ser responsables de eso, la pregunta es que es prioritario, hay una gran diferencia entre expectativa de derecho y un derecho adquirido”, dijo.
El proyecto se votó al filo de las 8 p.m., luego del intenso debate por la resolución de la presidenta legislativa Yara Jiménez por la devolución de la lista de candidatos a magistrados suplentes de la Sala Constitucional, por segunda vez.
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