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Moisés Cáceres
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La Asamblea Nacional desarrolla este jueves 26 de febrero de 2026 el segundo debate del proyecto de Ley para el fortalecimiento minero y energético, enviado con carácter urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa. El Pleno analiza el informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico.
El Ejecutivo sostiene que la propuesta armoniza el Código Ambiental con la Ley de Minería. Según la viceministra de Minas, María Emilia Limongi, el texto no modifica el Código Ambiental ni elimina las figuras de Registro Ambiental y Licencia Ambiental como autorizaciones administrativas.
De acuerdo con lo expuesto en la Comisión, el proyecto plantea fortalecer la seguridad jurídica, combatir la minería ilegal e impulsar los sectores minero y energético.
La iniciativa ingresó a la Asamblea la noche del 23 de febrero de 2026. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate con ocho votos a favor de ADN y sus aliados y dos en contra de la Revolución Ciudadana.
Durante el tratamiento en Comisión, la asambleísta Mabel Méndez, de la Revolución Ciudadana, señaló que el proyecto reduce pasos en procesos ambientales y puede afectar a comunidades y fuentes de agua.
El legislador Diego Salas manifestó que la propuesta convierte determinados procedimientos en trámites administrativos. El asambleísta Comps Córdova indicó que el texto reduce procesos de seis a tres pasos.
Sergio Peña expresó que la iniciativa plantea consolidar la minería y la energía como pilares del desarrollo nacional e incrementar regalías para servicios en la Amazonía.
En el bloque ADN, Adrián Castro pidió incluir una disposición sobre el respeto a consultas populares, en referencia a Quimsacocha. Diego Franco solicitó ajustes en temas relacionados con contratos, minería artesanal y permisos. También se plantearon inclusiones sobre Galápagos.
La organización política Unidad Popular difundió un comunicado en el que solicita el archivo del proyecto.
En su pronunciamiento, señala que la propuesta afecta el derecho a la consulta de las comunidades y modifica procedimientos ambientales. También pide a la Asamblea no aprobar la reforma.
Alejandro Lara, de ADN, afirmó que el proyecto de ley busca que los recursos energéticos y mineros se traduzcan en productividad, generación de empleo, suministro de energía, seguridad y desarrollo territorial, bajo criterios de sostenibilidad y transparencia.
Fernando Nantipia, asambleísta de Pachakutik, manifestó que su bancada condiciona su apoyo a que el texto incluya una garantía expresa sobre la consulta previa a los pueblos. Señaló que el proyecto, tal como consta en el informe, no precisa ese mecanismo. Además, pidió que se conserve el 30 % de las regalías para los gobiernos autónomos descentralizados.
José Luis Nango, de la Izquierda Democrática (ID), planteó que se elimine el artículo 29 del texto para garantizar los derechos de la Amazonía. Señaló que su posición frente a la norma depende de que se incorpore ese cambio.
Por su parte, Sergio Peña, de la ID, sostuvo que el proyecto apunta a regular la actividad minera. Indicó que la minería ilegal no solicita permisos ni tramita licencias ambientales, por lo que consideró que la regulación permite establecer controles sobre la actividad.
Comps Córdova, de la Revolución Ciudadana, señaló que el proyecto de ley no responde a las necesidades de la población y sostuvo que la propuesta favorece a grandes empresas del sector minero.
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Proyecto de ley sobre minería y energía enviado por Daniel Noboa
El Ejecutivo sostiene que la propuesta armoniza el Código Ambiental con la Ley de Minería. Según la viceministra de Minas, María Emilia Limongi, el texto no modifica el Código Ambiental ni elimina las figuras de Registro Ambiental y Licencia Ambiental como autorizaciones administrativas.
De acuerdo con lo expuesto en la Comisión, el proyecto plantea fortalecer la seguridad jurídica, combatir la minería ilegal e impulsar los sectores minero y energético.
La iniciativa ingresó a la Asamblea la noche del 23 de febrero de 2026. La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate con ocho votos a favor de ADN y sus aliados y dos en contra de la Revolución Ciudadana.
Posturas sobre la ley de minería y energía en la Asamblea
Durante el tratamiento en Comisión, la asambleísta Mabel Méndez, de la Revolución Ciudadana, señaló que el proyecto reduce pasos en procesos ambientales y puede afectar a comunidades y fuentes de agua.
El legislador Diego Salas manifestó que la propuesta convierte determinados procedimientos en trámites administrativos. El asambleísta Comps Córdova indicó que el texto reduce procesos de seis a tres pasos.
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Sergio Peña expresó que la iniciativa plantea consolidar la minería y la energía como pilares del desarrollo nacional e incrementar regalías para servicios en la Amazonía.
En el bloque ADN, Adrián Castro pidió incluir una disposición sobre el respeto a consultas populares, en referencia a Quimsacocha. Diego Franco solicitó ajustes en temas relacionados con contratos, minería artesanal y permisos. También se plantearon inclusiones sobre Galápagos.
Unidad Popular pide archivar la ley urgente de minería y energía
La organización política Unidad Popular difundió un comunicado en el que solicita el archivo del proyecto.
En su pronunciamiento, señala que la propuesta afecta el derecho a la consulta de las comunidades y modifica procedimientos ambientales. También pide a la Asamblea no aprobar la reforma.
Asamblea debate consulta previa y distribución de regalías en la ley minera
Alejandro Lara, de ADN, afirmó que el proyecto de ley busca que los recursos energéticos y mineros se traduzcan en productividad, generación de empleo, suministro de energía, seguridad y desarrollo territorial, bajo criterios de sostenibilidad y transparencia.
Fernando Nantipia, asambleísta de Pachakutik, manifestó que su bancada condiciona su apoyo a que el texto incluya una garantía expresa sobre la consulta previa a los pueblos. Señaló que el proyecto, tal como consta en el informe, no precisa ese mecanismo. Además, pidió que se conserve el 30 % de las regalías para los gobiernos autónomos descentralizados.
José Luis Nango, de la Izquierda Democrática (ID), planteó que se elimine el artículo 29 del texto para garantizar los derechos de la Amazonía. Señaló que su posición frente a la norma depende de que se incorpore ese cambio.
Por su parte, Sergio Peña, de la ID, sostuvo que el proyecto apunta a regular la actividad minera. Indicó que la minería ilegal no solicita permisos ni tramita licencias ambientales, por lo que consideró que la regulación permite establecer controles sobre la actividad.
Comps Córdova, de la Revolución Ciudadana, señaló que el proyecto de ley no responde a las necesidades de la población y sostuvo que la propuesta favorece a grandes empresas del sector minero.
Noticia en desarrollo…
- Información extra: Minería
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