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Moisés Cáceres
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Un operativo policial del 21 de agosto de 2026 abrió una investigación sobre un call center ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Guerrero, en el centro norte de Quito. 10 personas quedaron procesadas y 248 dispositivos electrónicos entraron como indicios.
La Fiscalía expuso durante la audiencia una tesis sobre las actividades que supuestamente se desarrollaban en el lugar y el mecanismo que habría seguido el sistema de cobranzas.
Según la tesis que Fiscalía expuso durante la audiencia, el mecanismo habría comenzado con préstamos ofrecidos mediante la aplicación Cash Cash a personas residentes en México, Colombia, Perú y Chile.
La institución señaló que los solicitantes supuestamente entregaban datos personales y una fotografía de su rostro como parte de los requisitos para acceder a los créditos.
Las versiones de 26 colaboradores del call center forman parte de los elementos incorporados al proceso. Según Fiscalía, estos testimonios describen cómo supuestamente se distribuían las actividades dentro del establecimiento.
De acuerdo con la institución, los colaboradores identificaron a los 10 procesados como las personas que supuestamente dirigían las actividades de cobranza mediante supuestos actos intimidatorios.
Los testimonios de los colaboradores también describen las condiciones bajo las cuales supuestamente funcionaba el sistema de llamadas.
Según esas versiones, los operadores recibían bases de datos y debían completar alrededor de 120 llamadas diarias.
Los colaboradores también declararon que recibían un salario de 470 dólares mensuales y que existían metas de cobranza.
De acuerdo con esos testimonios, cuando un operador no cumplía los objetivos supuestamente enfrentaba multas que se descontaban de su remuneración.
Estos señalamientos forman parte de los elementos que Fiscalía presentó dentro del proceso.
La tesis fiscal también aborda lo que supuestamente ocurría cuando una persona registraba mora en el pago del crédito.
Según los elementos expuestos durante la audiencia, en esos casos se habría incrementado la cantidad de llamadas dirigidas al usuario.
Fiscalía sostiene que algunos deudores supuestamente recibían amenazas relacionadas con la difusión de sus fotografías en redes sociales.
Entre los documentos encontrados durante el operativo también constan capturas de pantalla que, según Fiscalía, muestran conversaciones supuestamente extorsivas.
Otro elemento dentro de la tesis fiscal corresponde al supuesto uso de fotografías de los usuarios.
Según Fiscalía, las imágenes que los solicitantes supuestamente entregaban para acceder a los créditos habrían servido para elaborar montajes mediante herramientas de inteligencia artificial.
La institución señaló que esos montajes supuestamente mostraban a los deudores en situaciones incómodas.
Según la tesis presentada durante la audiencia, las supuestas amenazas consistían en advertir sobre la difusión de esas imágenes en redes sociales para poner en entredicho la reputación de los usuarios.
Estos hechos forman parte de la investigación y todavía deberán determinarse dentro del proceso judicial.
Durante la audiencia, Fiscalía individualizó los presuntos roles que atribuye a cada una de las 10 personas procesadas.
La investigación señala a Yang X., ciudadano de nacionalidad china, como el presunto dirigente del grupo. Según la tesis fiscal, él supuestamente asignaba funciones de líderes, auditores, contadores y operadores telefónicos.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó el 22 de agosto que, según la información preliminar, el establecimiento estaba dirigido por una persona de nacionalidad china.
Reimberg también señaló que durante la intervención hubo 118 personas vinculadas al lugar y cuestionó que solo 10 quedaran a órdenes de la justicia.
Durante el operativo, los agentes retuvieron 172 computadores y 76 teléfonos celulares, según Fiscalía. La Policía también informó sobre dos armas traumáticas.
Reimberg señaló que en determinadas terminales los agentes encontraron mensajes con supuestas amenazas, contenido supuestamente extorsivo e imágenes violentas.
Personal de la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (Unase), Policía Judicial y Criminalística participó en las diligencias.
Criminalística quedó a cargo de la fijación, levantamiento, embalaje y cadena de custodia de los indicios. Las pericias a los dispositivos deberán aportar elementos para establecer qué comunicaciones guardan relación con el caso y las posibles responsabilidades.
Fiscalía procesó a 10 personas por su supuesta participación en el supuesto delito de asociación ilícita con fines de intimidación y extorsión.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal de turno solicitó prisión preventiva para los 10 procesados.
La institución presentó como elementos las versiones de 26 colaboradores, la inspección ocular técnica, las versiones de los agentes aprehensores y documentos encontrados en la oficina de Yang X.
El caso seguirá mediante procedimiento directo. La instrucción fiscal quedó fijada en 20 días y la audiencia está prevista para el 14 de septiembre de 2026, a las 13:30.
El artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica la asociación ilícita. La intimidación consta en el artículo 154 y la extorsión, en el 185. El proceso judicial deberá determinar la existencia de los supuestos delitos y las responsabilidades individuales de las personas procesadas.
¿Qué ocurrió en el supuesto call center investigado en Quito?
Fiscalía investiga las actividades que supuestamente se desarrollaban en un call center ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Guerrero, en el centro norte de Quito.
Un operativo policial del 21 de agosto de 2026 dejó 10 personas procesadas y 248 dispositivos electrónicos como indicios. El proceso deberá determinar la existencia de los supuestos delitos y las responsabilidades individuales.
¿Cómo habría funcionado el supuesto sistema de cobranzas del call center?
Según la tesis fiscal, el mecanismo habría comenzado con préstamos mediante la aplicación Cash Cash y continuaba con llamadas de cobranza a los usuarios.
Fiscalía señaló que los solicitantes supuestamente entregaban datos personales y una fotografía para acceder a créditos. Los préstamos estaban dirigidos a personas residentes en México, Colombia, Perú y Chile.
¿Qué ocurría supuestamente cuando una persona no pagaba el crédito?
Fiscalía sostiene que algunos usuarios en mora supuestamente recibían más llamadas y amenazas relacionadas con la difusión de fotografías en redes sociales.
Entre los documentos incorporados al caso constan capturas de pantalla que, según la institución, muestran conversaciones supuestamente extorsivas.
¿Para qué se habrían utilizado las fotografías de los usuarios?
Según la tesis fiscal, las fotografías supuestamente habrían servido para crear montajes mediante herramientas de inteligencia artificial.
Fiscalía señaló que las imágenes mostrarían a los deudores en situaciones incómodas y que las supuestas amenazas advertían sobre su difusión en redes sociales para afectar su reputación.
¿Cuántas llamadas debían realizar los operadores del call center?
Según las versiones incorporadas al proceso, los operadores supuestamente debían completar alrededor de 120 llamadas diarias.
Los colaboradores declararon que recibían bases de datos, tenían metas de cobranza y percibían un salario mensual de 470 dólares. También señalaron supuestos descuentos por incumplir objetivos.
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La Fiscalía expuso durante la audiencia una tesis sobre las actividades que supuestamente se desarrollaban en el lugar y el mecanismo que habría seguido el sistema de cobranzas.
Así habría comenzado el supuesto sistema de cobranzas del call center en Quito
Según la tesis que Fiscalía expuso durante la audiencia, el mecanismo habría comenzado con préstamos ofrecidos mediante la aplicación Cash Cash a personas residentes en México, Colombia, Perú y Chile.
La institución señaló que los solicitantes supuestamente entregaban datos personales y una fotografía de su rostro como parte de los requisitos para acceder a los créditos.
Las versiones de 26 colaboradores del call center forman parte de los elementos incorporados al proceso. Según Fiscalía, estos testimonios describen cómo supuestamente se distribuían las actividades dentro del establecimiento.
De acuerdo con la institución, los colaboradores identificaron a los 10 procesados como las personas que supuestamente dirigían las actividades de cobranza mediante supuestos actos intimidatorios.
Operadores supuestamente debían completar 120 llamadas al día
Los testimonios de los colaboradores también describen las condiciones bajo las cuales supuestamente funcionaba el sistema de llamadas.
Según esas versiones, los operadores recibían bases de datos y debían completar alrededor de 120 llamadas diarias.
Los colaboradores también declararon que recibían un salario de 470 dólares mensuales y que existían metas de cobranza.
De acuerdo con esos testimonios, cuando un operador no cumplía los objetivos supuestamente enfrentaba multas que se descontaban de su remuneración.
Estos señalamientos forman parte de los elementos que Fiscalía presentó dentro del proceso.
Esto supuestamente ocurría cuando un usuario entraba en mora
La tesis fiscal también aborda lo que supuestamente ocurría cuando una persona registraba mora en el pago del crédito.
Según los elementos expuestos durante la audiencia, en esos casos se habría incrementado la cantidad de llamadas dirigidas al usuario.
Fiscalía sostiene que algunos deudores supuestamente recibían amenazas relacionadas con la difusión de sus fotografías en redes sociales.
Entre los documentos encontrados durante el operativo también constan capturas de pantalla que, según Fiscalía, muestran conversaciones supuestamente extorsivas.
Fiscalía investiga un supuesto uso de montajes con inteligencia artificial
Otro elemento dentro de la tesis fiscal corresponde al supuesto uso de fotografías de los usuarios.
Según Fiscalía, las imágenes que los solicitantes supuestamente entregaban para acceder a los créditos habrían servido para elaborar montajes mediante herramientas de inteligencia artificial.
