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Justicia
Arévalo acusa al MP de proteger a responsables de ataques contra la PNC; Fiscalía responde con cifras y defensa institucional
La imputación por delitos menores a un presunto pandillero vinculado con ataques a la PNC provocó un cruce de señalamientos entre el presidente Bernardo Arévalo y el Ministerio Público.
César Pérez Marroquín
20 de enero de 2026
|
16:14h
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Bernardo Arévalo critica al MP por no imputar asesinato a presunto pandillero; Consuelo Porras defiende actuación de la Fiscalía. (Foto: Hemeroteca PL)
La resolución judicial que ligó a proceso penal a Harol Yeraldo Salguero Morales, presunto integrante de la pandilla Barrio 18, provocó un cruce de señalamientos entre el presidente Bernardo Arévalo y el Ministerio Público (MP).
Salguero Morales fue detenido en el contexto de los recientes ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC); sin embargo, la Fiscalía no solicitó su procesamiento por los homicidios, sino por portación ilegal de arma de fuego y promoción y fomento a la drogadicción.
Según la investigación, en el teléfono incautado a Salguero Morales se encontraron audios y videos en los que, presuntamente, se coordinaban ataques contra agentes de la PNC. Aun con este material, el MP solicitó que el sindicado fuera ligado únicamente por los delitos hallados al momento de su captura: un arma sin documentación legal y sustancias ilícitas.
En respuesta, el MP señaló que el caso se encuentra en su fase inicial, por lo que la imputación podría ampliarse. “Durante la diligencia fue el Ministerio Público quien puso a la vista del juez diversos indicios […] El proceso penal se encuentra en sus primeras fases y el resultado obtenido hoy no exonera ni inculpa al sindicado respecto de la posible comisión de otros delitos”, publicó la institución en sus redes sociales.
Horas después, el presidente Arévalo reaccionó en X, antes Twitter: “Hoy, en lugar de perseguir con rigor a quienes asesinaron cobardemente a los agentes de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público optó por protegerlos, pidiendo únicamente que fueran ligados por portación de armas y drogas, ignorando los delitos graves vinculados a sus actos terroristas que permitirían juzgarlos con la nueva ley antipandillas. Es un insulto a los policías asesinados, a sus familias, al pueblo de Guatemala”.
El MP no tardó en responder: “Insultante para el pueblo de Guatemala es que se utilice una tragedia nacional para continuar su campaña de desprestigio contra el Ministerio Público, una institución autónoma que actúa con independencia y rigor técnico. La Fiscalía actuó con profesionalismo: presentó los indicios racionales suficientes, logrando que se ligara a proceso al sindicado por dos delitos y la imposición de prisión preventiva. La investigación continúa y se ampliarán las imputaciones según avance la evidencia, como lo establece la ley. ¿Hasta cuándo se utilizarán las víctimas de la violencia para justificar ataques a la autonomía del MP? El pueblo de Guatemala exige justicia efectiva, no espectáculos políticos”.
A esta postura se sumó la fiscal general, Consuelo Porras, quien defendió el actuar del MP: “El MP no solo presentó imputación, sino que expuso ante el órgano jurisdiccional los elementos que evidencian la posible vinculación del sindicado con ataques contra agentes de la Policía Nacional Civil, solicitando prisión preventiva, a lo cual accedió el juez, denegándole a la defensa el otorgamiento de medidas sustitutivas. El proceso se encuentra en fase inicial y la Fiscalía continuará ampliando la investigación y las imputaciones conforme al avance de las diligencias, con estricto apego a la ley”.
Porras también publicó cifras sobre la actuación de su gestión contra las pandillas. Indicó que, durante su administración, se ha ligado a proceso a más de 5,000 personas vinculadas al Barrio 18 y a más de 6,000 de la Mara Salvatrucha. También reportó más de 10,000 condenas en contra de ambas estructuras, así como la incautación de Q3 millones 946 mil 399.25.
Por último, la jefa del MP acusó -sin especificar a quien, pero al parecer haciendo alusión del Ejecutivo- de opinar sin conocimiento técnico y exhortó a las demás autoridades a “ponerse a trabajar”.
Los señalamientos surgen tras una jornada de violencia registrada el pasado domingo, cuando diez agentes de la PNC fueron asesinados en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades atribuyen los ataques a presuntos integrantes del Barrio 18, en represalia por la recuperación del control en tres cárceles donde se habían reportado motines.
Durante mi administración, el @MPguatemala ha fortalecido de manera contundente la lucha contra las estructuras criminales terroristas con resultados notorios, combatiendo de frente a estructuras criminales que han causado terror y violencia en el país.
Contra Barrio 18: 5,394…
— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) January 20, 2026
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