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Daniela Muñoz Solano
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A pesar de que cada vez es más común que en cada marcha o protesta contra el Gobierno haya detenciones, las acusaciones de las autoridades o de grupos privados contra personas activistas no logran ser comprobadas una vez que llegan a tribunales.
Así lo evidencian las sentencias judiciales que exoneraron a dos grupos de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) que participaron en protestas en el 2019 (unos en Montes de Oca y otros en San Ramón), a las tres personas activistas que fueron detenidas en una marcha contra la violencia policial en septiembre del 2023, a la artista Cosima Barnabó que fue detenida durante el traspaso de poderes y al activista ambiental Juan Bautista Alfaro, quien había sido acusado por una empresa privada por difamación.
Además, en múltiples ocasiones han habido detenciones que no terminan en nada, pues no se presentan cargos o bien estos se desestiman de entrada. Entre estas se cuentan las detenciones de colegiales durante una marcha contra las pruebas estandarizadas en 2023, la de cuatro activistas en una manifestación en contra del genocidio en Palestina en mayo del 2024 y otras más.
También, hay casos en el que la vía inicial por la que se procesa un caso no prospera, como el de Elián Jiménez, quien fue detenido en una protesta contra el proyecto de armonización eléctrica y acusado por presuntas agresiones a un policía, con la intención de que se le procesara en flagrancia.
No obstante, como el estudiante interpuso una denuncia penal contra los oficiales de la Fuerza Pública por presunto abuso de autoridad en su contra, se decidió que ambos procesos debían remitirse a la vía ordinaria. Este caso es particular porque además implicó una estancia de más de 48 horas del joven en hospitales (para tratar lesiones aparentemente causadas por los oficiales) y en las celdas de custodia del II Circuito Judicial de San José, de donde fue liberado.
También hay casos que se encuentran pendientes como el de las estudiantes universitarias que fueron detenidas durante una protesta a favor de Palestina el día del traspaso de poderes en que asumió la presidencia Laura Fernández.
A pesar de que la mayoría de estos casos fracasan, la estrategia gubernamental de intentar criminalizar la protesta parece recrudecerse y, según expertos, es de esperar que continúe usándose, pues aún cuando el Poder Judicial sirve de escudo para proteger la libertad de expresión de los ciudadanos, cada caso sirve para aleccionar a otras personas activistas y desincentiva la resistencia (ver nota: “Criminalización de activistas busca ‘detener el trabajo de defensa de derechos humanos’”).
Alejandro Alvarado, sociólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR, aclaró que la criminalización no es solo la judicialización de casos, sino que empieza con mensajes, estigmatizando a las personas activistas y añadió que esto no es nuevo, ni es algo que ha pasado solo bajo el Gobierno actual, sino que viene pasando desde hace décadas en el país.
Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UCR, dijo que en el país siempre se han observado intentos para criminalizar la protesta social e identificó casos como el de las activistas por Palestina o las acusaciones contra Stella Chinchilla dentro de esos esfuerzos.
También dijo que el país está debiendo al no adoptar legislaciones “anti-SLAPP” (contra demandas estratégicas contra la participación) para evitar estos costosos procesos penales “que terminan siempre por una desestimación por parte de los jueces nacionales”.
A continuación hacemos un repaso por los casos más relevantes que se han dado en los últimos años y cuáles han sido los razonamientos de los tribunales al exonerar a las personas activistas de toda culpa.
El caso de la “gasolina”
En noviembre de 2019 un grupo de estudiantes se manifestó en la circunvalación a la altura de San Pedro de Montes de Oca, en defensa de la autonomía universitaria y contra los recortes al presupuesto de las universidades públicas aplicados por el gobierno de Carlos Alvarado.
Los estudiantes hicieron un corte de ruta y la policía trató de levantarlo, lo que ocasionó un enfrentamiento. Durante la escaramuza un estudiante lanzó un recipiente a los pies de un policía, lo que luego el oficial alegó que había sido gasolina, discurso que repitieron todos los medios de comunicación. Seis jóvenes fueron entonces procesados por incendio o explosión y obstrucción de la vía pública.
