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Orlando Silva
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La crisis penitenciaria volvió a tensarse el domingo 7 de diciembre de 2025, tras una nueva escalada de muertes violentas. Los hechos registrados en Machala, junto con los antecedentes de noviembre y los reportes del SNAI, reactivaron la discusión sobre el control estatal, la disputa criminal y el efecto de las capturas de cabecillas.
El SNAI confirmó que 13 reos murieron en la cárcel de Machala. Según la institución, las autopsias buscan determinar las causas oficiales. El domingo se registró la detonación de un artefacto en los exteriores del centro penitenciario, lo que coincidió con el motín interno.
La prensa local reportó que la explosión, presuntamente causada por un dron, se habría usado para distraer a la fuerza pública. Esto habría facilitado que bandas rivales iniciaran los hechos violentos dentro del penal.
Un mes antes, la misma cárcel registró 31 asesinatos. Las autoridades mantienen la zona bajo control policial y militar desde los eventos de noviembre.
El 9 de noviembre murieron 27 presos ahorcados en Machala. Horas antes ocurrieron otros cuatro asesinatos y 33 personas resultaron heridas. Ese día también un agente policial quedó afectado en medio del enfrentamiento entre bandas.
Ocho días antes se hallaron 12 cuerpos en tres cárceles: seis en la Penitenciaría del Litoral, cuatro en Turi y dos en Esmeraldas. El SNAI informó que los fallecimientos en Guayaquil se debieron a tuberculosis, enfermedad que también habría causado otras 12 muertes ese mes.
Los hechos confirmaron que la violencia carcelaria se mantiene como uno de los principales indicadores de la crisis de seguridad del país.
Desde 2021, aproximadamente 600 internos han sido asesinados en masacres dentro de los centros de rehabilitación social, según EFE. Los motines, las disputas entre bandas criminales y la falta de control estatal sostienen ese balance.
El país mantiene varias cárceles militarizadas y otras bajo control policial desde que el Gobierno declaró el “conflicto armado interno” en 2024. Aun así, los registros de homicidios continúan aumentando: en el primer semestre de 2025 hubo 4 619 asesinatos, un 47% más que en 2024, según información de EFE.
Los especialistas explican que estos datos reflejan una crisis penitenciaria y territorial que no da señales de estabilización.
Karla Rosero, experta en seguridad, explica que las detenciones recientes de cabecillas modifican la dinámica de poder dentro y fuera de las cárceles. Señala que la captura de líderes no elimina el riesgo, porque los grupos criminales compiten por ocupar los espacios de mando vacíos.
Rosero interpreta el incremento de muertes bajo custodia como evidencia de un sistema penitenciario débil y vulnerable. Afirma que la violencia previa a las capturas y las represalias internas explican por qué los fallecimientos de 2025 superan a los de 2024.
Para Rosero, dos factores impulsan estos repuntes: la estructura criminal consolidada y los períodos de reacomodo violento que ocurren cuando un cabecilla es removido.
Rosero indica que la Penitenciaría del Litoral concentra un porcentaje alto de los fallecidos porque allí operan varias organizaciones criminales con bases propias y conflictos internos. Señala que ese centro mantiene una capacidad de comunicación que facilita la organización de disputas.
La experta afirma que las capturas recientes pudieron acelerar los vacíos de poder en ese penal. Explica que la preparación armada de cada banda influye en la magnitud de la violencia y en la capacidad de someter a grupos rivales.
Añade que la concentración de estructuras fuertes hace que la mortalidad sea desproporcionada en relación con otras cárceles del país.
Rosero considera que el Estado mantiene una capacidad limitada y fragmentada para ejercer control, garantizar seguridad y ofrecer atención sanitaria. Indica que las estructuras de control internas necesitan una depuración mayor.
Explica que la respuesta estatal continúa siendo reactiva, lo que impide prevenir episodios críticos. Sostiene que la infraestructura penitenciaria no se ha actualizado en años y que el hacinamiento provoca epidemias dentro de los centros.
Rosero añade que el país necesita reforzar la intercepción de comunicaciones, mejorar los bloqueos en áreas sensibles y ampliar las actividades productivas para las personas privadas de libertad.
Hernán Moreano, experto en seguridad, considera que el país no tiene una política pública de rehabilitación social en ninguna de las 35 cárceles administradas por el SNAI. Afirma que no existe una política de seguridad integral, debido a la falta de psicólogos, médicos y personal para atender emergencias sanitarias como la tuberculosis.
Moreano señala que la cesión de control penitenciario a bandas criminales se consolidó entre 2017 y 2021. Indica que la reducción presupuestaria y la suspensión de programas de rehabilitación durante la pandemia profundizaron el vacío institucional.
Explica que desde 2021 han fallecido 626 personas privadas de libertad por la violencia, sin que el Estado haya recuperado la institucionalidad penitenciaria.
Moreano explica que la rivalidad entre bandas por el control de pabellones responde a su interés de manejar rutas de droga, armas, madera, oro y lavado de activos. Señala que el Estado no controla las cárceles y que los guías penitenciarios responden a estructuras criminales.
El experto indica que se requiere cooperación internacional y participación académica para diseñar una política pública en rehabilitación social. Recomienda que el Gobierno incorpore asesores especializados en seguridad integral, justicia y política penitenciaria.
Rosero añade que, si la tendencia continúa, pueden registrarse oleadas de violencia dentro y fuera de las cárceles debido a los reacomodos criminales. Afirma que el Estado necesita una estrategia que abarque lavado de activos, logística del narcotráfico, control fronterizo e inteligencia penitenciaria.
