ANEP tras subida de precio en contrato ICE-Cisco: “Un incremento cercano al 100% no es un ajuste técnico”

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Adrián Z. Rivero

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) agregó nuevos cuestionamientos contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la multimillonaria “contratación directa por excepción” de equipos Cisco que la entidad promueve, luego de que UNIVERSIDAD revelara que algunos precios aumentaron hasta un 90,25% respecto a lo inicialmente cotizado.

La licitación, aún en proceso de adjudicación, está destinada a la actualización de la red de transporte, una infraestructura clave para la distribución (llevar y traer) de información (voz, datos, video, etc.) entre usuarios finales.

En relación con esta adquisición, una investigación de UNIVERSIDAD, publicada el año pasado, reveló cómo el ICE convirtió lo que iba a ser una compra abierta en un multimillonario contrato directo para Cisco, con paso por Casa Presidencial.


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La institución tenía todo listo para publicar la contratación abierta, pero esto nunca sucedió y ahora se transformó en una licitación de ₡20.200 millones que solo permite que Cisco participe.


Además, la semana pasada, este medio dio a conocer que la única oferta en el concurso, presentada por el consorcio Datasys-ITS, tiene variaciones en algunos ítems o líneas, que van desde 43,68% menos hasta 90,25% más que lo estimado apenas unos meses antes.

“Un incremento cercano al 100% no es un ajuste técnico ni una corrección de mercado, a contrario sensu, es una alteración sustancial del equilibrio económico del contrato y una deformación absoluta del resultado del proceso de contratación”, señaló ANEP en un comunicado de prensa.

Tras la publicación de este medio, el ICE pareció restar importancia a la situación, argumentando que “las variaciones observadas responden a la dinámica propia de este tipo de contrataciones y no alteran el costo global del proyecto”. La Gerencia de Telecomunicaciones del Instituto se escudó en que el precio global ofertado presenta una reducción de ₡171 millones respecto del estudio de mercado.

De acuerdo con la recomendación de adjudicación, disponible en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), el monto cotizado era de $39.852.777,00 (₡19.926 millones) frente a los $39.509.999,37 (₡19.755 millones) que finalmente se ofertaron, con lo cual, a primera vista, toda la oferta en conjunto sería un 0,86% más baja, es decir, esos ₡171 millones menos.

No obstante, en su propio comunicado, el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE (Siice) explicó que el precio debe analizarse línea por línea (y no de forma global) debido a que el contrato abre la posibilidad de realizar pedidos por elementos individuales, lo que entonces podría ocasionar “el pago de sumas millonarias de más con respecto al estimado en las proyecciones”.

“Cualquier incremento desproporcionado puede ocultarse tras una suma global favorable en el papel, aunque en la práctica implique pagos millonarios adicionales por servicios efectivamente requeridos. De ahí que resulte no solo legítimo, sino obligatorio, preguntarse de dónde surge ese supuesto ahorro, qué variables se excluyeron del análisis y por qué se omite deliberadamente el impacto real de los incrementos individuales”, añadió ANEP.

La organización laboral anotó que otro elemento que debería haber “encendido todas las alarmas institucionales” es “la inusual y excesiva cantidad de subsanaciones” que se pidieron a Datasys-ITS (tuvo que corregir o aclarar más de 110 aspectos en la oferta), sobre todo en un procedimiento tramitado como contratación directa por excepción y que tiene un único oferente.

“El ICE no es una plataforma para maximizar utilidades privadas a costa del patrimonio público”, señaló el sindicato.

Además de ANEP y Siice, la semana anterior también se pronunció la Asociación Sindical de Empleados del ICE (Asdeice), la cual aseguró que, de concretarse la venta con los costos aumentados, se trataría de “un escándalo administrativo y financiero de enormes proporciones”.

“Ningún proceso de contratación pública puede justificar incrementos de esta magnitud sin violentar los principios básicos de legalidad, razonabilidad y protección del interés público. Un aumento cercano al 100% no es un ajuste, es una distorsión absoluta del concurso original y una señal alarmante de debilidad institucional frente a grandes proveedores”, manifestó esa organización.


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