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Mario Bermúdez Vives
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La Asamblea Legislativa aprobó el informe de mayoría positivo de la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), en el que se avaló la ejecución presupuestaria del 2025, pese a observaciones de la Contraloría y en el que se registró un incidente porque apareció votando una legisladora que estaba ausente, con permiso.
Con 30 votos a favor de la bancada oficialista y 24 en contra, recolectados entre las cuatro fracciones de oposición, el Plenario finalizó el debate del proyecto 25.592, “Liquidación de presupuestos públicos y dictamen de la Contraloría, del 2025”.
Sin embargo, posteriormente se detectó que la diputada oficialista Kristel Ward, que está en licencia de maternidad, aparecía votando en la postura a favor del informe, por lo que se tuvo que anular la votación, mientras diputados de la oposición solicitaron una explicación.
La presidenta legislativa Yara Jiménez indicó que se haría una investigación del tema y que se repetirían todas las votaciones del día, en tanto su compañero de bancada José Miguel Villalobos alegó que se podría tratar de «un error» en el logo de los diputados, porque solo votaron 30 diputados del oficialismo (bancada son 31), por lo que no hubo un voto adicional. En la segunda ronda, el resultado fue 30 a 21 en favor del informe del PPSO, pero esta vez no apareció Ward en la votación.
La bancada oficialista defendió la ejecución basada en que se ejecutó la mayoría de los recursos presupuestados, lo que sustentó en el informe de mayoría en la comisión de Hacendarios, mientras la oposición se conjuntó alrededor de un informe de minoría, en el que se cuestionaron tendencias negativas en la ejecución presupuestaria, como la baja continuada en los ingresos tributarios, el aumento de la subejecución y lo que consideraron son señales de planificación deficiente.
Los primeros argumentos fueron presentados por Antonio Trejos y Eugenia Román, del Frente Amplio (FA), y Ángela Aguilar, del Partido Liberación Nacional (PLN). “No se trata de negar los avances en esta materia, sino de reconocer que persisten muchos problemas”, indicó Trejos, quien resaltó que las cifras macroeconómicas no son suficientes para explicar una realidad en la que el crecimiento económico se concentra en pocos sectores. También resaltó que los ingresos tributarios no alcanzaron los niveles previstos, ya que de casi ₡6,9 billones, dejaron de recaudarse 0,3 billones, y agregó que existe un decrecimiento constante en la subejecución.
“Una falta de planificación caracteriza la ejecución de los recursos públicos”, apuntó Román, su compañera de bancada y de la comisión de Hacendarios, para apoyar el planteamiento del informe
Aguilar resaltó que la Contraloría emitió un dictamen con una opinión adversa, por errores e inconsistencias, o por aspectos como que apenas un 5% de los indicadores medían la eficacia en la ejecución presupuestaria. A ello se adicionó que identificó gastos por ₡530.437 millones que no fueron registrados, lo que arrojaría que el déficit financiero del 2025 estaría subestimado en al menos 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB). “De ellos, un 85% del monto no registrado corresponde a obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Aguilar también mencionó que se reportaron casi 700 mil millones en montos sin ejecutar. “La ejecución bajó de 95,2% en 2024 a 94,3% en 2025”.
Estas críticas fueron retomadas de manera diversa en las bancadas de oposición. “Votaremos esta información de forma negativa, ya que ente fiscalizador ha dado por quinta vez una opinión negativa a la liquidación presupuestaria”, recalcó Diana Murillo, del PLN y también integrante de la comisión de Hacendarios, mientras Ronald Campos declaró que “no existe mérito en dejar recursos sin ejecutar, cuando hay jóvenes sin empleo y familias sin vivienda. El Gobierno le quedó debiendo a la gente”, dijo. Por su parte, el jefe de fracción Álvaro Ramírez lo resumió en que se estaba pasando de una economía jaguar a una economía cangrejo, en la que el «pésimo manejo del tipo de cambio» afecta el desempeño productivo. «Lo peor es que no hay plan», resumió.
Por su parte, Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que, durante cuatro años, gobierno actual pidió muchos sacrificios a los costarricenses para sanear las finanzas. “Hoy la Contraloría nos dice que esas finanzas no son confiables. Esta es una opinión grave, emitida por el órgano constitucional encargado de fiscalizar la ejecución del presupuesto nacional”, dijo, y aseguró que esto impide conocer el estado de las finanzas públicas.
Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), resaltó que el informe de la Contraloría evidenciaba que no existía una priorización en la ejecución de los recursos públicos, y que el enfoque oficial es concentrarse en tareas administrativas, mientras se presentan “subejecuciones vergonzosas en áreas críticas”, y resaltó que el presupuesto daba la espalda a la inversión pública, que apenas alcanzó un 5%.
En la acera oficialista, Cindy Murillo fue la primera oficialista en defender el informe de mayoría. “La liquidación demuestra que se hizo con el dinero del pueblo, no es un trámite para llenar gavetas; es uno de principales instrumentos de control que tiene esta Asamblea para exigir rendición de cuentas”, dijo, y cuestionó a la oposición por improbar la liquidación. “En el 2025 se recaudó o colocó el 96,1% de lo previsto y se ejecutó el 94,3% de los egresos; es decir, se ejecutó prácticamente la totalidad del presupuesto. Sin embargo, el país cerró con un déficit financiero 3,02% del PIB y deuda de Gobierno Central subió de 59,8% al 60,4%; es decir, hubo resultados positivos, pero no podemos bajar la guardia”, dijo, para rechazar que la subejecución fuera un problema. “El presupuesto es una autorización para gastar, no una orden para quemar hasta el último colón; gastar por gastar también es una irresponsabilidad”, manifestó.
Su compañera de bancada Grethel Ávila aseguró que el informe de la Contraloría presentó imprecisiones técnicas. “No podemos permitir que un informe técnico sea utilizado para construir una narrativa política que no se sostiene en propio dictamen”, dijo, asegurando que, en recursos del Ministerio de Educación se registraron como gastos no registrados fondos que tenían justificación.
Y Acosta intervino para asegurar que el endeudamiento es responsabilidad de anteriores gobiernos, y arremetió contra reclamos de la oposición, como el recorte al Poder Judicial. “Eso no es cierto, lo único que se ha dicho que no se va a girar es la plata que escamotearon del pago de intereses (en referencia a recursos que diputados del período anterior recortaron al pago de deuda externa, para girarla al Poder Judicial).
Acosta también defendió el sistema Tribu CR, criticado por la gran cantidad de recursos que se debieron devolver a contribuyentes, “Datos de antes no reflejaban la recaudación neta, solo la recaudación bruta, eso debemos tomarlo en cuenta”, manifestó. A su vez, criticó a la Contraloría por el no cálculo de la regla fiscal, aunque admitió que habría sido por los huecos que se le hicieron en la Asamblea Legislativa anterior.
En la agitada sesión también se votaron mociones para modificar los proyectos 23.952, fortalecimiento a la lucha contra el crimen organizado en materia ambiental, y el 24.461, reformas a la ley de Radio para actualizar el cobro por el uso del espectro radioeléctrico, que pasaron a consulta por haber sido modificados.
Y se levantó la sesión, que mañana deberá dar paso, nuevamente, a la discusión por la reforma de jornadas laborales de doce horas en forma exclusiva, desde las 9 de la mañana.
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