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Orlando Silva
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La Asamblea Nacional aprobó este 17 de marzo de 2026 una reforma a la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario con 84 votos. La normativa establece que las personas privadas de libertad deberán realizar actividades laborales para cubrir sus necesidades durante el cumplimiento de sus penas.
El debate se desarrolló en una sesión del Pleno realizada en la Universidad Católica de Cuenca.
El proyecto recibió el respaldo de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN). El bloque de la Revolución Ciudadana (RC) anunció su rechazo a la propuesta antes del inicio del debate.
La reforma aprobada incluye la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria. El texto también dispone la reclasificación de la peligrosidad de las personas privadas de libertad.
La normativa contempla acciones para cubrir el déficit de guías penitenciarios. Además, autoriza el uso legítimo de la fuerza por parte de los custodios en el ejercicio de sus funciones dentro de los centros carcelarios.
El proyecto incorpora procesos de capacitación, evaluación, pruebas de confianza y rotación para los integrantes del cuerpo de seguridad penitenciaria. Estas medidas buscan proteger a los funcionarios y evitar su vinculación con actos de corrupción.
La asambleísta Inés Alarcón, de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, señaló que Ecuador atraviesa una crisis carcelaria. Según explicó, las bandas del crimen organizado han puesto en jaque al sistema penitenciario.
Alarcón afirmó que esa situación ha generado problemas estructurales como corrupción, desinstitucionalización del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y ausencia de rehabilitación social.
La legisladora sostuvo que el país necesita una reforma legal integral para fortalecer la institucionalidad del sistema carcelario. También indicó que la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles ha mejorado la situación, aunque consideró necesario que el Estado recupere completamente el control de las prisiones.
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Sobre la propuesta de trabajo para las personas privadas de libertad, Alarcón explicó que algunos reos ya elaboran manualidades y otros productos. Según indicó, la reforma busca que esas actividades les permitan sustentarse durante el cumplimiento de sus penas y dar valor a ese trabajo.
La legisladora Jahiren Noriega, de la Revolución Ciudadana, cuestionó la propuesta del Gobierno y afirmó que la reforma no tendrá efectos sin presupuesto ni voluntad política.
Noriega señaló que durante 2025 se registraron alrededor de 500 fugas y 1 200 muertes en cárceles, según cifras citadas por ese bloque.
También indicó que la Constitución ya contempla disposiciones relacionadas con el trabajo de las personas privadas de libertad.
El legislador Fernando Cedeño sostuvo que la reforma modifica el Código Orgánico Integral Penal. Según explicó, el proyecto elimina la disposición que establece que los procesados permanezcan cerca de su juez natural y de su defensa.
Información extra: Asamblea Nacional
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Debate en el Pleno de la Asamblea Nacional
El debate se desarrolló en una sesión del Pleno realizada en la Universidad Católica de Cuenca.
El proyecto recibió el respaldo de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN). El bloque de la Revolución Ciudadana (RC) anunció su rechazo a la propuesta antes del inicio del debate.
Contenido de la reforma penitenciaria
La reforma aprobada incluye la creación de un sistema de inteligencia penitenciaria. El texto también dispone la reclasificación de la peligrosidad de las personas privadas de libertad.
La normativa contempla acciones para cubrir el déficit de guías penitenciarios. Además, autoriza el uso legítimo de la fuerza por parte de los custodios en el ejercicio de sus funciones dentro de los centros carcelarios.
El proyecto incorpora procesos de capacitación, evaluación, pruebas de confianza y rotación para los integrantes del cuerpo de seguridad penitenciaria. Estas medidas buscan proteger a los funcionarios y evitar su vinculación con actos de corrupción.
Posición de la bancada oficialista
La asambleísta Inés Alarcón, de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, señaló que Ecuador atraviesa una crisis carcelaria. Según explicó, las bandas del crimen organizado han puesto en jaque al sistema penitenciario.
Alarcón afirmó que esa situación ha generado problemas estructurales como corrupción, desinstitucionalización del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y ausencia de rehabilitación social.
La legisladora sostuvo que el país necesita una reforma legal integral para fortalecer la institucionalidad del sistema carcelario. También indicó que la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles ha mejorado la situación, aunque consideró necesario que el Estado recupere completamente el control de las prisiones.
Te puede interesar:
Sobre la propuesta de trabajo para las personas privadas de libertad, Alarcón explicó que algunos reos ya elaboran manualidades y otros productos. Según indicó, la reforma busca que esas actividades les permitan sustentarse durante el cumplimiento de sus penas y dar valor a ese trabajo.
Críticas desde la Revolución Ciudadana
La legisladora Jahiren Noriega, de la Revolución Ciudadana, cuestionó la propuesta del Gobierno y afirmó que la reforma no tendrá efectos sin presupuesto ni voluntad política.
Noriega señaló que durante 2025 se registraron alrededor de 500 fugas y 1 200 muertes en cárceles, según cifras citadas por ese bloque.
También indicó que la Constitución ya contempla disposiciones relacionadas con el trabajo de las personas privadas de libertad.
El legislador Fernando Cedeño sostuvo que la reforma modifica el Código Orgánico Integral Penal. Según explicó, el proyecto elimina la disposición que establece que los procesados permanezcan cerca de su juez natural y de su defensa.
Información extra: Asamblea Nacional
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