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Yaritza Mojica
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La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, anunció este martes 4 de agosto un recorte a las partidas mensuales de las nueve juntas comunales del distrito como parte de un plan de contención del gasto, debido a la compleja situación financiera que enfrenta el municipio.
Durante la sesión del Concejo de San Miguelito, Hernández explicó que la decisión responde a la baja disponibilidad financiera del municipio y a que la reciente moratoria tributaria no ha generado los ingresos esperados para hacer frente al déficit.
Según el tesorero municipal, Porfirio Luna, para julio se proyectaba una recaudación recurrente de 950 mil dólares, pero, gracias a la entrada en vigencia de la moratoria, los ingresos aumentaron en casi 200 mil dólares sobre esa proyección. No obstante, señaló que el comportamiento fue muy similar al registrado el año pasado y que el beneficio obtenido no fue suficiente para corregir el déficit financiero.
Luna indicó que, pese al incremento temporal en la recaudación, el municipio arrastra un déficit mensual desde marzo. “Este déficit aumentó en los meses de mayo y junio a más de 500 mil dólares, y el promedio del déficit es de alrededor de 400 mil dólares mensuales”, dijo.
El tesorero advirtió que, si se mantiene esa tendencia, a finales de octubre el municipio enfrentaría una situación financiera grave y un alto riesgo de quedarse sin liquidez.
Hernández indicó que las partidas destinadas a las juntas comunales ya no se ejecutarán por el monto máximo contemplado en el presupuesto municipal, que era de 28 mil dólares mensuales. En su lugar, los desembolsos dependerán de la disponibilidad financiera del municipio y se distribuirán con base en criterios de proporcionalidad.
El nuevo esquema tomará en cuenta la población, la extensión territorial y el índice de pobreza multidimensional de cada corregimiento.
“Con lo poco que estamos recaudando hoy, se trasladará de manera proporcional a cada corregimiento lo que le corresponde”, manifestó la alcaldesa, al señalar que hasta ahora corregimientos con cerca de 50 mil habitantes recibían recursos similares a otros con menos de 10 mil residentes.
Según la alcaldesa, los montos máximos autorizados para las gestiones de cobro en cada corregimiento serán los siguientes: Amelia Denis de Icaza, 8 mil dólares; Arnulfo Arias, 7,450 dólares; Belisario Frías, 7,350 dólares; Belisario Porras, 8,500 dólares; José Domingo Espinar, 11 mil dólares; Omar Torrijos, 11,200 dólares; Mateo Iturralde, 3 mil dólares; Rufina Alfaro, 12,350 dólares; y Victoriano Lorenzo, 4,150 dólares.
La alcaldesa aseguró que la medida es temporal, pero necesaria para evitar un colapso financiero. A su vez, advirtió que, de no contener el gasto, el municipio podría quedarse sin recursos para pagar la planilla, cumplir con las obligaciones de la Caja de Seguro Social, ejecutar proyectos de descentralización, entre otros.
La jefa del gobierno local aclaró que la crisis financiera no fue originada por la actual administración, sino que es consecuencia de décadas de malas prácticas administrativas, presupuestos que excedían la capacidad real de recaudación y un gasto superior a los ingresos del municipio.
Por su parte, los representantes de corregimiento manifestaron su rechazo a la forma en que la Alcaldía anunció la reducción de las partidas para las juntas comunales y cuestionaron que la medida no haya sido discutida previamente con el Concejo Municipal.
El presidente del Concejo, Juan Barsallo, señaló que, hasta el momento de la sesión, la Secretaría del Concejo no había recibido ningún decreto, nota oficial o comunicación formal sobre la decisión anunciada por la alcaldesa.
“Nosotros no hemos recibido ningún decreto todavía por medio de Secretaría, así que no hay nada en firme. Hay un planteamiento de la Alcaldía, pero nosotros tenemos que basarnos en el proyecto de presupuesto que aprobamos y que, una vez publicado en Gaceta Oficial, pasa a ser ley”, expresó.
Indicó, además, que el tema deberá ser analizado en la Comisión de Hacienda, convocada para el próximo jueves 6 de agosto a la 1:00 p. m., donde se discutirá el planteamiento presentado por la administración municipal.
Por su parte, la representante del corregimiento de Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, criticó la falta de comunicación entre la Alcaldía y los concejales, al asegurar que la propuesta fue presentada sin previo aviso.
La concejal también cuestionó que ni siquiera el presidente del Concejo hubiera sido informado previamente sobre la medida y aseguró que el tesorero municipal tampoco le comunicó la decisión cuando sostuvo una reunión con él el día anterior.
Asimismo, puso en duda la legalidad del procedimiento utilizado por la Alcaldía para reducir las partidas y sostuvo que cualquier modificación al presupuesto debe pasar primero por la Comisión de Hacienda.
“Los que modificamos el acuerdo del presupuesto municipal somos aquí el Concejo Municipal, en una Comisión de Hacienda. También es ilegal no convocar una Comisión de Hacienda para hablar sobre el presupuesto”, afirmó.
A pesar de las objeciones, Hernández respondió que la medida constituye una facultad del despacho de la Alcaldía, además aclaró que la disposición regirá durante la vigencia del presupuesto de 2026, mientras se estabilizan las finanzas del municipio.
