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Giovanna Alvear
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Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’, presunto líder de Los Lobos, presentó nuevos argumentos para intentar frenar su extradición a Ecuador. Su defensa sostiene que teme que, una vez en el país, las autoridades ecuatorianas lo envíen a Estados Unidos.
Los abogados también aseguran que la vida de Chavarría corre riesgo. Además, acusan a Ecuador de no entregar a las autoridades españolas información relacionada con la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.
La defensa de Chavarría presentó un nuevo escrito, al que tuvo acceso EFE este miércoles. En el documento, sus abogados reiteran sus preocupaciones y piden a los magistrados españoles que detengan la entrega.
Los letrados aportaron declaraciones públicas de dirigentes políticos que mencionan una posible futura extradición de ‘Pipo’ a Estados Unidos. Según su argumento, Ecuador no pretende únicamente que Chavarría cumpla los cinco años que le restan de una condena de 16 años.
La defensa considera que las autoridades ecuatorianas buscan juzgarlo por el asesinato de Fernando Villavicencio. Sus abogados sostienen que Ecuador intenta hacerlo sin el control de España.
La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de Chavarría a Ecuador a finales de julio. Meses antes, los magistrados habían rechazado entregarlo a Estados Unidos.
Estados Unidos lo reclamaba por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para introducir cinco kilos de cocaína en California.
Las autoridades españolas detuvieron al presunto narcotraficante en noviembre de 2025 en Málaga, en el sur de España. Según la información, había llegado en 2022 desde Colombia con una identidad falsa, después de fingir su muerte en Ecuador.
Al parecer, Chavarría se habría sometido a siete operaciones en el rostro para evitar que lo reconocieran.
La Audiencia Nacional deberá analizar ahora el recurso presentado por la defensa. El tribunal aceptó extraditarlo por hechos distintos al asesinato de Villavicencio.
El caso está relacionado con el asalto a una sucursal bancaria en Ecuador en 2010. Durante un tiroteo con la Policía murieron tres personas. Por ese hecho, Chavarría recibió una condena de 16 años de prisión.
Las autoridades declararon extinguida la condena cuando dieron por muerto a Chavarría en septiembre de 2021. Posteriormente, anularon esa extinción.
La defensa acusa a Ecuador de ocultar que procesó al reclamado por el asesinato de Villavicencio, ordenó su prisión y solicitó su captura internacional. Los abogados sostienen que las autoridades ecuatorianas omitieron esa información para obtener una decisión que no habrían conseguido con todos los datos.
También entregaron documentación sobre los riesgos que, según su postura, enfrentaría Chavarría si ingresa en la cárcel de El Encuentro. Mencionan la supuesta muerte por asfixia de un preso vinculado también a Los Lobos y denuncias sobre torturas.
Chavarría recuerda que, en febrero, autoridades españolas lo interrogaron a petición de la Fiscalía ecuatoriana por el asesinato de Fernando Villavicencio. Durante esa diligencia, aseguró que el actual presidente Daniel Noboa ordenó el crimen por temor a que el candidato ganara las elecciones de 2025.
Por esa declaración contra el actual mandatario, Chavarría sostiene que su vida corre peligro.
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Los abogados también aseguran que la vida de Chavarría corre riesgo. Además, acusan a Ecuador de no entregar a las autoridades españolas información relacionada con la investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en 2023.
La defensa cuestiona los motivos de Ecuador
La defensa de Chavarría presentó un nuevo escrito, al que tuvo acceso EFE este miércoles. En el documento, sus abogados reiteran sus preocupaciones y piden a los magistrados españoles que detengan la entrega.
Los letrados aportaron declaraciones públicas de dirigentes políticos que mencionan una posible futura extradición de ‘Pipo’ a Estados Unidos. Según su argumento, Ecuador no pretende únicamente que Chavarría cumpla los cinco años que le restan de una condena de 16 años.
La defensa considera que las autoridades ecuatorianas buscan juzgarlo por el asesinato de Fernando Villavicencio. Sus abogados sostienen que Ecuador intenta hacerlo sin el control de España.
La Audiencia Nacional española aprobó la extradición de Chavarría a Ecuador a finales de julio. Meses antes, los magistrados habían rechazado entregarlo a Estados Unidos.
Estados Unidos lo reclamaba por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para introducir cinco kilos de cocaína en California.
Las autoridades españolas detuvieron al presunto narcotraficante en noviembre de 2025 en Málaga, en el sur de España. Según la información, había llegado en 2022 desde Colombia con una identidad falsa, después de fingir su muerte en Ecuador.
Al parecer, Chavarría se habría sometido a siete operaciones en el rostro para evitar que lo reconocieran.
El caso Villavicencio y el temor por su seguridad
La Audiencia Nacional deberá analizar ahora el recurso presentado por la defensa. El tribunal aceptó extraditarlo por hechos distintos al asesinato de Villavicencio.
El caso está relacionado con el asalto a una sucursal bancaria en Ecuador en 2010. Durante un tiroteo con la Policía murieron tres personas. Por ese hecho, Chavarría recibió una condena de 16 años de prisión.
Las autoridades declararon extinguida la condena cuando dieron por muerto a Chavarría en septiembre de 2021. Posteriormente, anularon esa extinción.
La defensa acusa a Ecuador de ocultar que procesó al reclamado por el asesinato de Villavicencio, ordenó su prisión y solicitó su captura internacional. Los abogados sostienen que las autoridades ecuatorianas omitieron esa información para obtener una decisión que no habrían conseguido con todos los datos.
También entregaron documentación sobre los riesgos que, según su postura, enfrentaría Chavarría si ingresa en la cárcel de El Encuentro. Mencionan la supuesta muerte por asfixia de un preso vinculado también a Los Lobos y denuncias sobre torturas.
Chavarría recuerda que, en febrero, autoridades españolas lo interrogaron a petición de la Fiscalía ecuatoriana por el asesinato de Fernando Villavicencio. Durante esa diligencia, aseguró que el actual presidente Daniel Noboa ordenó el crimen por temor a que el candidato ganara las elecciones de 2025.
Por esa declaración contra el actual mandatario, Chavarría sostiene que su vida corre peligro.
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