La institución señaló que esos montajes supuestamente mostraban a los deudores en situaciones incómodas.
Según la tesis presentada durante la audiencia, las supuestas amenazas consistían en advertir sobre la difusión de esas imágenes en redes sociales para poner en entredicho la reputación de los usuarios.
Estos hechos forman parte de la investigación y todavía deberán determinarse dentro del proceso judicial.
Fiscalía atribuye presuntos roles a los 10 procesados
Durante la audiencia, Fiscalía individualizó los presuntos roles que atribuye a cada una de las 10 personas procesadas.
La investigación señala a Yang X., ciudadano de nacionalidad china, como el presunto dirigente del grupo. Según la tesis fiscal, él supuestamente asignaba funciones de líderes, auditores, contadores y operadores telefónicos.
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó el 22 de agosto que, según la información preliminar, el establecimiento estaba dirigido por una persona de nacionalidad china.
Reimberg también señaló que durante la intervención hubo 118 personas vinculadas al lugar y cuestionó que solo 10 quedaran a órdenes de la justicia.
248 dispositivos forman parte de los indicios del caso
Durante el operativo, los agentes retuvieron 172 computadores y 76 teléfonos celulares, según Fiscalía. La Policía también informó sobre dos armas traumáticas.
Reimberg señaló que en determinadas terminales los agentes encontraron mensajes con supuestas amenazas, contenido supuestamente extorsivo e imágenes violentas.
Personal de la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (Unase), Policía Judicial y Criminalística participó en las diligencias.
Criminalística quedó a cargo de la fijación, levantamiento, embalaje y cadena de custodia de los indicios. Las pericias a los dispositivos deberán aportar elementos para establecer qué comunicaciones guardan relación con el caso y las posibles responsabilidades.
Diez personas están procesadas por supuesta asociación ilícita
Fiscalía procesó a 10 personas por su supuesta participación en el supuesto delito de asociación ilícita con fines de intimidación y extorsión.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la fiscal de turno solicitó prisión preventiva para los 10 procesados.
La institución presentó como elementos las versiones de 26 colaboradores, la inspección ocular técnica, las versiones de los agentes aprehensores y documentos encontrados en la oficina de Yang X.
El caso seguirá mediante procedimiento directo. La instrucción fiscal quedó fijada en 20 días y la audiencia está prevista para el 14 de septiembre de 2026, a las 13:30.
El artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) tipifica la asociación ilícita. La intimidación consta en el artículo 154 y la extorsión, en el 185. El proceso judicial deberá determinar la existencia de los supuestos delitos y las responsabilidades individuales de las personas procesadas.
Call center supuestamente usado para extorsiones en Quito; preguntas frecuentes
¿Qué ocurrió en el supuesto call center investigado en Quito? Fiscalía investiga las actividades que supuestamente se desarrollaban en un call center ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Guerrero, en el centro norte de Quito.
Un operativo policial del 21 de agosto de 2026 dejó 10 personas procesadas y 248 dispositivos electrónicos como indicios. El proceso deberá determinar la existencia de los supuestos delitos y las responsabilidades individuales.
¿Cómo habría funcionado el supuesto sistema de cobranzas del call center? Según la tesis fiscal, el mecanismo habría comenzado con préstamos mediante la aplicación Cash Cash y continuaba con llamadas de cobranza a los usuarios.
Fiscalía señaló que los solicitantes supuestamente entregaban datos personales y una fotografía para acceder a créditos. Los préstamos estaban dirigidos a personas residentes en México, Colombia, Perú y Chile.
¿Qué ocurría supuestamente cuando una persona no pagaba el crédito? Fiscalía sostiene que algunos usuarios en mora supuestamente recibían más llamadas y amenazas relacionadas con la difusión de fotografías en redes sociales.
Entre los documentos incorporados al caso constan capturas de pantalla que, según la institución, muestran conversaciones supuestamente extorsivas.
¿Para qué se habrían utilizado las fotografías de los usuarios? Según la tesis fiscal, las fotografías supuestamente habrían servido para crear montajes mediante herramientas de inteligencia artificial.
Fiscalía señaló que las imágenes mostrarían a los deudores en situaciones incómodas y que las supuestas amenazas advertían sobre su difusión en redes sociales para afectar su reputación.
¿Cuántas llamadas debían realizar los operadores del call center? Según las versiones incorporadas al proceso, los operadores supuestamente debían completar alrededor de 120 llamadas diarias.
Los colaboradores declararon que recibían bases de datos, tenían metas de cobranza y percibían un salario mensual de 470 dólares. También señalaron supuestos descuentos por incumplir objetivos.
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