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Vinicio Chacón Soto
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El presupuesto del Poder Judicial experimenta recortes constantes desde el Poder Ejecutivo que se han materializado en la negativa a girar unos ₡8 mil millones aprobados por la Asamblea Legislativa y más recientemente la pretensión de reducirlo en ₡27 mil millones para 2027.
Ello ha incidido en que “todos los programas de capacitación han disminuido completamente, al punto de que algunos ya desaparecieron”, de acuerdo con Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).
Es por ello que esta asociación puso en marcha una estrategia para fortalecer la formación continua de jueces y juezas mediante alianzas académicas con instituciones especializadas. Así, el pasado martes firmó un convenio de cooperación académica con el Instituto Robert Owen (IRO), que permitirá otorgar inicialmente 100 becas para que jueces y juezas de todo el país participen en un programa especializado de formación en valoración de la prueba pericial y psicología jurídica aplicada a la función jurisdiccional.
El IRO es una institución académica especializada en psicología jurídica y forense en el ámbito iberoamericano, cuyo cuerpo docente está integrado por especialistas internacionales y mantiene alianzas con organizaciones académicas y judiciales de diversos países.
El programa en concreto es el Diplomado Iberoamericano en Praxis Pericial Forense, que se impartirá de manera virtual y cuenta con el respaldo de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica.
Orocú ahondó en el problema ya de años de la falta de recursos para programas de capacitación. “Las capacitaciones internacionales, externas ya son nulas dentro del Poder Judicial prácticamente, también las capacitaciones que podían lograrse de maestrías o postgrados que vinieran a incidir positivamente en la labor jurisdiccional”.
Asimismo, aclaró que no se trata de una iniciativa “ en beneficio directo del juez y la jueza, sino en beneficio de la ciudadanía, que va a recibir una justicia muchísimo más allegada a los principios no sólo de aplicación de la ley, sino a los principios de justicia y eficiencia que se requieren en la sociedad”.
Por su parte Pablo Cruz, director general del IRO, expresó que el diplomado “es un complemento. El diplomado no es que va a solucionar todo, lo que les va a dar es una gran herramienta para que ellos tomen las decisiones mucho mejor, más pensadas, con criterio mucho más amplio, y sobre todo, que tengan mayor independencia”.
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