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Daniela Muñoz Solano
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Los abogados de varios de los acusados en el caso Aldesa realizaron un nuevo intento por retrasar la ejecución de la audiencia preliminar del caso.
Luego de casi 8 años de espera desde que se presentaron las primeras denuncias, este lunes dio inicio la audiencia preliminar del caso, primer paso para que se determine si lo que sucedió fue -como acusa la fiscalía- un delito de estafa mayor.
Apenas comenzó la audiencia varios de los abogados defensores presentaron alegatos contra la decisión de realizar la audiencia en horario vespertino pues consideran que esto violenta su derecho al descanso y a la salud.
Incluso uno de los abogados solicitó que se pospusiera la audiencia y no se realizara en horario vespertino pues él sufre de diabetes mellitus y debe alimentarse con frecuencia.
No obstante, según comunicó el departamento de prensa del Poder Judicial, los recursos de revocatoria fueron rechazados y los representantes legales procedieron a interponer recursos de apelación.
“Es importante indicar que los recursos de apelación, no los puede resolver el Juzgado Penal, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley los debe resolver el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José” indicó la oficina de prensa.
Según notificaron, este miércoles el juzgado remitiría al tribunal el expediente para que se tramiten de inmediato a las apelaciones, pero mientras tanto la audiencia se suspende.
Flora Fernández, una de las querellantes y afectadas del caso, dijo que el inicio de la audiencia implica una luz en un largo camino en el cual ha habido muy poca esperanza y reiteró que espera que se proceda pronto con el resto del procedimiento.
Para ella, este es sin duda un intento más de los abogados defensores de que el caso quede en impunidad, pues asevera que de llegar ante un juez , a evidencia es tanta que no hay forma de que no haya una condena.
El caso en resumen
Es pertinente recordar que hasta 2019, durante 50 años, el Grupo Aldesa de Costa Rica funcionó como una corporación de inversión en bolsa muy exitosa, pero en sus últimos años se convirtió en un banco de dos patas: con un puesto de bolsa supervisado por la Superintendencia General de Valores, por un lado, y con una serie de proyectos de inversión (unos regulados y otros no) entre los que destaca Aldesa Corporación de Inversiones (ACI).
Como parte de su operación, los agentes reclutaban inversionistas para invertir en los diversos proyectos e incluso en la ACI (que no estaba bajo ninguna supervisión), convenciéndolos de que esos fondos generarían mayores réditos que las inversiones en el puesto de bolsa, que sí vigilaba Sugeval.
Muchos de esos inversionistas eran adultos mayores que depositaron la totalidad de los ahorros de su vida pensando que obtendrían réditos que les garantizaran una vejez digna y que le generaran bienestar a su familia incluso después de sus fallecimientos, pero también había familias enteras y algunas pequeñas empresas confiando su capital a la corporación.
En 2019 la empresa dejó de tener regularidad en los pagos de los inversionistas y en marzo de ese año comunicó que “la incertidumbre generada por la crisis fiscal entre los inversionistas costarricenses, durante el último trimestre del 2018, condujo a una severa merma de liquidez en el mercado” y que por eso la corporación suspendía los depósitos.
Simultáneamente la corporación presentó ante el Juzgado Concursal del I Circuito Judicial de San José una solicitud de Administración y Reorganización con Intervención Judicial, que en julio del 2022 resultó en la declaratoria de quiebra de la empresa y en la posterior apertura de la causa penal por un supuesto fraude.
Pasados siete años desde ese anuncio, ninguno de los inversionistas ha vuelto a ver un cinco de su dinero y muchos han fallecido esperando justicia.
Al día de hoy y según la curaduría del Poder Judicial, Aldesa adeuda $171,582,116 a sus inversores. De ese monto ₡7.681 millones ($12.388.786) corresponde a asociaciones solidaristas que representan unos 27.550 trabajadores, ₡44.839 millones ($72.321.166) a 351 personas físicas y unos ₡53.861 millones ($86.872.164) a personas jurídicas.
También, la empresa le debe ₡31.561 millones ($50.905.503) a sus proveedores y sostiene deudas de más de ₡290 millones con la Caja Costarricense del Seguro Social y de ₡2.463 millones con el Ministerio de Hacienda, sin contemplar intereses y recargos de ley.
El 29 de noviembre del 2023 la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual presentó una acusación contra 23 personas entre quienes conformaron la junta directiva y corredores de la corporación, al determinar que hay pruebas suficientes para elevarlo a juicio por el delito de estafa, proceso que dará sus primeros pasos con la audiencia preliminar.
Según explicó Fernández desde ese momento en tres ocasiones la audiencia se pospuso pues existían choques de agenda especialmente de los abogados defensores, por lo que eventualmente el poder judicial organizó sus recursos para poder realizar la audiencia preliminar en horario vespertino.
La afectada y activista por la justicia en el caso dijo que si bien durante años ha criticado a las autoridades judiciales por tardar tanto en llevar este caso a tribunales, prefiere un Poder Judicial imperfecto a no tener nadie que proteja a los ciudadanos.
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