Dos años después, sin embargo, el juez José Pablo León del Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José, resolvió que las acciones se habían dado en el marco del ejercicio de un derecho humano (la protesta) y que no se había imputado acciones específicas o individuales de violencia a las personas procesadas.
En la sentencia el juez no solamente desestimó el alegato de la fiscalía de que la protesta se había realizado “sin autorización” si no que dijo claramente que la libertad de expresión y de pensamiento estaban por encima de la libertad de tránsito.
Además, concluyó que no había evidencia suficiente sobre si hubo o no hubo gasolina en el envase que fue lanzado a los pies de un policía sin tocarlo y resolvió que a las personas se les estaba señalando individualmente por una actividad colectiva sin que se identificaran acciones violentas de su parte, lo cual es improcedente.
Por todo eso, el juzgador dejó en libertad a las seis personas detenidas, estableciendo claramente que nunca hubo una agresión de parte de ellos hacia ningún oficial de policía.
Seis años acusados sin justificación
En las mismas movilizaciones del 2019, pero en la Interamericana Norte, en San Ramón de Alajuela, cuatro personas estudiantes fueron acusadas por obstrucción de la vía pública.
Luego de seis años, finalmente en mayo de 2025 el Tribunal Penal de San Ramón de Alajuela absolvió a estas personas y aclaró que el delito de obstrucción de vías no puede utilizarse para criminalizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta.
Uno de los abogados defensores del caso fue Edgardo Araya, actual diputado del Frente Amplio, quién en 2019 había presentado una acción de inconstitucionalidad sobre el artículo del Código Penal que sanciona ese delito, pues en su criterio la norma era demasiado amplia y permitía usarse para criminalizar la protesta. La Sala Constitucional aclaró que el artículo era constitucional, pero reiteró que la norma no debía ser utilizada para criminalizar la protesta pacífica.
Consultado sobre el caso, Araya dijo que si bien estas resoluciones devuelven un poco el valor a la gente para protestar, él considera que las autoridades no esperaban realmente una condena, sino que querían “asustar y amedrentar” a activistas.
De hecho Alejandro Alvarado dijo que la criminalización no solo se concreta si hay una condena, sino que tiene el objetivo de alejar de la militancia a las personas mientras enfrentan el proceso, lo que además desincentiva la resistencia por parte de las organizaciones que integran.
En mayo del 2025 los activistas fueron absueltos. (Foto: cortesía de Génesis Cruz)
Detenciones violentas en una marcha contra la violencia policial
En septiembre del 2023, una mujer denunció que había sido víctima de violencia por parte de un policía en un bar en Alajuela, lo que generó molestias por parte de organizaciones de mujeres y defensores de Derechos Humanos, que realizaron una protesta en las inmediaciones de la Corte y la Asamblea Legislativa.
Según informaron varias personas presentes y confirmó una sentencia de la Sala Constitucional, la policía arremetió contra las personas manifestantes a golpes y empujones. En medio del forcejeo una oficial cayó al suelo y tres personas fueron detenidas, quienes luego fueron acusadas de haber botado al suelo y pateado a la uniformada.
Durante el juicio, que se realizó el mes pasado, quedó demostrado que dos de las personas detenidas (Mar Fournier y Valerie Salas) habían sido acusadas sin fundamento y una más (Carolina Marín) no era imputable por los hechos. Por eso, se dictó absolutoria de los tres, dos por certeza y uno por duda.
Uno de los abogados defensores, Olman Ulate, explicó, sin embargo, que existe la posibilidad de que se apele la absolución por duda con la esperanza de que se absuelva por certeza y que de esa forma las tres personas activistas puedan emprender acciones contra la oficial de policía por haber realizado una denuncia calumniosa.
De hecho, el abogado comentó que la sentencia que se emitió sobre el caso ordena que realice un testimonial de piezas para que se investigue justamente ese posible delito.
Founier dijo que aunque es imposible que se reparen los daños económicos, emocionales y reputacionales que sufrieron durante los tres años que se ha tomado el proceso, es un alivio que por fin se limpien sus nombres.