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Durante la sesión del Concejo de San Miguelito, Hernández explicó que la decisión responde a la baja disponibilidad financiera del municipio y a que la reciente moratoria tributaria no ha generado los ingresos esperados para hacer frente al déficit.
Según el tesorero municipal, Porfirio Luna, para julio se proyectaba una recaudación recurrente de 950 mil dólares, pero, gracias a la entrada en vigencia de la moratoria, los ingresos aumentaron en casi 200 mil dólares sobre esa proyección. No obstante, señaló que el comportamiento fue muy similar al registrado el año pasado y que el beneficio obtenido no fue suficiente para corregir el déficit financiero.
Luna indicó que, pese al incremento temporal en la recaudación, el municipio arrastra un déficit mensual desde marzo. “Este déficit aumentó en los meses de mayo y junio a más de 500 mil dólares, y el promedio del déficit es de alrededor de 400 mil dólares mensuales”, dijo.
El tesorero advirtió que, si se mantiene esa tendencia, a finales de octubre el municipio enfrentaría una situación financiera grave y un alto riesgo de quedarse sin liquidez.
Hernández indicó que las partidas destinadas a las juntas comunales ya no se ejecutarán por el monto máximo contemplado en el presupuesto municipal, que era de 28 mil dólares mensuales. En su lugar, los desembolsos dependerán de la disponibilidad financiera del municipio y se distribuirán con base en criterios de proporcionalidad.
El nuevo esquema tomará en cuenta la población, la extensión territorial y el índice de pobreza multidimensional de cada corregimiento.
“Con lo poco que estamos recaudando hoy, se trasladará de manera proporcional a cada corregimiento lo que le corresponde”, manifestó la alcaldesa, al señalar que hasta ahora corregimientos con cerca de 50 mil habitantes recibían recursos similares a otros con menos de 10 mil residentes.
Según la alcaldesa, los montos máximos autorizados para las gestiones de cobro en cada corregimiento serán los siguientes: Amelia Denis de Icaza, 8 mil dólares; Arnulfo Arias, 7,450 dólares; Belisario Frías, 7,350 dólares; Belisario Porras, 8,500 dólares; José Domingo Espinar, 11 mil dólares; Omar Torrijos, 11,200 dólares; Mateo Iturralde, 3 mil dólares; Rufina Alfaro, 12,350 dólares; y Victoriano Lorenzo, 4,150 dólares.
La alcaldesa aseguró que la medida es temporal, pero necesaria para evitar un colapso financiero. A su vez, advirtió que, de no contener el gasto, el municipio podría quedarse sin recursos para pagar la planilla, cumplir con las obligaciones de la Caja de Seguro Social, ejecutar proyectos de descentralización, entre otros.
La jefa del gobierno local aclaró que la crisis financiera no fue originada por la actual administración, sino que es consecuencia de décadas de malas prácticas administrativas, presupuestos que excedían la capacidad real de recaudación y un gasto superior a los ingresos del municipio.
Concejales rechazan la medida
Por su parte, los representantes de corregimiento manifestaron su rechazo a la forma en que la Alcaldía anunció la reducción de las partidas para las juntas comunales y cuestionaron que la medida no haya sido discutida previamente con el Concejo Municipal.
El presidente del Concejo, Juan Barsallo, señaló que, hasta el momento de la sesión, la Secretaría del Concejo no había recibido ningún decreto, nota oficial o comunicación formal sobre la decisión anunciada por la alcaldesa.
“Nosotros no hemos recibido ningún decreto todavía por medio de Secretaría, así que no hay nada en firme. Hay un planteamiento de la Alcaldía, pero nosotros tenemos que basarnos en el proyecto de presupuesto que aprobamos y que, una vez publicado en Gaceta Oficial, pasa a ser ley”, expresó.
Indicó, además, que el tema deberá ser analizado en la Comisión de Hacienda, convocada para el próximo jueves 6 de agosto a la 1:00 p. m., donde se discutirá el planteamiento presentado por la administración municipal.
Por su parte, la representante del corregimiento de Victoriano Lorenzo, Sheyla Grajales, criticó la falta de comunicación entre la Alcaldía y los concejales, al asegurar que la propuesta fue presentada sin previo aviso.
La concejal también cuestionó que ni siquiera el presidente del Concejo hubiera sido informado previamente sobre la medida y aseguró que el tesorero municipal tampoco le comunicó la decisión cuando sostuvo una reunión con él el día anterior.
Asimismo, puso en duda la legalidad del procedimiento utilizado por la Alcaldía para reducir las partidas y sostuvo que cualquier modificación al presupuesto debe pasar primero por la Comisión de Hacienda.
“Los que modificamos el acuerdo del presupuesto municipal somos aquí el Concejo Municipal, en una Comisión de Hacienda. También es ilegal no convocar una Comisión de Hacienda para hablar sobre el presupuesto”, afirmó.
A pesar de las objeciones, Hernández respondió que la medida constituye una facultad del despacho de la Alcaldía, además aclaró que la disposición regirá durante la vigencia del presupuesto de 2026, mientras se estabilizan las finanzas del municipio.
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