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Ignacio Ortiz Salas
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Un documento de seis páginas fue la respuesta de la Administración de la Universidad de Costa Rica (UCR) a la solicitud del Consejo Universitario de realizar “un estudio transversal elaborado por la Oficina de Administración Financiera de las partidas de al menos los años 2024, 2025 y 2026 (…) vinculadas con alimentación y gasto de representación, de manera que se puedan detectar patrones en su uso”, acuerdo adoptado por el órgano colegiado el pasado 3 de marzo durante la sesión N.° 6973.
El documento titulado “Informe de gastos relacionados a (sic) alimentación y gastos de representación de los periodos comprendidos entre 2023-2026” indica que fue solicitado por la Rectoría a través del Comunicado R-64-2025 y fue entregado a UNIVERSIDAD por parte del encargado de prensa de la Rectoría.
El informe evita un análisis por dependencias y, por tanto, no responde cuánto gastó cada unidad o autoridad universitaria en esas partidas. En lugar de revisar la ejecución de oficinas específicas —como la Rectoría, cuyos gastos detonaron la discusión en el Consejo Universitario— el documento consolida la información por grandes programas presupuestarios y utiliza cifras agregadas para concluir que el uso de los recursos responde a “las gestiones propias de las actividades sustantivas de la Universidad”.
El Semanario consultó a integrantes del Consejo Universitario acerca de las acciones a tomar tras recibir el informe. Todas coincidieron con el director del órgano, Keilor Rojas, quien indicó que “respecto al tema, hemos dado seguimiento a los pendientes de marzo; el único que falta es el de los lineamientos, que estaba en revisión en la Oficina de Contraloría Universitaria (OCU) e imagino que pronto saldrá”.
¿Qué concluye el informe?
Como principal conclusión, el documento sostiene que no se identificaron registros de ejecución de la partida presupuestaria denominada “Gastos de Representación” durante el período analizado. La revisión abarcó información desde 2023 hasta el 22 de mayo de 2026 y, según el oficio, implicó depurar más de 100.000 registros provenientes de los sistemas institucionales y revisar facturas cuando la descripción del gasto no permitía establecer con claridad su naturaleza.
En total, el análisis reporta una ejecución de ₡2.076,8 millones en las partidas de Actividades de Capacitación, Actividades Protocolarias y Alimentos y Bebidas.
El informe señala que la ejecución mostró una tendencia creciente durante los tres años completos analizados: pasó de ₡508,6 millones en 2023 a ₡651,4 millones en 2024 y ₡760,4 millones en 2025. Para 2026 se registran ₡156,5 millones, aunque aclara que la cifra corresponde únicamente a los gastos ejecutados hasta el 22 de mayo y, por tanto, no es comparable con los años anteriores.
Más del 80% de esos recursos se concentra en cuatro programas universitarios: Acción Social acumuló ₡542,8 millones, Desarrollo Regional ₡528 millones, Vida Estudiantil ₡338,1 millones y Docencia ₡270,9 millones. Para la administración, esa distribución evidencia que el gasto está asociado principalmente al desarrollo de las funciones sustantivas de la Universidad y no a actividades de representación institucional.
El informe sostiene que esos recursos no pueden interpretarse como gasto exclusivo en alimentación, pues las partidas revisadas incluyen otros componentes necesarios para la organización de congresos, talleres, actividades académicas y eventos institucionales. Entre ellos figuran la contratación de espacios, equipo, materiales, logística, hospedaje y otros servicios de apoyo. En sus conclusiones, el documento afirma que “las actividades de capacitación constituyen el eje predominante dentro de esta agrupación de gastos” y que la alimentación representa un apoyo para el desarrollo de esas actividades.
Como parte de esa defensa también sostiene que el gasto fue inferior a los recursos disponibles. Entre 2023 y 2025 las partidas analizadas contaron con un presupuesto acumulado de ₡3.437,7 millones, de los cuales se ejecutaron ₡1.920,4 millones, equivalente al 55,86%. Además, el informe señala que mientras la partida específica de Alimentos y Bebidas ejecutó el 90,02% de su presupuesto, las partidas de capacitación y protocolo alcanzaron una ejecución del 47,98%, diferencia que atribuye a que estas últimas comprenden una gama mucho más amplia de actividades y servicios.
Como conclusión, el informe plantea que las actividades de capacitación y protocolo representan un componente estratégico del quehacer universitario porque están vinculadas directamente con la docencia, la investigación, la acción social y el desarrollo regional. En esa línea, sostiene que el gasto en alimentos y bebidas “surge como un apoyo necesario para la realización de múltiples actividades institucionales”, particularmente aquellas relacionadas con procesos de capacitación, extensión, eventos académicos y acciones territoriales. El documento concluye que ambos componentes “se encuentran estrechamente articulados”, aunque la evidencia presupuestaria muestra que la capacitación constituye el principal destino de los recursos analizados y que la alimentación cumple un papel complementario para facilitar su ejecución.
Medidas de contención en las partidas
Previo a la presentación del informe, el rector Carlos Araya emitió la Resolución R-319-2026, que establece medidas transitorias para regular los gastos de alimentación en el ámbito de la Administración Superior mientras la Universidad elabora lineamientos institucionales de aplicación general.
La resolución dispone que, como regla general, no se autorizarán gastos de alimentación para reuniones ordinarias de trabajo, sesiones habituales de coordinación ni actividades rutinarias. Solo podrán aprobarse de manera excepcional para actividades protocolarias, atención de delegaciones externas, representación institucional, sesiones extraordinarias u otras actividades debidamente justificadas. Cada autorización deberá contar con una justificación escrita, aprobación previa de la jefatura correspondiente y ajustarse a criterios de austeridad, razonabilidad, proporcionalidad y transparencia.
Las nuevas disposiciones se aplicarán únicamente a la Rectoría, las vicerrectorías y sus oficinas administrativas. Las actividades académicas, de investigación, acción social y vida estudiantil continuarán rigiéndose por la normativa vigente mientras la Universidad concluye la elaboración de los lineamientos generales solicitados por el Consejo Universitario.
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