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Lucía Vásconez
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El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador trató este 26 de marzo de 2026 en segundo debate el proyecto de ley reformatoria al régimen tributario interno, calificado como urgente en materia económica. La propuesta busca incentivar la construcción y donación de viviendas de interés social.
Después de más de 15 intervenciones, el proyecto de ley regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para ser revisado.
El informe para segundo debate fue aprobado el 21 de marzo por la Comisión de Desarrollo Económico. El documento recogió ajustes orientados a fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la transparencia en la aplicación de la normativa.
La iniciativa establece beneficios tributarios para personas naturales y jurídicas que donen viviendas al ente rector de hábitat y vivienda. El objetivo es movilizar inversión privada y ampliar la oferta habitacional sin presionar las finanzas públicas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con base en el Censo 2022, el déficit cuantitativo de vivienda alcanza 727 689 unidades. Esta brecha estructural se ha profundizado en las últimas dos décadas y se ha agravado por eventos climáticos recientes.
El informe introduce cambios relevantes. Entre ellos, la obligatoriedad del acta de entrega-recepción definitiva para perfeccionar la donación y la transferencia obligatoria de las viviendas a los beneficiarios.
Además, se fija un plazo máximo de 90 días para la entrega de las unidades desde la formalización de la donación. El incumplimiento de estándares técnicos permitirá al Estado exigir la restitución del beneficio tributario.
El cálculo del incentivo se realizará con base en parámetros técnicos referenciales. También se priorizará la atención en territorios con mayores niveles de pobreza y déficit habitacional.
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, señaló que la propuesta garantiza que las viviendas sean completamente gratuitas para los beneficiarios. Añadió que los plazos definidos buscan asegurar entregas oportunas.
En el debate, los legisladores coincidieron en la urgencia de enfrentar un déficit que supera las 700 000 viviendas. También destacaron el potencial de la ley para dinamizar el empleo y la cadena productiva de la construcción.
Durante la discusión, surgieron inquietudes sobre el impacto fiscal y la necesidad de mayor claridad en los mecanismos de valoración e implementación. Estos aspectos serán considerados en el segundo debate.
El asambleísta Alex Moran respaldó el informe y subrayó que la iniciativa responde a una demanda ciudadana. Afirmó que el objetivo es garantizar vivienda digna, especialmente en sectores vulnerables como asentamientos irregulares de Guayaquil.
“El proyecto no tiene bandera política; tiene una sola bandera: las familias ecuatorianas”, sostuvo.
Información externa: Asamblea Nacional
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Después de más de 15 intervenciones, el proyecto de ley regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para ser revisado.
Incentivos para el sector privado
El informe para segundo debate fue aprobado el 21 de marzo por la Comisión de Desarrollo Económico. El documento recogió ajustes orientados a fortalecer la seguridad jurídica y garantizar la transparencia en la aplicación de la normativa.
La iniciativa establece beneficios tributarios para personas naturales y jurídicas que donen viviendas al ente rector de hábitat y vivienda. El objetivo es movilizar inversión privada y ampliar la oferta habitacional sin presionar las finanzas públicas.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con base en el Censo 2022, el déficit cuantitativo de vivienda alcanza 727 689 unidades. Esta brecha estructural se ha profundizado en las últimas dos décadas y se ha agravado por eventos climáticos recientes.
Ajustes clave del proyecto
El informe introduce cambios relevantes. Entre ellos, la obligatoriedad del acta de entrega-recepción definitiva para perfeccionar la donación y la transferencia obligatoria de las viviendas a los beneficiarios.
Además, se fija un plazo máximo de 90 días para la entrega de las unidades desde la formalización de la donación. El incumplimiento de estándares técnicos permitirá al Estado exigir la restitución del beneficio tributario.
El cálculo del incentivo se realizará con base en parámetros técnicos referenciales. También se priorizará la atención en territorios con mayores niveles de pobreza y déficit habitacional.
Impacto social y económico
La presidenta de la Comisión, Valentina Centeno, señaló que la propuesta garantiza que las viviendas sean completamente gratuitas para los beneficiarios. Añadió que los plazos definidos buscan asegurar entregas oportunas.
En el debate, los legisladores coincidieron en la urgencia de enfrentar un déficit que supera las 700 000 viviendas. También destacaron el potencial de la ley para dinamizar el empleo y la cadena productiva de la construcción.
Observaciones y posiciones
Durante la discusión, surgieron inquietudes sobre el impacto fiscal y la necesidad de mayor claridad en los mecanismos de valoración e implementación. Estos aspectos serán considerados en el segundo debate.
El asambleísta Alex Moran respaldó el informe y subrayó que la iniciativa responde a una demanda ciudadana. Afirmó que el objetivo es garantizar vivienda digna, especialmente en sectores vulnerables como asentamientos irregulares de Guayaquil.
“El proyecto no tiene bandera política; tiene una sola bandera: las familias ecuatorianas”, sostuvo.
Información externa: Asamblea Nacional
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