Eso sí, el activista dijo que le preocupa el recrudecimiento en los intentos de criminalizar la protesta social y que le preocupa especialmente la existencia de proyectos como la ley Gerson Rosales (propuesta por el gobierno y actualmente en corriente legislativa) que pretende establecer una presunción de “racionalidad de uso de la fuerza” cuando un policía agreda o incluso mate a un ciudadano. De aprobarse esa ley, dijo Fournier, en el caso en cuestión no solamente las personas activistas se habrían jugado la libertad sino la vida.
Las personas activistas fueron liberadas de toda culpa tras tres años de proceso. (Foto tomada de Internet)
Juanba: el David con el que Goliat no pudo
Juan Bautista Alfaro (Juanba) es un activista ambiental y creador de contenido en redes sociales que fue demandado por la empresa desarrolladora del megaproyecto inmobiliario y turístico en Bahía Papagayo en playa Panamá, Enjoy Hotels.
Y es que en 2025, Alfaro había publicado en sus redes sociales un video cuestionando el impacto ambiental del proyecto que desarrolla el gigante hotelero, tema que la comunidad venía denunciando.
Poco después de que tanto Juanba como otros creadores de contenido se pronunciaran sobre el tema, la empresa presentó cuatro querellas penales por el delito de difamación de persona jurídica, alegando que hicieron afirmaciones “falsas” para afectar su reputación.
Esto resultó en un embargo preventivo de los bienes de los creadores, incluyendo sus cuentas bancarias. Poco después tres de las personas querelladas llegaron a acuerdos con la empresa y las querellas fueron retiradas pero Alfaro decidió no conciliar y disputar su inocencia en tribunales.
El pasado 26 de junio el activista fue absuelto de las acusaciones en su contra y expresó que este era un buen signo de que la justicia en Costa Rica continuaba siendo independiente.
Edgardo Araya también fue defensor en este caso y dijo que este es un nuevo intento de criminalización de la protesta solo que ejercido por una instancia privada y no por actores públicos o políticos, como es usual.
Este tipo de querellas, agregó Araya, buscan amedrentar y asustar a las demás personas para evitar que se movilicen.
Alfaro dijo a UNIVERSIDAD que lo que le tocó vivir no es “nada nuevo”, pues Costa Rica “nunca ha sido un país muy amable” con los activistas ambientales, pero sí dijo que es evidente que ante el colapso climático que el planeta está enfrentando, en vez de poner un alto a la destrucción, los sectores poderosos más bien han recrudecido las medidas que usan para poder llevar a cabo sus proyectos económicos independientemente del impacto en el medio ambiente y las personas.
El activista fue demandado por la empresa Enjoy Hotels pero la querella no prosperó. (Foto: Kattia Alvarado)
Detenida por exhibir una manta contra el genocidio en Palestina
Cosima Barnabó es un artista italiocostarricense y activista en defensa del pueblo palestino y contra el genocidio que ha perpetrado Israel en los territorios ocupados durante los últimos tres años.
El día del traspaso de poderes en que la presidenta Laura Fernández asumió el mando de la nación, Barnabó colgó una manta criticando a ese país en la verja del Estadio Nacional, donde se realizaba el evento, en el que casualmente participaba el presidente israelí, Isaac Herzog.
Mientras se manifestaba pacíficamente y en silencio, la artista fue abordada por oficiales de policía quienes intentaron retirar la manta, lo que produjo un forcejeo.
La mujer fue detenida y luego acusada de resistencia agravada, pero luego fue absuelta pues el juez del Tribunal de Flagrancia determinó que sus acciones no calificaban como resistencia agravada y que más bien quedaba en evidencia que lo que ella había hecho era ejercer su libertad de expresión.
La abogada de la artista, Amanda Segura, dijo entonces que esto demostraba que la detención había sido absolutamente arbitraria.
Barnabó dijo a este Semanario que su caso es uno más en el que “se intentó usar la ley y la palabra para condenar a todos los que piensan o tienen una opinión diferente”.
“Usan a los policías como arma para reprimir a la población”, concluyó la activista.
La artista protestó sola y en silencio durante el traspaso de poderes. (Foto tomada del diario La Nación)
La entrada Activistas encuentran “escudo” en el Poder Judicial frente a intentos de criminalizar la protesta aparece primero en Semanario Universidad.
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