ANDE interviene conexiones clandestinas para riego

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Silvana Bogarín

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La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) realizó un procedimiento de control de pérdidas en el departamento de San Pedro, específicamente en la zona de Santa Rosa del Aguaray.

Las tareas, llevadas a cabo por la División de Intervenciones Estratégicas, entre el 1 y el 5 de diciembre, resultaron en la detección de tres suministros que operaban con conexiones directas, en Media Tensión, eludiendo los sistemas de medición para alimentar pivotes de irrigación en cultivos a gran escala.

Entre los casos detectados, el de mayor envergadura corresponde al suministro a nombre de la firma Silo Nuevo México S.A. (NIS 2.325.010), En dicha propiedad, los técnicos de la estatal constataron un despliegue de infraestructura irregular compuesto por seis transformadores de distribución, los cuales sumaban una potencia instalada de 2.200 kVA.

Según los cálculos técnicos de la institución, la energía sustraída en este establecimiento generó un daño patrimonial estimado de más de G. 1.718 millones, monto que representa la mayor parte del perjuicio total que descubrieron durante el operativo.

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Los fiscalizadores intervinieron también otras dos propiedades con irregularidades similares. Se trata de los suministros pertenecientes a Johan Quiring Bergen y Alvari Bertoldo Schreiner, donde encontraron potencias instaladas de 45 kVA y 150 kVA, respectivamente. Al igual que en el caso de Silo, estas instalaciones se encontraban conectadas en forma directa a la red de Media Tensión.

El perjuicio combinado de estos dos usuarios asciende a más de G. 103 millones, evidenciando una práctica extendida en la zona que afecta la calidad del servicio eléctrico para los demás usuarios.

Como consecuencia de estas acciones ilícitas, la ANDE determinó que los responsables deberán abonar una suma total de G. 1.822 millones. Este monto incluye el pago por la energía consumida y no facturada, así como los gastos operativos de la intervención y las multas correspondientes establecidas en la Ley 966/64.

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La institución enfatizó que el robo de energía no solo implica pérdidas económicas, sino que pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico regional.

De acuerdo con la denuncia realizada, los implicados se exponen a 10 años de privación de libertad.

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