Información extra: Cárceles Ecuador
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La nueva jornada de crisis carcelaria en Ecuador
El SNAI confirmó que 13 reos murieron en la cárcel de Machala. Según la institución, las autopsias buscan determinar las causas oficiales. El domingo se registró la detonación de un artefacto en los exteriores del centro penitenciario, lo que coincidió con el motín interno.
La prensa local reportó que la explosión, presuntamente causada por un dron, se habría usado para distraer a la fuerza pública. Esto habría facilitado que bandas rivales iniciaran los hechos violentos dentro del penal.
Un mes antes, la misma cárcel registró 31 asesinatos. Las autoridades mantienen la zona bajo control policial y militar desde los eventos de noviembre.
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— El Comercio (@elcomerciocom) December 8, 2025
Antecedentes de muertes en cadena durante noviembre
El 9 de noviembre murieron 27 presos ahorcados en Machala. Horas antes ocurrieron otros cuatro asesinatos y 33 personas resultaron heridas. Ese día también un agente policial quedó afectado en medio del enfrentamiento entre bandas.
Ocho días antes se hallaron 12 cuerpos en tres cárceles: seis en la Penitenciaría del Litoral, cuatro en Turi y dos en Esmeraldas. El SNAI informó que los fallecimientos en Guayaquil se debieron a tuberculosis, enfermedad que también habría causado otras 12 muertes ese mes.
Los hechos confirmaron que la violencia carcelaria se mantiene como uno de los principales indicadores de la crisis de seguridad del país.
La proyección de una crisis acumulada desde 2021
Desde 2021, aproximadamente 600 internos han sido asesinados en masacres dentro de los centros de rehabilitación social, según EFE. Los motines, las disputas entre bandas criminales y la falta de control estatal sostienen ese balance.
El país mantiene varias cárceles militarizadas y otras bajo control policial desde que el Gobierno declaró el “conflicto armado interno” en 2024. Aun así, los registros de homicidios continúan aumentando: en el primer semestre de 2025 hubo 4 619 asesinatos, un 47% más que en 2024, según información de EFE.
Los especialistas explican que estos datos reflejan una crisis penitenciaria y territorial que no da señales de estabilización.
La lectura sobre el aumento de muertes bajo custodia
Karla Rosero, experta en seguridad, explica que las detenciones recientes de cabecillas modifican la dinámica de poder dentro y fuera de las cárceles. Señala que la captura de líderes no elimina el riesgo, porque los grupos criminales compiten por ocupar los espacios de mando vacíos.
Rosero interpreta el incremento de muertes bajo custodia como evidencia de un sistema penitenciario débil y vulnerable. Afirma que la violencia previa a las capturas y las represalias internas explican por qué los fallecimientos de 2025 superan a los de 2024.
Para Rosero, dos factores impulsan estos repuntes: la estructura criminal consolidada y los períodos de reacomodo violento que ocurren cuando un cabecilla es removido.
La Penitenciaría del Litoral como epicentro
Rosero indica que la Penitenciaría del Litoral concentra un porcentaje alto de los fallecidos porque allí operan varias organizaciones criminales con bases propias y conflictos internos. Señala que ese centro mantiene una capacidad de comunicación que facilita la organización de disputas.
La experta afirma que las capturas recientes pudieron acelerar los vacíos de poder en ese penal. Explica que la preparación armada de cada banda influye en la magnitud de la violencia y en la capacidad de someter a grupos rivales.
Añade que la concentración de estructuras fuertes hace que la mortalidad sea desproporcionada en relación con otras cárceles del país.
Limitaciones del Estado para controlar el sistema penitenciario
Rosero considera que el Estado mantiene una capacidad limitada y fragmentada para ejercer control, garantizar seguridad y ofrecer atención sanitaria. Indica que las estructuras de control internas necesitan una depuración mayor.
Explica que la respuesta estatal continúa siendo reactiva, lo que impide prevenir episodios críticos. Sostiene que la infraestructura penitenciaria no se ha actualizado en años y que el hacinamiento provoca epidemias dentro de los centros.
Rosero añade que el país necesita reforzar la intercepción de comunicaciones, mejorar los bloqueos en áreas sensibles y ampliar las actividades productivas para las personas privadas de libertad.
La ausencia de política pública
Hernán Moreano, experto en seguridad, considera que el país no tiene una política pública de rehabilitación social en ninguna de las 35 cárceles administradas por el SNAI. Afirma que no existe una política de seguridad integral, debido a la falta de psicólogos, médicos y personal para atender emergencias sanitarias como la tuberculosis.
Moreano señala que la cesión de control penitenciario a bandas criminales se consolidó entre 2017 y 2021. Indica que la reducción presupuestaria y la suspensión de programas de rehabilitación durante la pandemia profundizaron el vacío institucional.
Explica que desde 2021 han fallecido 626 personas privadas de libertad por la violencia, sin que el Estado haya recuperado la institucionalidad penitenciaria.
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Riesgos futuros y la necesidad de una estrategia integral
Moreano explica que la rivalidad entre bandas por el control de pabellones responde a su interés de manejar rutas de droga, armas, madera, oro y lavado de activos. Señala que el Estado no controla las cárceles y que los guías penitenciarios responden a estructuras criminales.
El experto indica que se requiere cooperación internacional y participación académica para diseñar una política pública en rehabilitación social. Recomienda que el Gobierno incorpore asesores especializados en seguridad integral, justicia y política penitenciaria.
Rosero añade que, si la tendencia continúa, pueden registrarse oleadas de violencia dentro y fuera de las cárceles debido a los reacomodos criminales. Afirma que el Estado necesita una estrategia que abarque lavado de activos, logística del narcotráfico, control fronterizo e inteligencia penitenciaria.
Información extra: Cárceles Ecuador
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