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Fabiola Pomareda García
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El alcalde de San José, Diego Miranda, pidió a la presidenta de la República, Laura Fernández, que su Gobierno brinde una respuesta urgente ante el crecimiento de la población en situación de calle en el cantón central de San José.
Se calcula que aproximadamente 2.300 personas viven en las calles del cantón central de San José, de acuerdo con los datos de la Municipalidad de San José.
Esta población ha crecido significativamente durante la última década. Según la vicealcaldesa de San José, Yariela Quirós, el número de personas en condición de calle aumentó un 150% en los últimos diez años.
A nivel nacional, se pasó de tener poco más de 2.000 personas en situación de calle registradas en censos oficiales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en 2016 a más de 6.000 en 2026, según Miranda.
“Miles de personas sin techo utilizan la vía pública, las laderas de los ríos y hasta las alcantarillas para vivir. Hacen sus necesidades fisiológicas e invaden la propiedad privada. Además, buscan entre bolsas materiales reciclables, utilizan el espacio público para desmantelar, o hasta robar artículos que después van a canjear a alguna chatarrera, o descargan camiones de fruta, todo para ganar un ingreso que mantenga su adicción o pague un cuarto en las noches”, dijo Miranda.
“Como resultado, tenemos cientos de focos de contaminación, cientos de lotes baldíos y propiedades invadidas y desmanteladas, zonas completas donde los comercios cerraron sus negocios y miles de familias que perdieron la tranquilidad, agregó Miranda.
Tanto la vicealcaldesa de San José, Yariela Quirós, como el segundo vicealcalde, Fernando Venga, han recolectado firmas de ciudadanos que respaldan la carta y la solicitud de una respuesta nacional.
En la carta, el Alcalde resaltó que la problemática que continúa creciendo “es el resultado de una política fracasada”. “Social, económica y culturalmente estamos retrocediendo”, escribió Miranda.
“Le escribo con respeto, pero también con urgencia. No lo hago en nombre de intereses políticos ni para generar titulares. Lo hago en nombre de miles de costarricenses que sienten que ya no pueden esperar más (…). Le escribo esta carta en nombre de más de un millón de personas que viven, trabajan y transitan por la capital”, señaló.
En la carta a la mandataria, Miranda apuntó: “Hoy hay más personas durmiendo cada noche en las aceras de San José que habitantes en la comunidad de San Rafael de Esparza, el distrito donde usted creció”.
(Foto tomada de video Municipalidad de San José)
Más de ₡2.000 millones al año en atención
El Alcalde expone las consecuencias que esta situación tiene sobre la ciudad, como presencia de estructuras vinculadas con actividades ilícitas, afectación a comercios, invasión y deterioro de propiedades, contaminación, pérdida de espacios seguros para las familias y ocupación permanente de espacios públicos.
También planteó que San José no puede seguir enfrentando en solitario una problemática que requiere una respuesta nacional, por lo que solicitó al Poder Ejecutivo asumir un rol de liderazgo para articular a las instituciones responsables.
La Municipalidad invierte más de ₡2.000 millones al año en servicios relacionados con esta población, incluyendo atención directa, limpieza, recolección y seguridad, informó.
Las acciones desarrolladas incluyen la disponibilidad de 102 espacios nocturnos para estas personas, el trabajo conjunto con organizaciones sociales para brindarles alimentación, baño y atención médica, la labor permanente de las cuadrillas municipales y las intervenciones de la Policía Municipal en puntos afectados por actividades ilícitas.
Miranda planteó tres acciones concretas a la presidenta Laura Fernández para avanzar hacia una respuesta nacional.
La primera es crear una mesa de trabajo real, integrada por las instituciones responsables, para definir tareas, responsabilidades y presupuestos bajo un modelo de atención integral. La Municipalidad de San José aseguró que ya tiene una propuesta para avanzar en esta dirección.
La segunda es impulsar desde la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que dote a las instituciones de herramientas que actualmente no tienen.
La tercera es dar seguimiento permanente desde el Consejo Social ligado a la Presidencia, para garantizar que los acuerdos se traduzcan en acciones concretas y sostenidas.
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